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Fiscalía asignó un delegado para explorar entrega de “los Urabeños”

La banda había iniciado contactos desde el año pasado. En febrero se entregaron doce.

  • El acto de sometimiento de 12 “urabeños” en Valle, el 11 de febrero, con el fiscal Sarmiento y el general Rodríguez. FOTO cortesía
    El acto de sometimiento de 12 “urabeños” en Valle, el 11 de febrero, con el fiscal Sarmiento y el general Rodríguez. FOTO cortesía
22 de mayo de 2015
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La Fiscalía nombró a un fiscal especializado para asistir a las reuniones exploratorias con representantes de “los Urabeños”, en aras de negociar un eventual sometimiento a la justicia.

Así lo dio a conocer el vicefiscal General, Jorge Perdomo. “En los últimos meses ha habido conversaciones por parte de abogados de miembros de estas organizaciones recluidos en cárceles, que han manifestado que habría un deseo de entregarse a la justicia, de un sometimiento masivo”, dijo.

La semana pasada, EL COLOMBIANO reveló en exclusiva las interceptaciones telefónicas que la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado (Dfco) le hizo a una célula financiera de la banda. En una conversación entre los pastores anglicanos Jorge Arce (“el Obispo”) y Argemiro Serna, quedó claro que “los Urabeños” estaban realizando contactos de alto nivel con personalidades de la vida pública, en aras de gestionar la supuesta entrega de delincuentes.

Entre los visitados por los delegados estarían funcionarios de la Embajada de E.U. (que no se ha pronunciado sobre el tema); la presidenta del Polo Democrático, Clara López, quien tuvo una reunión con el pastor Arce el pasado 10 de febrero, pero se negó a interceder por la banda; y con el vicefiscal Perdomo.

“El abogado Diego me dice que él tiene muy adelantado lo de las desmovilizaciones con Bogotá. Él ya tiene algo adelantado con Perdomo”, comentó “el Obispo” al pastor Serna, refiriéndose a Diego Álvarez Betancourt, defensor de Blanca Zenobia Madrid Benjumea (esposa de “Otoniel”, el jefe de la banda) y de otros cabecillas condenados, como Camilo Manco (“Fritanga”) y Hernán Giraldo (“Cesarín”).

El vicefiscal expresó que “el fiscal General ha nombrado un fiscal especializado para que se reúna con estos representantes para explorar las condiciones de ese sometimiento. Esto implica que entreguen armas y bienes, que delaten, que cuenten cómo es su accionar en las regiones, que colaboren en la desarticulación de sus redes económicas y políticas, y que finalice el reclutamiento de menores”.

Añadió que “esas conversaciones se están dando, pero apenas en una fase exploratoria, no es negociación, es un sometimiento sobre la base del derecho penal ordinario”.

Al despacho de Perdomo llegó un documento con la propuesta inicial de “los Urabeños”. Aunque no han trascendido las condiciones que piden para autodesmantelarse, hay una anécdota que da indicios. El pastor Arce, según las mismas interceptaciones, buscó a un agente del CTI y le propuso colaborar en las gestiones para la entrega de Dairo Úsuga David, alias “Otoniel”. Según el religioso, la petición del capo era no ser extraditado y que su esposa Blanca Zenobia fuera liberada.

Antecedente

El 11 de febrero se realizó en Roldanillo (Valle) un acto de sometimiento de 12 integrantes de “los Urabeños”, al que asistieron el jefe de la Dfco, Luis Sarmiento, y el director de la Dijín, general Jorge Rodríguez.

Entregaron una caleta con siete fusiles, una subametralladora y un lanza granadas. “De acuerdo con uno de los integrantes del grupo sometido, esta entrega constituye un aporte al proceso de paz que vive el país”, decía el reporte oficial. Fueron procesados por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso ilegal de prendas privativas de las fuerzas militares.

Fuentes judiciales relataron que esa entrega fue gestionada por el abogado Diego Álvarez, quien ha dicho que no hará declaraciones sobre temas ligados a la banda.

En entrevista con Colprensa, el fiscal Sarmiento dijo: “En ese caso se usó la figura de terminación anticipada del proceso, que consiste en una aceptación de cargos con rebaja de hasta el 50 por ciento en la pena. Lo que se habló con los que se sometieron, y se acordó con el Inpec, es que ingresen a los procesos normales de resocialización, porque ellos han querido que una vez salgan de prisión puedan tener la posibilidad de trabajar. La mayoría podría salir en seis años y tienen una vida productiva por delante”.

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