Las investigaciones contra los responsables del denominado Cartel del Bastón, con el que se perdieron al menos 3.400 millones de pesos, porque los beneficiarios de los planes del Gobierno Nacional para la tercera edad estaban muertos o simplemente no existían, empiezan a dar resultados: la Procuraduría investiga a siete alcaldes de Córdoba, donde se fraguó este cartel de corrupción.
Este caso se conoció en marzo pasado y, en ese momento, el procurador Fernando Carrillo explicó que “técnicamente es una defraudación a los adultos mayores de Colombia”, tras manifestar que “encontramos personas fallecidas, que no viven en Córdoba o no están incluidos en el Sisbén (...) Antes los corruptos se pegaban de los temas de infraestructura, ahora tristemente lo hacen a los sectores sociales” y de la salud.
¿Qué hay ahora?
Los resultados expuestos por el Ministerio Público este martes muestran que las investigaciones se realizaron por las “irregularidades en la ejecución de los recursos destinados para atender a los adultos mayores”, como estaba claro desde marzo.
En esa misma línea, el Ministerio Público explicó que los mandatarios locales son Juan Carlos Yances Padilla, de Los Córdobas; Ovidio Miguel Hoyos Paternina, de Pueblo Nuevo; José Ignacio Gómez Ramos, de Valencia; Gilberto Ramírez Montes, de Planeta Rica; Teresa María Salamanca, de Chinú; Alejandro Javier Mejía, de Ciénaga de Oro, y Baldomero José Villadiego, de Sahagún.
En la misma decisión, la Procuraduría suspendió provisionalmente durante tres meses a los siete supervisores de los convenios interadministrativos, así como también les abrió investigación para determinar los alcances de su participación de este entramado de corrupción en la región.
¿Qué implica?
Este proceso busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias, teniendo en cuenta el reporte de la Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente, que da cuenta de la existencia de irregularidades en el registro de adultos mayores, que son quienes reciben la atención y beneficios de estos programas, incluyendo personas fallecidas o inexistentes.
Para Ernesto Matallana, experto en derecho público, estos resultados del Ministerio Público permitirán corroborar si “hay una cantidad de falsedad ideológica en documento privado” o existe contubernio entre el contratista y la administración, que a juicio del procurador Carrillo, es lo que ha ocurrido en Córdoba, donde existe “un patrón sistemático” en los modelos de contratación.
