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“No hay ninguna duda de que el Clan del Golfo está detrás del paro en Antioquia”: Ministro de Defensa

Iván Velásquez aseguró que le envían mensajes amenazantes a la población para que salga a bloquear. También reveló nueva estrategia contra los narcotraficantes.

  • El ministro de Defensa, Iván Velásquez, defendió los relevos que ordenó en la línea de mando de la Fuerza Pública. FOTO Camilo Suárez
    El ministro de Defensa, Iván Velásquez, defendió los relevos que ordenó en la línea de mando de la Fuerza Pública. FOTO Camilo Suárez
  • El presidente Gustavo Petro designó desde el inicio de su Gobierno a Iván Velásquez como su ministro de Defensa. Foto: Jaime Pérez Munevar
    El presidente Gustavo Petro designó desde el inicio de su Gobierno a Iván Velásquez como su ministro de Defensa. Foto: Jaime Pérez Munevar
11 de marzo de 2023
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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, no tiene ninguna duda. De forma directa aseguró que detrás del paro que golpea a Antioquia hace más de una semana está el Clan del Golfo, que a través de presión armada y mensajes amenazantes a mineros y población civil promueve los bloqueos y los desmanes en Caucasia y otras poblaciones.

Y lo dijo con seguridad en esta entrevista con EL COLOMBIANO, porque duró tres días acuartelado en el departamento atendiendo la situación para informárselo al presidente Gustavo Petro, quien –a propósito– advirtió este sábado que de corroborarse esta situación quedaría claro que esa narcobanda “no quiere la paz”.

Velásquez, en todo caso, advirtió que el Gobierno no se deja presionar con vías de hecho para sostener diálogos sociales y, de paso, reveló los puntos claves de la nueva estrategia para enfrentar el narcotráfico. Incluso, esbozó la necesidad de pasar a una nueva fase del cese al fuego para que las poblaciones por fin sientan de forma directa los beneficios que, según él, trae este proceso.

¿Quién está detrás del paro que golpea a Antioquia?

“No hay ninguna duda de que es el Clan del Golfo. Hay unas necesidades de mineros, unas propuestas de mineros, fundamentalmente de pequeños mineros, con los que hubo un convenio en septiembre del año pasado que el Gobierno ha cumplido. No se continuó con la destrucción de la maquinaria utilizada por los pequeños mineros, pero en ese convenio no están los grandes mineros ilegales. Por esa circunstancia se retomó la destrucción de los dragones, que están íntimamente vinculados con el Clan del Golfo, o por administración propia o porque son fuente importante de riqueza”.

¿Eso explica la reacción violenta en la zona?

“Si la reacción que se ha producido en el Bajo Cauca por la destrucción de cinco dragones fue de manera inmediata, uno se pregunta a quién afectó ese procedimiento y quiénes están presionando para que se haga ese movimiento más o menos amplio: el Clan del Golfo”.

Varios mineros en paro exigen no ser estigmatizados con el Clan. ¿Ahí hay una combinación de esa banda y población civil?

“Lo que ocurre es que hay una gran coacción. Los obligan. Y hemos tenido evidencia de los mensajes que, desde el Clan del Golfo, han enviado a juntas de acción comunal, a comerciantes, a pobladores del Bajo Cauca, fundamentalmente de Caucasia aunque no se excluyen los otros municipios. Todo es presionándolos para que salgan al bloqueo. Les dicen que si no participan en los bloqueos habrá una responsabilidad personal de quien no intervenga”.

Por esa presión ilegal, ¿no se han logrado acuerdos?

“A pesar de las ofertas que se han hecho para que se pueda iniciar la discusión, que inclusive comprenden proyectos agromineros, no ha sido posible iniciar esa conversación. Hay mineros que fueron antes agricultores, los desplazaron y terminaron en esta región. Ellos tendrían interés en desarrollar proyectos agroindustriales que es la apuesta del Gobierno. Mi percepción es que son los del Clan quienes impiden que los pequeños mineros, que tendrían grandes beneficios sentándose ya a desarrollar planes, lo puedan hacer”.

¿Quién del Clan del Golfo lidera esto? ‘Otoniel’ fue extraditado, mataron a ‘Siopas’ y se supone que están en la paz total...

“La situación es que con el planteamiento del cese al fuego, que ha tenido efectos benéficos en cuanto a acciones operativas del Clan y de los otros grupos que están en esto, sí se ha rebajado sustancialmente en operaciones de confrontación y en acciones que venían realizando. Pero hay un problema adicional y es que el cese del fuego no ha significado una mejoría sensible para las comunidades. Continúan las actividades delictivas”.

¿Ni el Clan ni los otros ilegales, pese al cese al fuego, han reducido sus acciones ilícitas?

“No. Han cesado es en la confrontación. Lo que se dispuso en los decretos del 31 de diciembre es que cesaban de parte de la Fuerza Pública las operaciones ofensivas, que implican la búsqueda y confrontación del enemigo; esto es lo que se ha suspendido. Pero la Fuerza Pública continúa con toda su facultad, competencia y responsabilidad de enfrentar manifestaciones criminales y particularmente respecto de estas organizaciones ilegales que se traducen en narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, y sobre las cuales la Fuerza Pública, militar o de Policía, no puede cruzarse de brazos”.

Donde el Clan presiona por el paro, ¿se va a usar la fuerza?

“El Gobierno lo ha dicho y lo va a mantener: no hay conversaciones bajo presión de bloqueo. Este gobierno está siempre abierto al diálogo. Para esa disposición de diálogo y búsqueda pacífica de soluciones sabemos que hay muchas situaciones de esperanzas frustradas que afectan a las comunidades, y que hay un reclamo en todo el país por mejorar condiciones concretas de existencia. El Gobierno tiene toda la voluntad. Pero con esas aspiraciones represadas, e inclusive tantos compromisos incumplidos, como el de Los Pozos que venía de 2018 o 2019, se ve una situación social realmente difícil”.

Desarrollar un distrito minero, ¿no es legalizarles a los mineros la ilegalidad?

“De un lado hay zonas que por las afectaciones ambientales son, como lo definen los ministerios de Ambiente y de Minas, excluibles y no pueden ser objeto de explotación. Esa es una definición del mapa minero que se está trabajando. Y hay áreas que sí pueden ser explotadas y se pueden conceder licencias mineras. El distrito minero no es abrir la zona a la explotación indiscriminada. El uso del mercurio es inaceptable, por todo el deterioro que produce en la región del Bajo Cauca y en La Mojana arrastrado por los ríos. El distrito minero supone una explotación responsable de los recursos y eso debe incluirse dentro del acuerdo que tiene que hacerse”.

La falta de acción de la Fuerza Pública, que se ve como un relajamiento operativo, ¿desata conflictos entre ilegales para disputar territorios?

“Cuando se dio lo de Putumayo, que fue el año pasado antes de estos decretos de cese bilateral y que la Fuerza Pública no tenía limitación, existió una gran confrontación entre la ‘Carolina Ramírez’ y ‘Comandos de Frontera’ que dejó más de 20 muertos. No creo que tenga incidencia la falta de confrontación armada de las Fuerzas Militares para que las acciones entre esas organizaciones se den. Con o sin cese eso ha existido. Por eso, se planteó la necesidad de un cese multilateral que implicaba que los diversos actores con capacidad armada en un territorio entren en cese entre ellos. Pero por la situación de no beneficiar de la manera como debe ser a la población, para que sienta los efectos benéficos del cese, que no los está sintiendo, planteaba el Presidente que estamos en el nivel de parar la confrontación armada entre el Ejército y la organización ilegal, y a lo que tenemos que llegar es al cese de hostilidades que deja la actividad delictiva”.

El presidente Gustavo Petro designó desde el inicio de su Gobierno a Iván Velásquez como su ministro de Defensa. <b>Foto: Jaime Pérez Munevar</b>
El presidente Gustavo Petro designó desde el inicio de su Gobierno a Iván Velásquez como su ministro de Defensa. Foto: Jaime Pérez Munevar

¿Eso cuándo se da?

“En eso está trabajando el Comisionado de Paz. Con una acción mucho más robusta de la Fuerza Pública tenemos que llegar a ese punto. Pero en los planes definidos para los próximos años en las Fuerzas Militares, como el plan Ayacucho o el San Mateo, se tiene otra posibilidad de enfrentar a las organizaciones ilegales más allá de la confrontación armada. Eso tiene que ver respecto del narcotráfico, que está en el centro de todas las violencias, para enfrentarlo sacando de la ecuación a los campesinos cultivadores”.

Hay un sector que piensa que la Fuerza Pública está maniatada...

“No. La Fuerza Pública no está maniatada. En las instrucciones, y lo que yo he visto de los documentos del Comando de Fuerzas Militares que se irradian a todas las tropas, y que tienen que ver con las operaciones que deben llevar a cabo, en las que están excluidas exclusivamente las operaciones ofensivas, y eso siempre está subrayado por lo que no hay desconocimiento, todo está dirigido en un sentido: continuar en la represión de actividades delictivas, haciendo presencia en territorios y extendiendo el control territorial”.

Pero con lo que pasó en San Vicente del Caguán sí se dio esa impresión...

“No es que la Policía no reaccione, lo que pasa es que lo que estaba planteado en ese momento en Los Pozos era una Policía dentro de las instalaciones de la empresa minera para impedir una toma de las instalaciones. Pero sucedió un hecho imprevisto de un asalto multitudinario que arrasó a ese grupo del antiguo Esmad. Centenares de campesinos entraron y estos escuadrones antidisturbios no están armados. Es decir, tienen lanzagranadas para los gases, por ejemplo, pero no tienen armas de fuego. Cuando ingresa esa cantidad de gente no hay una posibilidad de reacción para detener lo que era como una turba avasalladora. Frente a las instalaciones hay un pelotón del Ejército que se ha mantenido en ese punto, que solo hubiera podido reaccionar con las armas”.

Los redujeron y secuestraron...

“La valoración que en ese momento hacen los propios policías que están entrenados para situaciones de gravedad, y lo hablé con algunos de ellos cuando fueron liberados, es que estaban en una situación muy complicada en la que estaban rodeados y con cierta agresividad de muchos de los participantes del acorralamiento. Y comenzaron a conversar con ellos para bajar los ánimos y se logró que no hubiera una acción violenta contra la Policía”.

Pero un policía y un campesino murieron...

“Eso fue en el primer momento del ingreso, pero se logró estabilizar la situación con ese diálogo. ¿Cómo no se envía, que es un reclamo que hacen muchos, apoyo para rescatar a los policías? El envío de apoyo en esas condiciones lo que iba a significar era una confrontación. Hay que agotar los recursos del diálogo, que es lo que efectivamente se hizo, y 36 horas después se logró que liberaran a estos policías”.

Hay quienes piensan que si se hace uso de la autoridad se pueden evitar muertes como estas de Los Pozos...

“El Undmo (antiguo Esmad) estaba para contener un propósito de toma de la empresa, podríamos decir en condiciones más o menos normales y no tan desbordadas. Otra cosa es pensar desde aquí y otra en la situación concreta en el lugar donde se está presentando algo. Y esto de 5.000 o 6.000 personas que están rodeando un extenso territorio, porque eso se veía hacia las lomas, es una situación excepcional que con el mayor profesionalismo no se hubiera podido controlar”.

¿Por qué no actuó el pelotón del Ejército que estaba ahí cerca?

“Me decía un mayor que estaba allá al frente que si hubieran intervenido solo se hubiera podido hacer disparando, y frente a esa cantidad de gente que se estaba tomando las instalaciones se presenta una reacción y habría 20 o 30 muertes. Creo, y por eso llamo a valorar con mucha objetividad una situación particular, que hay que privilegiar la vida. Tenemos que buscar caminos de autoridad y de respeto por la vida”.

El Clan del Golfo saca gente a paro, muestra control territorial. ¿Qué busca, reconocimiento político o un pulso al Estado?

“No que es que estén midiendo ahora el pulso. Creo que por muchas situaciones, que no es momento de revisar, el Clan del Golfo ha tenido la capacidad y posibilidad de fortalecerse desde un tiempo anterior. Desde la época de la guerra total, revisadas las cifras de cada una de las organizaciones armadas ilegales, en todas ha habido incremento de sus componentes y extensión de presencia en territorios. Cuando llegamos, el 7 de agosto, encontramos unas organizaciones fortalecidas que demostraron con el Gobierno (de Iván) Duque también esa capacidad, como el paro armado cuando se extraditó a ‘Otoniel’. Una forma de desactivar eso hacia la paz total es con las ofertas del Gobierno, con negociaciones políticas o conversaciones jurídicas que se han expuesto. El propósito es lograr que esas organizaciones se sometan o accedan a acuerdos. Pero esto tampoco implica la superación de estas situaciones”.

Si la paz total no es suficiente, ¿cómo atacar el narcotráfico?

“Siempre que haya demanda, va a haber oferta y ese es un principio irrebatible. En lo que tenemos que concentrarnos es en cómo neutralizar y disminuir sensiblemente la producción y exportación de cocaína. Hay una estrategia que apunta a enfrentar producción, exportación y rendimiento económico, como la riqueza generada en el narcotráfico. En la producción el tema va dirigido fundamentalmente a la destrucción de laboratorios e incautación de insumos, porque la consideración del Gobierno es que con la afectación a los campesinos cultivadores de coca mediante la erradicación forzada no se logra ni siquiera controlar el fenómeno. Cuando se utilizaba glifosato, la producción de cocaína era superior a las mil toneladas: en 2020 fueron 1.200 toneladas y en el 2021, 1.400 toneladas. La erradicación forzada da lugar al 62% de resiembra, que es cuando no hay una acción concertada para la erradicación; pero, cuando la hay, esa resiembra es del 2%. Lo dice la ONU”.

Este año los cultivos de coca se van a disparar...

“La manera como se puede controlar efectivamente esta actividad de los campesinos en los cultivos de coca es que haya una oferta desde el Gobierno para que se dediquen a la actividad productiva legal, como alimentos o con proyectos agroindustriales que les den ingresos. Pero el PNIS se encontró desfinanciado cuando llegó este Gobierno, y ahora se han apropiado recursos para fortalecer un proyecto de sustitución que incluya proyectos esencialmente agroindustriales. En muchas partes están los reclamos de familias cultivadoras por compromisos que se hicieron y no se cumplieron, lo cual genera desconfianza en el Estado”.

También habló, Ministro, de una fase contra la producción y exportación de cocaína...

“Vamos a fortalecer la inteligencia vinculada con la investigación judicial y con la operatividad para identificar laboratorios que tienen que ser destruidos, para la incautación de sustancias que son con las que se produce la cocaína. Desde hace muchos años, y que yo conocía, entre la cabecera municipal del municipio de Argelia y el corregimiento El Plateado de ese municipio, que son 20 kilómetros, hay 17 estaciones de gasolina que alcanzan para proveer todo el departamento del Cauca y queda sobrando. ¿Para qué es esa gasolina fundamentalmente?”.

Todos esos análisis, ¿cuándo se comienzan a concretar?

“Se necesitan controles en la venta de cemento y de gasolina, y, por otro lado, la determinación y acción, y de ahí los planes de inteligencia para identificar los productos que van dirigidos a los laboratorios. Esa es una tarea específica para la comunidad de inteligencia del país. Una instrucción que es perentoria del Presidente es que la interdicción de cocaína tiene que alcanzar cifras históricas. El Gobierno no patrocina y no tolera el narcotráfico”.

¿Cómo regresa la plata que ganan los narcos sacando coca?

“Ya comenzamos a encontrar la demostración objetiva del fenómeno: la mercancía que sale como cocaína de Colombia regresa al país como contrabando. Son miles de millones. Los decomisos de los Sanandresitos son distractores. Estamos trabajando con la Dian y con la Policía Fiscal y Aduanera, porque las marcas que aparecen en algunas panelas de cocaína, como una especie de sello, las hemos detectado en contenedores de mercancías que llegan con las mismas marcas. Es decir, pertenece a una misma organización de narcos”.

Cuando usted llegó al Ministerio se hizo una barrida de oficiales y varias voces advirtieron que eso golpeó la inteligencia y otras áreas. ¿Qué responde?

“Yo creo que las Fuerzas Militares se deben examinar como un conjunto, en el que tienen una importancia las individualidades, pero los procesos son colectivos. Hay un fortalecimiento o no de una institución, que no se podría determinar por la presencia o no de un general. Son procesos de formación de mucho tiempo. Los coroneles, por ejemplo, tienen 30 o más años de experiencia. Siempre hay procesos de sustitución y relevo”.

¿La barrida fue necesaria? De todos modos salieron muchos altos oficiales...

“Esas eran decisiones necesarias en un proceso de fortalecimiento de las fuerzas. Unos tenían compromisos por supuestas violaciones a los derechos humanos y esas personas decían que dónde estaban las condenas. Todavía nos hemos encontrado investigaciones de hasta 15 años sin ser resueltas, sobre lo cual también hay que llamar la atención”.

¿Ya habló con el Fiscal para que se le dé celeridad a este tema?

“Le he planteado la necesidad de que la Fiscalía evacúe esto. Y es que todo tiene que priorizarse de acuerdo con la gravedad de los hechos. En cuanto a los que pidieron el retiro en estos días, los oficiales de la Policía, esa situación es muy normal y se produce en la Policía y en las Fuerzas Militares” .

¿Colombia es un país más seguro desde el 7 de agosto? Los críticos dicen que, por el contrario, eso se ha deteriorado, que siguen las masacres y que matan a los líderes sociales como siempre...

“Es un proceso que no se alcanza de un día para otro ni con el solo cambio de un Gobierno. Estamos en el desarrollo de políticas dirigidas hacia eso y a que se realicen acciones positivas y vamos a encontrar resultados. Es la misma situación que se plantea respecto de las aspiraciones sociales: que llegó el 7 de agosto un Gobierno que tiene los postulados, programas y propuestas sociales como su principal línea no significa que el 8 de agosto se haya acabado el hambre, eso tampoco es posible el 7 de agosto de 2023. La cuestión es que se están desarrollando políticas ciertas, reales, dirigidas a disminuir todo eso y que permitirán tener la capacidad de respuesta”.

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