La Fiscalía General de la Nación informó que su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a varios bienes inmuebles que pertenecerían al exsenador Martín Emilio Morales Diz, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 25 años de prisión por varios delitos.
Las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder cubre inmuebles por valor superior a los $1.600 millones que incluyen una casa en un conjunto residencial del sector Chapinero Alto, de Bogotá, un apartamento, dos parqueaderos y un depósito en un edificio del sector El Recreo, de Montería, departamento de Córdoba.
Los bienes estarían a su nombre y de algunas personas que hicieron parte de su círculo familiar.
El ente acusador también dispuso la suspensión del poder dispositivo sobre siete inmuebles en San Antero (Córdoba) que figuraban a nombre de la excónyuge y excuñada de Morales Diz. Estos predios habrían sido adquiridos mientras el excongresista se desempeñó como alcalde de dicha población.
“Las investigaciones evidenciaron que uno de estos bienes, un terreno de gran extensión, aparece en el papel como si hubiera sido comprado en 2006 por 100 millones de pesos y, posteriormente, transferido a la exesposa de Morales Diz. En las verificaciones se constató que, en realidad, no hubo pago alguno por esta propiedad”, dijo la Fiscalía.
El senador Morales Diz fue condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; tentativa de homicidio; y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Los bienes en extinción quedaron en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Las medidas cautelares corresponden a unas compulsas hechas por la Corte Suprema en la condena al excongresista.
El fallo condenatorio contra Morales Diz se produjo en noviembre de 2018 al acusársele de integrar una organización criminal que operó desde 2005, cuando ejercía como alcalde Sanantero, hasta 2012, en sus tiempos de senador de la República.
Según el fallo, el excongresista, en el año 2006, habría sacado un poco más de 4.000 kilos de cocaína al exterior.
Además, también se le sindicó de haber tenido nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de ser el determinador del asesinato e William Pérez Padilla, un testigo de sus actos delictivos cuando era alcalde de Sanantero.
