En 2009, el trabajo de María Victoria Guarín era claro: integraba un equipo que, a petición del Gobierno colombiano, estructuraría la licitación de la Ruta del Sol II. Sin embargo, la transparencia con la que habría cumplido esa tarea ha vuelto a ser cuestionada esta semana por sectores de la opinión pública.
Guarín, en su calidad de asesora de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), entidad del Banco Mundial, estaba encargada de definir los términos del concurso para que los contratistas compitieran en igualdad de condiciones.
Pero algo la ponía en una posición incómoda. La asesora estaba casada con Diego Fernando Solano, vicepresidente del Grupo Aval para la época, conglomerado que integró con Odebrecht la Conces Ruta del Sol S.A.S., que terminó por ganarse la licitación.
Un texto publicado ayer por la agencia AP, que puso de relieve el caso otra vez, asegura que, aunque Ortíz y Guarín no ocultaron su relación, esta pasó desapercibida hasta 2017, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) empezó a investigar el posible conflicto de interés.
La SIC, por su parte, manifestó a EL COLOMBIANO que el proceso sigue su curso, pero que aún es muy pronto para que haya una decisión, puesto que en casos como ese pueden tardar hasta 24 meses .
