Una nueva denuncia sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta vez apunta al crecimiento acelerado de la contratación temporal por prestación de servicios (que no hace parte de la nómina fija ni de los funcionarios de carrera del Estado) en varios ministerios.
En términos de personal, el número de personas vinculadas bajo esta modalidad pasó de 11.851 a 18.685, lo que supone la creación aproximada de 7.000 nuevos cargos temporales. Para dimensionar el impacto presupuestal, Castellanos señala que el aumento equivale a casi la mitad de los $16 billones que el Gobierno buscaba recaudar con su más reciente reforma tributaria.
De acuerdo con una auditoría independiente, el valor de estos contratos pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025. Los cuestionamientos fueron dados a conocer por José David Castellanos, experto en gestión pública y candidato a la Cámara por el partido Nuevo Liberalismo, quien denunció además que dichos ajustes entre un año y otro representó un aumento de $7,2 billones en apenas tres años.
La investigación analizó más de 105.000 contratos registrados en las plataformas Secop I y Secop II, correspondientes a todos los ministerios y entidades del nivel central. Según Castellanos, el incremento no solo implica un mayor gasto público, sino una expansión masiva de contratación discrecional, con impactos fiscales, administrativos y laborales.
Los ministerios donde más creció la contratación
El análisis evidencia que cinco carteras concentran los mayores incrementos en contratación por prestación de servicios:
- Ministerio de Cultura: 1.985 %
- Ministerio del Trabajo: 285 %
- Ministerio de Salud: 154 %
- Ministerio de Agricultura: 127 %
- Ministerio de Ambiente: 117 %
Para Castellanos, estos saltos reflejan un patrón de expansión del gasto operativo sin una planificación estructural de largo plazo. El caso más crítico se registra en el Ministerio de Cultura, donde la contratación por servicios se incrementó casi veinte veces frente a 2022.
El crecimiento del 1.985 % no tiene precedentes dentro del gabinete. El investigador advierte que esta expansión se traduce en una alta dependencia de contratistas temporales para funciones que, en muchos casos, son estructurales: ejecución de programas culturales, asesorías técnicas, proyectos territoriales y operación administrativa.
Esto, según explica, genera riesgos de fragmentación institucional, debilidad en la trazabilidad del gasto y pérdida de memoria técnica.
Casos carteras de Trabajo, Agricultura y Ambiente
En el Ministerio del Trabajo, el aumento del 285 % estaría asociado a la implementación de nuevas políticas laborales, programas de inspección y refuerzos administrativos, todos ejecutados mayoritariamente mediante contratos de corta duración.
En su análisis también incluyó al Ministerio de Salud, que según su investigación, registró un crecimiento del 154 % impulsado por programas territoriales y soporte técnico para la transición del modelo de atención, aunque el informe advierte riesgos de discontinuidad institucional y dependencia excesiva de personal temporal.
En Agricultura, dio a conocer, el incremento del 127 % se relaciona con la ejecución de programas de reforma agraria, acompañamiento rural y gestión de tierras, funciones que, según Castellanos, deberían fortalecer la capacidad permanente del Estado y no solo la contratación coyuntural.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente aumentó su contratación en 117 %, impulsada por proyectos ambientales, estudios técnicos y procesos regulatorios, lo que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad administrativa.
Endeudamiento para financiar el gasto
Castellanos advirtió que el crecimiento del gasto contractual no ha sido acompañado por un aumento proporcional de los ingresos públicos.
En ese contexto, el Gobierno habría recurrido al endeudamiento externo para sostener el nivel de gasto. En enero de 2026, Colombia realizó la mayor emisión de deuda de su historia, por 4.950 millones de dólares, una operación que, según el investigador, deberá ser asumida por los contribuyentes en el pago de intereses y servicio de deuda.
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El informe, finalmente, también alerta sobre un deterioro en la calidad del empleo estatal. Los contratos con vigencia igual o superior a nueve meses cayeron del 45 % al 34,5 %, lo que indica una mayor rotación y menor estabilidad laboral. “En la práctica, se reemplazaron contratos más estables por vínculos temporales e inestables”, concluyó Castellanos.
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