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Implicados en bomba del Andino ya fueron a prisión
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El sábado pasado fueron capturados nueve implicados en el caso del Andino, uno de ellos fue liberado. FOTO colprensa
01 de julio de 2017
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Los ocho implicados en el atentado terrorista del Centro Comercial Andino, que dejó tres mujeres muertas y ocho heridos, fueron a prisión por decisión del Juzgado 47 Penal de Bogotá. Luego de cinco días de audiencia a puerta cerrada, la juez le dio la razón a la Fiscalía, que solicitó medida de aseguramiento para quienes han sido señalados como integrantes del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y presuntos responsables de atentados terroristas en la capital.
Los implicados continuaron sin aceptar cargos, pero por lo pronto deberán responder por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas. Lo que viene ahora será que los defensores presenten las apelaciones y que el caso pase a segunda instancia.
Según cita Colprensa, el delegado fiscal adscrito a la Dirección Nacional Antiterrorismo exhibió en la audiencia pública una serie de videos en los que aparecen los presuntos terroristas al interior y en los alrededores del centro comercial, una semana antes del atentado al Andino. Asimismo, llamadas telefónicas de algunos de los implicados en las cuales se infiere la planeación y desarrollo de los ataques a los establecimientos públicos.
No obstante, de acuerdo con Elmer Montaña, abogado de Lizeth Rodríguez, una de las detenidas, tales pruebas no fueron presentadas e incluso la juez dijo que no eran necesarias para decidir las medidas de aseguramiento.
“Esto es un caso edificado sobre conjeturas. El Andino tiene alrededor de 480 cámaras, más las de zonas aledañas, pero la Fiscalía no presentó ningún elemento material, ninguna imagen que pruebe la presencia de ellos en el lugar, pese a que dijeron que habían intervenido en la colocación de ese artefacto explosivo”, cuenta Montaña, y añade que la Fiscalía partió de “supuestos” para decir que los todos hacen parte del MRP.
Bajo esas ideas los defensores habían solicitado a la juez que se abstuviera de imponer las medidas, pero, según Montaña, ayer ella sostuvo que la única con obligación de argumentar era ella, que la Fiscalía no tenía obligación de presentar elementos de prueba y que no se requerían los videos.
Para el abogado, en este caso hubo “una presión descarada contra esta juez”. Algo similar expresaron los jueces del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, que el jueves rechazaron las palabras del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, cuestionando la decisión de negar la medida de aseguramiento contra uno de los acusados.
