En medio de un necesario proceso de modernización, las entidades públicas debieron aprender a operar de manera remota y migrando a la virtualidad debido a la pandemia, lo cual, en concepto del director de Función Pública, Fernando Grillo, aceleró cambios en pocos meses que estaban pensados para los próximos años.
El funcionario habló con EL COLOMBIANO acerca de cómo trabaja el Estado para renovarse, hacerse más eficiente de cara a la ciudadanía y cuál es el panorama de Antioquia al respecto.
Este Gobierno se había trazado el objetivo de modernizar el Estado, ¿qué tanto se afectaron estos planes con la pandemia?
"Hace casi una año tuvimos que apagar el Estado y reiniciarlo al otro día, pero nunca se detuvo. El Estado aprendió a trabajar en casa; en un 70 % de manera remota y solamente un 30 % presencial de más de 1.200.000 servidores públicos. Continuamos operando bajo una figura que creamos porque no existía: la de trabajo en casa, que fue posible con el decreto 491 que generamos el año pasado que y fue declarado exequible en su mayoría por la Corte Constitucional. Hay asignaturas pendientes; ahora está en curso un importantísimo proyecto de ley en materia de regulación de la figura de trabajo en casa liderado por el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que aborda temas de horarios laborales, conectividad. Pero en síntesis, nos potenciamos en el uso de tecnología y avances que esperaban para desarrollarse en el futuro se adelantaron durante este último año".
Usted había planteado en 2019 que en medio de ese proceso de modernización estatal era urgente racionalizar y digitalizar trámites, pues el país tenía más de 68.000 trámites diferentes, una cifra insostenible, ¿se logró avanzar en esta tarea?
"Efectivamente eso lo dijimos con ocasión de la expedición del decreto 2106 de 2019. Básicamente señalamos que el ciudadano no podía ser más el mensajero del Estado, pero para cambiar esto debía haber una institucionalidad a través de la campaña Estado simple, Colombia ágil. Con esta estrategia le hemos ahorrado más de 200.000 millones de pesos a los colombianos gracias a la posibilidad de realizar sus trámites sin acudir a entidades u oficinas, y ha sido posible con los pagos por PSE. Ese trámite que parece tan obvio no estaba claro en las instituciones públicas. También eliminamos el uso de papel en buena parte de las administraciones públicas validando documentos electrónicos. Hoy en el Sistema Único de Información de Trámites –SIUT– hay 2.564 trámites únicos, lo que ocurre es que si multiplicas eso por el número de entidades del Estado que son 6.200 y la posibilidad que tenían de solicitar de manera diferente trámites como los formularios en materia de pago de impuesto predial, pues entonces arroja la cifra de casi 68.000 formas diferentes de hacer diligencias frente a entidades públicas. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Este Gobierno expidió dos normas marco en materia de simplificación de trámites: el Decreto 2106 y la Ley Antitrámites, iniciativa del representante Alejandro Reyes Kuri, con las que se lograron racionalizar y eliminar trámites que eran campeones del despropósito como la famosa fotocopia ampliada al 150 %.
Hoy estamos generando una política pública que garantice que todo trámite que no esté en el SIUT, el cual maneja Función Pública, no puede solicitársele a ningún ciudadano. Esta normativa estaba hacía mucho tiempo pero se había quedado sin margen de maniobra, entonces lo que estamos haciendo es fortaleciéndola. Por ejemplo, la ley 2052 de 2020 da la potestad a Función Pública de ser una especie de superintendencia de trámites, pues tenemos la obligación de controlar que todas las diligencias ante entidades públicas tengan un marco legal, que no se las inventen las administraciones. De manera que estamos obligados a reportar ante la Procuraduría General a todas las entidades y sus funcionarios que incumplan con la ley de simplificación de trámites, esto por supuesto, con apoyo de la denuncia ciudadana. Esto no existía”.
¿Cómo andan la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía en ese proceso de racionalización?
"En la Gobernación de Antioquia, en la vigencia 2020, hicimos acciones de racionalización junto al gobernador Aníbal Gaviria, de 38 trámites. Le voy a citar algunos relevantes: temas de certificación de avalúos catastrales, certificado de libertad y tradición de un vehículo, certificado de paz y salvo por contribución de valorización, temas de impuesto al consumo de cerveza, impuesto al consumo de cigarrillo, licencias de funcionamiento para establecimientos educativos. En cuanto a la alcaldía de Medellín, con el alcalde Daniel Quintero, hicimos 23 acciones de racionalización, entre otras, para adoptar animales de compañía, esto tenía un trámite que lo virtualizamos; también para la actualización de datos para personas beneficiarias del Sisbén, para cierres de establecimientos educativos, concesiones de reconocimientos a establecimientos educativos, licencias de funcionamiento de los mismos. Además, en Antioquia, Función Pública se metió de lleno para hacer modernización administrativa en los municipios PDET”.
¿Cómo evalúa el plan de modernización que adelantó la Gobernación de Antioquia?
"Nosotros hicimos un acompañamiento desde el día cero al gobernador de Antioquia en esa tarea, y para ello incorporamos un líder territorial. Para eso firmé un convenio con el gobernador. Hicimos el acompañamiento en la creación de las secretarías de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad; de Seguridad Ciudadana; de Inclusión Social y Familia (que es atípica, que no he visto en otra gobernación); de Educación, Cultura y Deporte; y una reforma muy importante para la gestión de los proyectos estratégicos de la Gobernación. Esto ya lo viene empleando la Presidencia y es básicamente una dependencia que se encarga del cumplimiento de lo estratégico, de manera que todos los días cuando el gobernador entra al despacho se informa de la mano de servidores públicos de alto nivel lo que pasa con los proyectos prioritarios de su gobierno. Esta estrategia la ha impulsado fuertemente el Banco Mundial y en el país, otras administraciones como la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación del Magdalena la vienen desarrollando. De manera que es valioso que la Gobernación de Antioquia sume esta herramienta. En síntesis, creo que la reforma de la Gobernación, primero se hizo durante el primer año de mandato que es algo que desde Función Pública recomendamos a los mandatarios. Y segundo, es una reforma para la cual el gobernador se dejó asesorar".
Hay un tema crítico, sobre todo en municipios de quinta y sexta categoría, que carecen de una dependencia para formulación de proyectos, ya sea por presupuesto o falta de personal capacitado, lo que ocasiona que muchas veces, con los recursos disponibles, les sea imposible ejecutar proyectos necesarios. En el marco de la reingeniería de entidades públicas cambiar esto debería ser prioritario...
"Nosotros montamos una estrategia para llegar a los municipios PDET en Antioquia y Colombia con el consejero Emilio Archila. Son oficinas o instancias no burocráticas de gerencia de proyectos, algo que además estaba pidiendo la cooperación internacional. De 170 municipios PDET en el país ya tenemos creadas estas instancias en 140. No lo hicimos solos, tuvimos el apoyo de Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (Usaid) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). ¿Para qué sirven? Para que un municipio de estos pueda articular proyectos con el departamento de Antioquia, por citar un caso concreto, y con el DNP en Bogotá, y que si le llega, por ejemplo, la cooperación suiza con el dinero listo para inyectarle a un proyecto de desarrollo encuentre no a un funcionario de planeación ocupado en mil tareas ni a una secretaría con enorme burocracia, sino a un funcionario de alto nivel que sepa de articulación de proyectos para que estos municipios puedan ejecutarlos durante los próximos 15 años, tal como quedó plasmado en el Acuerdo de la Habana. En Antioquia, de 24 municipios PDET creamos estas instancias en 15. Nos faltan Ituango, Valdivia, Vigía del Fuerte, Murindó, Mutatá, Necoclí, Apartadó, Briceño y Yondó. Esta estrategia la hicimos durante pandemia y yendo a los territorios, evidencia de lo que hablábamos al principio de que el Estado no paró, y hoy la mayoría de los municipios PDET tienen este nuevo soporte para ejecutar proyectos, algo que, además por solicitud del consejero Archila, no podía costarle ni un peso a los municipios".
La tecnología y la reestructuración administrativa son fundamentales para modernizar el Estado, pero también la renovación e incorporación de jóvenes al servicio público. ¿Qué tanto se ha avanzado en esto?
"En el marco del programa Más jóvenes en el Estado, el presidente Iván Duque dijo que no se podía seguir exigiendo a un joven experiencia de un año para aspirar al cargo de profesional 1 del Estado, pues no podía tener dicho requisito porque se estaba preparando apenas. Esa exigencia la derogamos en el decreto 2365 de 2019 y hoy un joven puede ingresar al Estado sin esa experiencia. Hoy, en cualquier entidad que vaya a hacer una reestructuración, el 10% de los cargos que se creen deben estar ocupados por jóvenes de entre 18 y 28 años y si no el decreto no pasa. Han ingreso 17.837 jóvenes al Estado; 60% de estos mujeres. En el territorio se vincularon 9.628 jóvenes y 8.209 en la Nación. Del total, 2.585 ingresaron con nombramiento y el 86% para ejecutar proyectos. Es grato porque se ha vuelto un tema de competencia sana para ver qué entidad contrata más jóvenes.
Adicional a esto, tenemos como meta incorporar 12.000 personas en condición de discapacidad. Hasta la fecha llevamos 5.600 personas. No es una tarea sencilla, pero hay entidades que son líderes en esto como Ecopetrol. En Antioquia estuvimos hace poco con el consejero para la participación de las personas con discapacidad, Jairo Clopatofsky, y vemos que tanto la Gobernación como la Alcaldía de Medellín están alineados a esta estrategia de inclusión".
