JEP prepara su primera sentencia en un tema polémico: secuestro

Delito de esclavitud tiene frenado el caso de Secuestro, uno de los que más ha avanzado.

La JEP incluyó el delito de esclavitud en uno de sus macrocasos. Jefes de las exFarc como Rodrigo Londoño se niegan a aceptarlo. FOTO Cortesía

Daniela Osorio Zuluaga

11 de enero de 2022

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Secuestro. Por ese flagelo que se dio durante varios años en el conflicto armado podría presentarse la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El macrocaso 01 –de Secuestro– que llevaría a tal decisión lo tiene en sus manos la magistrada Julieta Lemaitre, quien hace unos días reveló en EL COLOMBIANO que este avanzó en su fase de imputación, por lo cual se prepara para enviar el caso al Tribunal.

Sin embargo, su rumbo se vio trastocado en 2021 con un polémico delito que se añadió a la lista, y que de inmediato alarmó a los máximos exlíderes de las Farc. Se trata del delito de esclavitud, el cual estos excombatientes no aceptan haberlo cometido.

Mientras avanzan las discuiones entorno a él, el macrocaso 03 también podría dar de qué hablar este año. En este se investigan las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, más conocidas como falsos positivos. No obstante, en ambos macrocasos será el Tribunal de la JEP el que finalmente defina las penas y castigos.

El delito de la discordia

El próspero camino del macrocaso de secuestro –hasta ahora el que más rápido avanzaba–, se frenó por el inesperado delito de esclavitud. Pese a que la JEP no había añadido ese cargo en la imputación inicial, decidió hacerlo a última hora por una recomendación de la Procuraduría.

Ahí nació la discordia, porque los siete exmiembros del secretariado de las Farc no lo aceptan, a pesar de que reconocieron sus responsabilidades en todos los demás delitos que les imputó la JEP, “principalmente porque no se siguieron los conductos regulares y porque no le corresponde a esa magistratura imputar ese cargo de esclavitud, sino al Tribunal”, tal como le dijo a este diario Camilo Fagua, abogado de los comparecientes.

En un reciente pronunciamiento sobre ese delito –que busca que los exFarc reconozcan que sometían a trabajos forzosos a los secuestrados–, la JEP concedió parcialmente un recurso de reposición interpuesto por la defensa.

En dicho auto 279 de 2021 –conocido por este diario– la Jurisdicción fue clara en que mantenía el delito porque “hay bases suficientes para determinar que la conducta sí existió”, pero reconoce que violó el debido proceso al no haber dado a los comparecientes la oportunidad de hacer observaciones frente a la calificación jurídica del crimen de lesa humanidad de esclavitud.

Bajo ese contexto, la Sala de Reconocimiento de Verdad le dio un plazo de 30 días hábiles a la defensa de los comparecientes para hacer las observaciones que consideren, para así estudiar el caso.

Pero la defensa no piensa cambiar la postura. Fagua confirmó que ya están preparando el documento con el que le responderán a la Sala –cuyo plazo vence el 28 de enero–, y que los comparecientes se negarán a reconocer el delito “más allá de que se crean responsables o no, por el hecho de que no corresponde a este momento del proceso”.

Así las cosas, el macrocaso 01 deberá solucionar la imputación del delito de esclavitud para avanzar a la audiencia con víctimas y tramitar el caso al Tribunal, pero, según fuentes de la JEP y de la defensa, ese paso podría tardar incluso hasta la segunda mitad de este año, por lo que la confirmación de la sentencia en este 2022 aún está en vilo.

“Va a ser complicado porque no hemos hecho este trámite nunca, no sabemos cuánto se pueda tardar y aún falta recoger toda la documentación de secuestro que logró recolectar la justicia ordinaria, para pasarla junto a las conclusiones a las que se llegaron en la Sala, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuánto puede tardar ese proceso”, dijo una de las fuentes que trabaja en el caso secuestro.

Falsos positivos

Justo en febrero de 2021 se conoció uno de los principales hallazgos de la JEP en el macrocaso 03, cuando la Sala de Reconocimiento confirmó que al menos 6.402 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008.

10 meses después de esa afirmación, el 10 de diciembre de ese mismo año, 21 miembros del Ejército y un civil reconocieron ante la Jurisdicción su responsabilidad en 247 casos de falsos positivos. Entre ellos, se encuentra el nombre del general (r) Paulino Coronado Gámez, el oficial de más alto rango en aceptar su participación en estos hechos.

Durante este año, la JEP deberá continuar avanzando en ese caso para llegar a la audiencia con las víctimas y, si los trámites se dan con agilidad, enviar el caso al Tribunal.

Lo cierto es que ambos casos avanzan a ritmos diferentes por la naturaleza de los juzgados –que en un caso son exguerrilleros y en el otro son agentes del Estado– y por la metodología con la que los evalúa la JEP. Mientras que el de falsos positivos se investiga de abajo hacia arriba, evaluando a los soldados rasos y revisando hasta dónde escaló la conducta; en el de secuestro los magistrados evalúan de arriba hacia abajo, investigando primero a los máximos responsables, que en este caso son los exmiembros del secretariado, y revisando hasta donde permearon las órdenes.

En todo caso, y pese a que los avances más notorios se esperan en estos dos casos, la JEP también deberá proferir las imputaciones de los otros cinco macrocasos abiertos: reclutamiento, exterminio de la UP y los casos territoriales de Nariño, Cauca y Urabá; y detallar en qué consisten los otros tres que prometió abrir en 2022, relacionados con afectaciones a pueblos étnicos, paramilitarismo y otros crímenes de las Farc.