La representante Katherine Miranda denunció un número de contratos del gobierno Petro para publicidad que suman $70.000 millones de pesos. La mayoría se asignaron a RTVC y se firmaron cuatro días antes de que empezara la Ley de Garantías.
Declaraciones de Katherine Miranda
“Se trató de una contratación directa, a dedo, acelerada y altamente concentrada. Cerca del 90% de esos recursos quedaron en una sola entidad, RTVC, con más de $64.000 millones adjudicados en cuestión de horas”, señaló Miranda.
A su vez, la congresista resaltó que “en el mismo período en el gobierno de Iván Duque el gasto de publicidad fue de tan solo $1.500 millones, una cifra que aumentó en más de 4.000% mientras departamentos como Córdoba y Bolívar presentan graves inundaciones”.
Finalizó diciendo que, con este contexto, sumado a la emergencia económica que quiso decretar el Gobierno ―aunque se les tumbara― “el Gobierno decide destinar $70.000 millones de pesos en propaganda”. La representante aseguró que trasladó la denuncia a la Contraloría y la Procuraduría.
Miranda expuso que los contratos se hicieron desde diferentes carteras. Fueron $14.500 millones del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, $10.600 millones del Ministerio de Educación, $6.800 millones del Ministerio de Salud, casi $8.000 millones del Ministerio de Justicia, entre otros.
Lea también: Fiscalía se mete al primer anillo de Petro e imputa a Juliana Guerrero por diploma
El trasfondo: exigencias políticas en RTVC
Los gastos también llegan en un momento en el que se han señalado exigencias políticas en RTVC. Un audio revelado en enero de este año sería clave para demostrar cómo supuestamente existirían presuntas presiones políticas a trabajadores vinculados a RTVC, en las que se condicionaría la estabilidad laboral al apoyo al proyecto político del Gobierno Petro.
El pasado 13 de enero se dieron a conocer estos cuestionamientos, en donde se aseguraría que en RTVC habría un presunto manejo irregular del sistema de medios públicos y que se estarían ejerciendo presiones políticas a sus trabajadores.
El audio lo reveló el exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, quien en su momento hizo pública la denuncia sobre estas presiones políticas, las cuales desde la dirección del sistema ya han negado.
“Un logro desde RTVC es lograr con la CECIDI que las emisiones se mantengan por lo menos hasta el 2031”, dice Hollman Morris en el audio, y agrega: “¿Qué quiere decir eso? Que les va a garantizar el trabajo a ustedes hasta el 2031”.
No obstante, ahí es cuando el tono del mensaje cambia a uno político. “Pero si políticamente ustedes no nos ayudan, yo voy determinando también quiénes nos están sumando en este proyecto radial que está siendo totalmente exitoso”, dice Morris en el audio.
Lea también: ¿En busca de culpables por inundaciones? Mientras Petro arremete contra hidroeléctricas, congresistas y magistrados, le recuerdan escándalos de la UNGRD
“Dice Hollman Morris que en RTVC no piden filiación política para contratar personas pero según este audio si le piden a los que contratan que ayuden al petrismo políticamente o se les acaba el trabajo”, dijo Briceño, y agregó que esto se trataría directamente de “una extorsión”.
La dirección de RTVC reiteró públicamente que en el sistema de medios públicos no se exige afiliación política como requisito para la contratación de personal, en respuesta a cuestionamientos sobre presuntas presiones ideológicas dentro de la entidad:
“Aquí, en RTVC, en sus hojas de vida no le estamos pidiendo a la gente su afiliación política para ser contratada en este canal”, afirmó Hollman Morris. Y agregó: “Váyanse bajando de eso, porque nosotros no seremos como lo que tanto hemos criticado en nuestras vidas y en nuestras luchas”, señaló.
Preguntas frecuentes sobre el tema:
- ¿Qué es la Ley de Garantías y cómo afecta los contratos?
- Es una normativa que busca evitar que el presupuesto público se use para favorecer campañas electorales. Prohíbe la contratación directa meses antes de las elecciones. La denuncia señala que estos contratos se firmaron justo antes de que entrara en vigor.
- ¿Qué ministerios están involucrados en la contratación?
- La denuncia menciona fondos provenientes de los ministerios de
TIC ($14.500 millones),
Educación ($10.600 millones),
Salud ($6.800 millones) y
Justicia ($8.000 millones), entre otras entidades del Estado.