El gobierno de Gustavo Petro llegó con una promesa clara y fue gobernar para los que históricamente habían quedado por fuera. Para los campesinos sin título, para las comunidades que trabajan la tierra desde hace generaciones, pero que nunca han podido demostrar legalmente que es suya. Para ello, quiso poner a andar la reforma agraria.
Pero, ¿cuál es su balance real cuatro años después? Desde EL COLOMBIANO presentamos la radiografía de una reforma, en el corazón de este Gobierno, que se fue quedando sin aire con el tiempo.
Décadas de conflicto armado, desplazamiento forzado y concentración de la tierra habían dejado a millones de campesinos trabajando suelos que no podían demostrar que eran suyos.
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La reforma agraria, bandera central de campaña de Petro, prometía cambiar eso. Cuatro años después, el balance es más complejo de lo que sus defensores celebran y más justo de lo que sus críticos reconocen.
Desde que empezó su mandato, Petro anunció que su objetivo era cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016: formalizar siete millones de hectáreas y comprar otros tres millones para su entrega. Ninguna de las dos metas se alcanzó. Pero hubo cosas que sí se movieron.
Lo que ya se había hecho
Lo que buscó el gobierno de Petro no es una idea nueva. La actual reforma tiene antecedentes que llegan hasta 1936; como respuesta a las tensiones en el campo, se expidió la Ley 200 de 1936 durante el primer gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo.
Esta buscó reducir la desigualdad que azotó al campesinado colombiano a principios del siglo XX, pero que nunca se resolvió. Casi un siglo después, la misma deuda sigue sin saldar.
No se trata de una simple entrega de lotes, sino de algo más estructural. Se busca crear un sistema de justicia especializada que reconozca y proteja el derecho a la tierra que han labrado, habitado y cuidado por décadas campesinos.
Cuando un campesino en Colombia tiene un problema con la tierra —un vecino que le disputa el lindero, un documento de propiedad que nunca llegó, una familia desplazada por la violencia que quiere recuperar su predio—, la única opción que tiene es acudir a un juzgado civil.
El problema es que es el mismo juzgado que resuelve divorcios, herencias y deudas comerciales. El mismo que puede estar a horas de distancia, que habla un lenguaje jurídico ajeno al mundo rural y que, en el mejor de los casos, tardará años en dar una respuesta.
Ese es el problema que la Jurisdicción Agraria buscaba resolver. Si bien se encuentra dentro del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, y legalmente protegido, su aprobación tiene que pasar por un proyecto de ley que se acaba de caer en el Congreso.
Por eso, el instrumento a la mano que tiene el Ejecutivo es la reforma agraria con las facultades que como Estado tiene.
Balance
Con corte al 19 de abril de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) había comprado 254.103 hectáreas, apenas una cuarta parte de la meta de un millón de hectáreas que el Gobierno se fijó para la compra de tierras durante este cuatrienio.
En campaña, en discursos y en decretos, Petro habló de transformar el campo. La realidad es que la maquinaria institucional no logró el ritmo que la retórica anticipaba.
Los obstáculos van desde demoras burocráticas, resistencia política, grupos armados que presionaban a los beneficiarios para abandonar los predios recién recibidos y un Congreso que terminó archivando la pieza legislativa más importante para darle sostenibilidad a todo el proceso de la Jurisdicción Agraria.
Donde el Gobierno estuvo más cerca de cumplir sus objetivos, según cifras del MinAgricultura, fue en la formalización de la propiedad rural.
Para mayo de 2026 reportaba dos millones de hectáreas formalizadas, tituladas, regularizadas o saneadas. Esto, otorgando al menos 41 mil títulos, beneficiando a más de 116 mil familias campesinas.
En marzo pasado también se aprobó un CONPES para la reforma agraria, que incluye orientaciones de política pública con 146 acciones para implementar hacia 2036, con un presupuesto indicativo de más de $18 billones. Cabe recordar que un CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) es la máxima autoridad de planeación y el principal organismo asesor del Gobierno en desarrollo económico y social.
Esa instancia cuenta con seis ejes estratégicos: redistribución de tierras, aguas y bienes naturales; redistribución de activos productivos rurales; fortalecimiento de la institucionalidad agraria; reconocimiento e inclusión de los sujetos populares del campo —el gobierno logró el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional en 2023—; la distribución de riesgos climáticos y sostenibilidad y la justicia agraria especializada. Esta ha sido un “talón de Aquiles”.
El talón de Aquiles
La reforma agraria avanzó, pero encontró una de sus mayores problemáticas en el Congreso, donde el Gobierno tuvo responsabilidad de que no pasara la Jurisdicción Agraria.
No es lo mismo que la reforma agraria sino una de sus “patas”: un sistema de jueces especializados exclusivamente en conflictos sobre la tierra rural. Es decir, a diferencia de la reforma agraria, que es una política pública, económica y social, este es un sistema de justicia especializado a cargo de la Rama Judicial.
Esta no reemplaza a los jueces civiles en todos los temas; su función es específica. Se encarga de decidir quién tiene derecho sobre un predio, resolver disputas de posesión, atender reclamaciones de comunidades campesinas, indígenas o afrocolombianas y dar salida jurídica a los miles de conflictos territoriales que hoy no tienen una ruta clara de resolución en Colombia. Sobre todo, por las complicaciones que ha dejado la violencia en el país.
La idea no es nueva. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc ya la contemplaba en su Punto 1, el dedicado a la reforma rural integral. La lógica era sencilla: no tiene sentido entregar tierra a los campesinos si, después de que ya la ocupen como propia, no hay un sistema judicial capaz de proteger esa propiedad cuando alguien la disputa.
Después de esto, se presentó la Ley Estatutaria 2570 de 2026 (un tipo especial de ley en Colombia que regula asuntos fundamentales en la protección de los derechos de los ciudadanos). Fue sancionada por ministros del gobierno Petro —de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y de Agricultura, Martha Carvajalino— en marzo de este año. En específico, definió la estructura sobre qué juzgados existirían, cómo se organizarían y cuál sería su jerarquía.
El tercer nivel —y el que aún está pendiente— es la ley que debe definir las competencias y el procedimiento de la Jurisdicción Agraria y Rural. Esa norma establecería cómo deben actuar los jueces agrarios, qué asuntos pueden resolver, cuáles son los plazos y qué reglas procesales deben seguir. Sin ella, la jurisdicción ya existe constitucional y legalmente, pero su funcionamiento pleno sigue limitado. Y fue precisamente ese proyecto el que el Congreso de la República no alcanzó a aprobar antes de terminar su periodo legislativo el 20 de junio de 2026, por lo que terminó archivado.
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¿Por qué es necesaria?
De acuerdo con un informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), correspondiente a 2019, la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia alcanzaba el 52,7 %, lo que significa que más de la mitad de los predios del país no contaban con una situación jurídica plenamente formalizada.
Eso significa que millones de familias campesinas viven y trabajan en tierras que no tienen un título claro, un registro actualizado o una definición legal sobre quién es el dueño.
Esa informalidad es un problema administrativo y da muestra de la raíz de conflictos que llevan décadas sin resolverse. En muchos casos, terminan en violencia.
Los juzgados civiles ordinarios no están equipados para atender esa realidad. No tienen formación especializada en derecho agrario, no conocen las particularidades de las comunidades rurales y, sobre todo, están lejos.
Esta jurisdicción buscaría acercarse al territorio con procedimientos más sencillos y jueces que entiendan la diferencia entre una escritura urbana y un título colectivo de, por ejemplo, una comunidad indígena.
¿Y entonces?
Esto fue lo que no pasó en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno anunció que volverá a radicar la ley luego de que se posesione el nuevo Legislativo. La suerte de esta iniciativa dependerá en gran medida de las mayorías que se configuren y de la voluntad del gobierno De la Espriella.
Para Carlos Duarte, antropólogo, sociólogo e investigador de la Universidad Javeriana Cali, la propuesta era técnicamente sólida y contaba con respaldo suficiente. El problema de que se cayera en el Congreso no estuvo en el contenido de la ley, sino en la voluntad política para debatirla.
“Lo que dominó fue el ausentismo o moverlo en agendas que no se pudiera debatir”, explicó Duarte en diálogo con EL COLOMBIANO. “Lo que faltó fue voluntad política de parte de los senadores de otros partidos, que yo creo ven comprometidos sus intereses agrarios o piensan que pueden estar comprometidos en un ejercicio de estos”.
El experto también aclaró un punto que genera confusión en el debate. El hundimiento de esta ley no pone en riesgo las tierras que ya fueron entregadas durante el gobierno Petro.
Esas entregas están respaldadas por la Ley 160 y la Ley 902, normas vigentes y suficientes para garantizar seguridad jurídica. La jurisdicción agraria apuntaba a otra necesidad: resolver los conflictos sobre la tierra que siguen sin respuesta en el campo.
Para dimensionar el problema, cerca del 50% de los predios rurales del país se encuentran en situación de informalidad. Esta situación genera permanentes disputas entre propietarios, poseedores y comunidades.
“Era una forma de llevar la justicia al campo, donde a veces queda muy lejos”, señaló Duarte. La iniciativa tenía además un sustento constitucional claro: el Acto Legislativo 03 de 2023, que creó la jurisdicción, y el Acto Legislativo 01 del mismo año, que ordenó llevar la justicia al campesinado. El escenario actual no solo es urgente, sino que también dará luces al gobierno entrante, que no es muy cercano a estas reformas sociales.
Es más, dentro del plan de gobierno de De la Espriella, uno de los puntos que se toca es el de la reforma agraria. En este, se señala que “acabará la mentira de la falsa reforma agraria, esa que reparte titulares, fabrica propaganda y administra expectativas, pero no le entrega al campesino lo esencial: seguridad jurídica, proyecto productivo, crédito, asistencia técnica, tecnología, mercado y protección efectiva. La tierra sola no basta. La tierra sin título firme, sin crédito y sin proyecto productivo termina siendo otra forma de frustración”.
Para Duarte, el próximo gobierno heredará cuatro retos estructurales: reducir las brechas de desigualdad entre lo urbano y lo rural; disminuir la concentración inequitativa de la propiedad agraria —que apenas se movió durante el gobierno Petro—; enfrentar la expansión de economías ilícitas en los territorios rurales; y gestionar los conflictos territoriales que siguen acumulándose sin salida institucional.
La ley se puede volver a radicar. El Gobierno anunció que lo hará el 20 de julio. Pero el tiempo y la correlación de fuerzas en el nuevo Congreso dirán si Colombia está dispuesta, esta vez sí, a darle al campo la justicia que lleva décadas esperando. Para el gobierno entrante parece haber otras prioridades en temas de seguridad y salud; tal vez el tema de la reforma agraria quede en un segundo plano.
Desde el Pacto Histórico, ahora en oposición, buscarán seguir impulsando el proyecto de ley. El 16 de junio, la minAgricultura, Martha Carvajalino, confirmó que se archivó el proyecto que debía definir las competencias y los procedimientos de la Jurisdicción Agraria y Rural.
El hundimiento llegó por un nuevo cambio en el orden del día de la plenaria de la Cámara, que impidió la discusión de fondo. Tras esto, la ministra expuso su desazón:
“Pierde quien está trabajando la tierra y no tiene acceso a un juez o un magistrado. Pierde la nación porque no tenemos cómo administrar adecuadamente los bienes públicos y los baldíos, y pierde la posibilidad de construir la paz”.
Entrevista con Cecilia López, exministra de Agricultura
La Jurisdicción Agraria fue uno de los primeros proyectos que Cecilia López impulsó cuando llegó al Ministerio de Agricultura en 2022.
Hoy, desde fuera del Gobierno, la economista y exministra no duda en señalar quién considera responsable de que esa iniciativa terminara archivada en el Congreso. EL COLOMBIANO habló con López para conocer su percepción sobre el hundimiento del proyecto de ley.
¿Cómo arrancó usted con la Jurisdicción Agraria y por qué, después de todo, no pasó en el Congreso?
“La Jurisdicción Agraria fue uno de los dos proyectos con que inicié mi estadía en este gobierno y me sorprendió ver que el presidente en ese momento estaba muy interesado en que lo sacáramos. Presenté desde los derechos de los campesinos y la jurisdicción agraria con el ministro de Justicia.
Es fundamental porque necesitamos jueces especializados en temas agrarios. Hasta ahora, como no existía esa rama dedicada a esos problemas, las demoras y los procesos de tierra eran eternos. Entonces pasó la reforma constitucional y lo que venían son unos decretos en la parte administrativa.
Creo que el gobierno tiene la culpa de que no se hubiera llegado al final, que era la parte fundamental de este proyecto, porque era la parte que permitía hacer realidad lo de la Jurisdicción Agraria, la parte de tipo administrativo. Lo que pasó es que existe, desde hace tiempo, yo renuncié por eso, (la voluntad) de entregarle a una institución como la Agencia de Tierra la posibilidad de a dedo decidir qué hacer con ciertos predios”.
Lo que mencionaron como “expropiación exprés”...
“Claro, lo hemos llamado así, y quisieron volver a meter una modalidad parecida a esa en el artículo 9, y ahí se armó todo, porque entregarle esa función a una persona de carácter administrativo, a una institución como la Agencia de Tierras, diciendo ‘sobre este predio vamos a actuar de determinada manera’, que solamente el dueño pueda responder cuando ya le ha quitado el predio, pues es una forma de expropiación exprés. Se armó ese debate y, al armar ellos eso, no se pudo tramitar Y cometieron una falla terrible porque quedó cojo en todo el proceso, que es muy importante”.
Es decir, ellos mismos se pusieron una zancadilla...
“No conozco mucho las intimidades, porque obviamente no estoy en el Gobierno, pero mirando toda la discusión, era obvio. Ellos han tratado de darle a la Agencia de Tierras antes de que llegara este señor (Felipe) Harman y ahora con mayor razón, de darle un poder que la agencia no puede tener”.
¿Tiene posibilidades con el nuevo Congreso?
“Tiene que volver otra vez al Congreso y seguramente ya sin la insistencia de que la Agencia de Tierras sea como la reina de la tierra, como digo yo, ‘el ministro de tierra’; con una cosa más ajustada a las normas, seguramente va a pasar y tiene que pasar. La jurisdicción agraria es una absoluta necesidad”.
¿Y ahora con el Pacto Histórico siendo oposición?
“Creo que les toca. Ya la norma está en la Constitución, entonces eso tiene que operar. Y lo que falta es esta última norma para que opere. Entonces, cualquier persona racional que llegue al Ministerio de Agricultura va a tener que volver a presentar el proyecto de ley, pero ya sin mico”.
Si usted hubiese seguido en el gobierno, ¿cómo habría terminado todo esto?
“Siempre me opuse a todo lo que fuera entregarle a una Agencia Nacional de Tierras o a unos funcionarios decisiones de dedo, quitándole la posibilidad de que los jueces apoyen a los dueños de la tierra.
Soy demócrata. Estas cosas imperiales y arbitrarias no van conmigo. Renuncié antes de que el presidente me sacara. ¿Por qué? Por la expropiación exprés que me trató de meter Laura Sarabia por dentro. Conmigo eso no hubiera pasado”.
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