“Se produjeron los disparos, se desplomaron las tres víctimas. Solamente estaba agonizando la niña y un soldado la remató”.
En la segunda jornada del juicio que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, los testimonios dejaron al descubierto un panorama devastador: el Batallón Contraguerrilla 79, bajo su comandancia, habría operado al margen de la ley, con prácticas que incluyeron ejecuciones y abusos contra civiles, entre ellos menores de edad.
Los exoficiales Manuel Antonio Quintero Flórez, Yimmy León Pulido y Edwin Alberto Cardona Arias comparecieron ante el tribunal para reconstruir lo ocurrido entre 2004 y 2006 en zonas rurales de Ituango y Dabeiba, en el norte de Antioquia.
Según sus relatos, recogidos por la Oficina de prensa de la Unidad de Investigación y Acusación en alianza con El Espectador, lo que se presentaba oficialmente como resultados operacionales por parte del escuadrón eran, en realidad, crímenes cometidos contra civiles que luego eran reportados como guerrilleros muertos en combate.
La acusación formal contra Guzmán Ramírez fue presentada en diciembre de 2024 por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
El ente sostiene que, entre agosto de 2004 y noviembre de 2005 —periodo en el que el oficial dirigió el batallón—, se habrían cometido homicidios de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, desapariciones forzadas y tratos degradantes, en coordinación con otros integrantes de la fuerza pública y presuntamente con apoyo de estructuras paramilitares.
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El objetivo, de acuerdo con la hipótesis judicial, era mostrar “bajas” para obtener reconocimientos y beneficios institucionales. Varias de las víctimas fueron posteriormente exhumadas en cementerios de Ituango y Dabeiba. Expertos forenses han avanzado en su identificación preliminar.
Uno de los episodios relatados en audiencia tuvo como protagonista a Seneida, una adolescente de 13 años. El 13 de julio de 2004 fue detenida en un retén militar mientras viajaba en motocicleta por una vía rural de Dabeiba.
Aunque el conductor pudo seguir su camino tras identificarse, la menor quedó retenida. Un hombre que estaba bajo custodia militar la señaló de pertenecer a la guerrilla: “Es Seneida, es guerrillera y participó en el combate en el que murió el teniente (Suárez, el 18 de marzo de 2005)”.
El reporte de su detención llegó hasta el entonces mayor Guzmán Ramírez. Horas más tarde, según los testimonios, la joven fue trasladada junto a otros dos hombres (Diofanor Guisao, de 17 años; e Isidoro de Jesús Cardona, de 21) hacia una finca conocida como Tamarindales.
Allí, de acuerdo con lo declarado en juicio, se impartió la orden de asesinarlos y hacer pasar las muertes como resultado de un combate.
“La orden es desplazarnos hasta ese punto y dar el resultado operacional de matar a esas personas (...) Se produjeron los disparos, se desplomaron las tres víctimas. Solamente estaba agonizando la niña y un soldado la remató”, dijo Quintero.
Fue en la madrugada del 15 de julio cuando los tres civiles fueron ejecutados. Dos murieron en el acto. La menor, según la versión entregada por uno de los comparecientes, quedó con vida unos instantes más antes de recibir un disparo final.
Esto fue lo que registró la Oficina de prensa de la Unidad de Investigación y Acusación: “Guisao, Cardona y Seneida murieron sin hacer ruido. No imploraron nada. Según Quintero, solo se oyó que la pequeña pronunció una palabra: ‘Juancho’”.
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Posteriormente, los cuerpos fueron vestidos con prendas militares, se les colocaron armas y se tomaron fotografías para sustentar un informe oficial que hablaba de un enfrentamiento con integrantes del frente 5 de las Farc.
Los militares implicados recibieron felicitaciones y días de descanso por el supuesto operativo exitoso. Con el tiempo, algunos de ellos fueron procesados. Quintero fue condenado a 35 años de prisión por estos hechos.
Años después, ya privado de la libertad en Bogotá, aseguró haber recibido la visita de Guzmán Ramírez, quien —según su versión— le pidió mantenerlo al margen de cualquier responsabilidad.
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El exoficial afirmó que recibió dinero y un obsequio como incentivo (300 mil pesos y una loción para hombre) para guardar silencio, pero finalmente decidió declarar ante la JEP.
En la misma audiencia, el exmilitar Edwin Alberto Cardona Arias confirmó la secuencia de los asesinatos y describió otras prácticas que, dijo, eran habituales dentro del batallón. Entre ellas mencionó un método de asfixia con bolsa plástica utilizado para presionar a detenidos y obtener información.
Los magistrados continúan evaluando las versiones entregadas para determinar la responsabilidad del oficial retirado en los hechos ocurridos durante su comandancia.
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