La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quedó enredada en una controversia relacionada con la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), debido a un documento que ella misma firmó y que, al parecer, contiene información falsa.
La polémica comenzó luego de que la Red de Veedurías Ciudadanas (RedVer) presentara una recusación contra Camargo, solicitando que se apartara del caso UNGRD. En el documento, la RedVer alegaba que la fiscal habría interferido en las negociaciones judiciales con algunos de los implicados en el escándalo, entre ellos la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, a quien le fue negado un principio de oportunidad.
Pablo Bustos, presidente de la RedVer, aseguró que esta decisión habría sido tomada directamente por Camargo, presuntamente con el objetivo de impedir que Ortiz revelara información comprometedora para el Gobierno.
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En respuesta a la recusación, Camargo envió un documento negando categóricamente cualquier participación en el caso. “Los fiscales cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de su función y para adoptar decisiones en la investigación a su cargo”, argumentó. También señaló que los principios de oportunidad fueron delegados a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia mediante asignación especial.
Sin embargo, esta versión fue contradicha por otra comunicación oficial de la propia Fiscalía. En una respuesta a una solicitud de medidas de protección presentada por Sandra Ortiz y su familia, el organismo negó la protección argumentando que el principio de oportunidad solicitado “está pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la Nación”.
Aunque este documento era de carácter reservado, llegó a manos de la RedVer, lo que reforzó su acusación de que Camargo mintió en su respuesta a la recusación.
“La fiscal general Luz Adriana Camargo le mintió al país, a la administración de justicia, a los jueces de la República y a la Corte Suprema de Justicia al afirmar que no tenía injerencia alguna en ese proceso, en especial en lo relacionado con el principio de oportunidad de Sandra Ortiz”, afirmó Bustos. “Esa afirmación fue desmentida mediante documento público firmado por una alta funcionaria de la misma Fiscalía, que aseguró lo contrario”.
El documento al que se refiere Bustos fue suscrito por el Departamento de Protección y Asistencia de la Fiscalía, con fecha del 14 de mayo, un día después de que Camargo negara cualquier participación en el caso.
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La respuesta de la fiscal
Una vez se conoció la controversia por el documento que la contradecía, la fiscal general Luz Adriana Camargo aclaró que su contenido era falso y negó tener pendiente alguna autorización relacionada con el principio de oportunidad solicitado por Sandra Ortiz.
“Este fin de semana conocí una resolución emitida por la Dirección de Protección y Asistencia, en la que se menciona, entre otros argumentos, que se niega la protección solicitada por la exconsejera y sus familiares —más dirigida a estos últimos, dado que ella se encuentra privada de la libertad— alegando que dicho beneficio está pendiente de mi autorización”, explicó la fiscal.
Camargo agregó que, al advertir esta inconsistencia, solicitó de inmediato la corrección del documento, pues consideró que se sustentaba en una motivación falsa. “El lunes 2 de junio solicité formalmente a la Oficina de Protección y Asistencia que corrija ese acto administrativo, porque tiene una falsa motivación. No existe ninguna actividad pendiente de aprobación de mi parte, como lo demuestra la conducta que he mantenido desde el primer día en la Fiscalía, y así lo pueden certificar todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad”, afirmó.
La fiscal también defendió la transparencia del proceso, señalando que, junto con las sentencias anticipadas, el uso del principio de oportunidad ha aumentado de manera significativa en el último año.
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