Este martes, la Fiscalía General radicó formalmente el escrito de acusación ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. Ambos permanecen desde diciembre del año pasado en centros de reclusión.
La diligencia marca un nuevo avance en el proceso judicial que los investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según las investigaciones de la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían liderado una red orientada a direccionar millonarios contratos y proyectos —especialmente a través de la UNGRD y el Invías— para asegurar el respaldo de congresistas a la agenda legislativa del Gobierno Nacional.
El camino que los llevó a juicio
En diciembre del año pasado, la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, les impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó sus capturas inmediatas. “Dígame a dónde tengo que llegar, nadie tiene que venir hasta mi casa”, dijo reactivo el exministro Velasco, quien no ocultó su sorpresa ante la decisión de la magistrada.
Es más, el despacho rechazó el beneficio de la detención domiciliaria al considerar que los hechos por los que son investigados son de la mayor gravedad y que los exfuncionarios, al permanecer en sus residencias, podrían fácilmente interferir en el caso.
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En su momento, el Tribunal advirtió que la Fiscalía incurrió en un error al solicitar la detención domiciliaria como medida principal contra los exministros, al precisar que esta figura solo puede operar como una medida sustitutiva y no como la opción inicial dentro del esquema de aseguramiento.
“Se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, leyó la magistrada.
A ambos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Los dos se declararon inocentes.
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Según la Fiscalía, las presuntas actividades criminales de los exministros habrían iniciado en mayo de 2023, cuando, de acuerdo con la investigación, se habría conformado una empresa criminal destinada a desviar recursos de la Nación.
“El material probatorio revela una empresa delictiva con vocación de continuidad desplegada durante un periodo prolongado, desde la posesión hasta el retiro de los ministros, mayo de 2023 a febrero de 2024”, dijo la magistrada, y agregó: “Por roles definidos, objetivos claros y reiteración de conductas, lo que satisface plenamente las exigencias típicas objetivas y subjetivas del concierto para delinquir, sin que puedan pararse bajo el ropaje del principio de colaboración armónica ni de la actividad política legítima”.
¿Qué dijo el presidente?
El presidente Gustavo Petro de inmediato se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró que “el profesor de economía, Ricardo Bonilla ex ministro de Hacienda de mi gobierno, está detenido arbitrariamente por simple sectarismo político, también es un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición”.
Y siguió: “Exijo la libertad inmediata del profesor Ricardo Bonilla, y pido a todos los organismos de Derecho Internacional, su protección inmediata”.
- ¿Por qué acusan a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco?
- Por presuntamente liderar una red que direccionaba contratos públicos para obtener apoyo político en el Congreso.
- ¿Qué es la UNGRD?
- Es la entidad encargada de gestionar riesgos y desastres en Colombia, clave en la ejecución de recursos públicos.
- ¿Qué delitos enfrentan los exministros?
- Concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
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