El expediente contra la supuesta red de testaferros de alias “Douglas”, el principal vocero de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de paz con el Gobierno, levantó polvareda política y cuestionamientos judiciales que aún resuenan entre la opinión pública, pues lo que parecía ser un golpe de autoridad contra la mafia terminó estrellado contra los juzgados por la supuesta falta de rigor en las pruebas, y ninguno de los detenidos cayó a la cárcel.
El caso comenzó a enredarse el 6 de junio de 2025, cuando el Juzgado 71 Penal Municipal de Bogotá, con funciones de control de garantías, expidió seis órdenes de captura dirigidas a golpear la estructura financiera de la organización criminal “la Terraza”.
Los afectados con la medida fueron Diana Marcela Olaya Galeano y Daniel Muñoz Olaya, exesposa e hijo de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), líder histórico de esa banda y de “La Oficina”, la confederación que agrupa a cerca de 200 combos del Valle de Aburrá.
En la lista también estaban Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), antiguo lugarteniente de “Douglas” y exjefe de “La Terraza”, y su expareja Johanna Andrea Yepez Bedoya.
Al igual que Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y la hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro lugarteniente que fue asesinado por sicarios en 2024.
Dichas órdenes de arresto eran por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Antes de que la Dijín de la Policía ejecutara las capturas, la información del operativo se filtró y, según fuentes cercanas a la situación, llegó a la cárcel de Itagüí, donde pernoctan “Douglas” y los representantes del crimen organizado del área metropolitana.
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Terceras personas, cuyas identidades las fuentes quisieron reservar, se arrimaron a la Alcaldía de Medellín a decir que iban de parte de la mesa de paz, y que si aquellas capturas se concretaban, se desataría una oleada de violencia en las calles.
Los mensajes también llegaron a la Policía y a la Casa de Nariño, donde hubo preocupación por el desenlace. “Incluso llamaron a algunos de los investigadores a Bogotá, a preguntarles si eran necesarias las capturas”, contó uno de los funcionarios consultados.
A pesar de la presión que rodeaba el caso, la Fiscalía Sexta de la Unidad de Lavado de Activos siguió adelante con la operación, la cual se ejecutó el 9 de junio pasado con cuatro allanamientos en Medellín, Envigado y Armenia.
Fueron capturados “Yordi”, Vilma Granados, Luisa Rojas y Diana Olaya, quien curiosamente estaba esperando a los policías con un abogado; su hijo Daniel Muñoz se escabulló, pero una semana después se entregó voluntariamente. En cuanto a Johanna Yepez, no fue detenida porque vive hace años en Estados Unidos.
El golpe fue anunciado con pomposidad por la Policía, y en su reporte la Dijín informó que “se logró establecer que habían realizado operaciones de lavado de activos por un monto estimado de 1,4 millones de dólares”.
Sin embargo, cuando los implicados fueron presentados en el juzgado, las pruebas recolectadas quedaron en entredicho. ¿Qué ocurrió?
Evidencia insuficiente
EL COLOMBIANO tuvo acceso a documentos del expediente e información de las audiencias de control de garantías, hasta ahora inéditos, con los detalles de la diligencia.
La Fiscalía hizo una reseña histórica de “La Terraza”, la banda que nació en los 80 en el nororiente de Medellín, que trabajó para el cartel de Pablo Escobar, los paramilitares de “don Berna” y “La Oficina”, y se dedica al sicariato, narcotráfico, extorsiones, secuestros, desapariciones, lavado de activos y corrupción estatal, entre otros delitos.
Su línea de mando no es totalmente vertical: aunque tiene un líder más visible, que es “Douglas”, está formada por una serie de estructuras de jerarquía horizontal, cada una con su propio cabecilla, combos aliados y territorio definido. Es, en síntesis, una banda de bandas, que actúan en las comunas de Manrique, Aranjuez, La Candelaria y Castilla, además de Envigado, Sabaneta y el Oriente y Suroeste antioqueños.
El ente acusador hizo énfasis en la pertenencia a esa agrupación de algunos de los capturados y su relación con los familiares procesados. También llevó al juzgado registros mercantiles, declaraciones de renta, extractos bancarios y compraventas, para exponer los supuestos blanqueos de capitales y enriquecimiento ilegal.
Diana Olaya ya había sido condenada por lavado a cuatro años de detención domiciliaria, y al momento de su captura estaba pagando la pena. En ese mismo caso fue sentenciado su cuñado Gerardo Muñoz Martínez, hermano de “Douglas”.
En ese expediente anterior, a Olaya la acusaron por incrementos patrimoniales de 2011 a 2017, y en el presente caso (que comenzó en 2021) la Fiscalía retomó el análisis financiero de 2017 en adelante.
En la Cámara de Comercio de Envigado, la mujer de 49 años figura como fisioterapeuta, vinculada a un centro de rehabilitación física.
Al analizar la compraventa de inmuebles y vehículos, los Reportes de Operaciones Sospechosas de la Uiaf y las bases de datos de la Dian, “la señora Diana Olaya presenta un incremento patrimonial no justificado por un valor consolidado de $2.570’389.855, representado en depósitos bancarios no justificados, en la adquisición de bienes muebles e inmuebles de 2004 a 2021”, inquirió la Fiscalía.
En relación a su hijo Daniel Muñoz, de 28 años, el supuesto incremento patrimonial es de $716’414.445 entre 2015 y 2021. Él se dedica al comercio de vehículos y Bitcoin, así como a préstamos a interés.
Por su parte, “Yordi” tiene como antecedente una condena de 16 años por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas, y regresó a la libertad en 2021. El ente acusador lo señaló ahora de ser presunto coautor de unos movimientos de lavado junto a su exmujer, Johanna Yepez, relacionados con la adquisición y venta de dos carros, cuatro motos y un apartamento entre 2006 y 2013, por un monto consolidado de $104’362.000.
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A pesar de las cuentas, el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, desestimó las pruebas con considerar que hubo falta de rigor en la investigación.
El juez cuestionó el hecho de que la Fiscalía hubiera traído al estrado declaraciones de testigos de procesos antiguos, muchos de los cuales se contradecían, o peor, los testimonio se repetían con distintos nombres, como si se tratara de un montaje.
“¿A usted no le parece una falta de cuidado que sus investigadores hayan pegado unos cuadritos allí (en el expediente) y no se hayan percatado que lo que estaba diciendo un testigo era exactamente lo mismo que decía otro?”, le preguntó a la fiscal.
También la fustigó por el uso de una fuente anónima, cuya información no fue confirmada con actos investigativos. “La hipótesis del posible lavado de activos porque son familiares o gente cercana, solo se trabajó con un anónimo (...). ¿Y qué acto de corroboración trae? Ninguno”.
Los registros tributarios tampoco fueron suficientes para lograr una inferencia razonable de culpa, por lo que el togado les concedió la libertad a “Yordi”, Olaya y su hijo.
En el caso de la viuda Vilma Granados y su hija Luisa Rojas, el escenario fue un poco distinto, ya que en el allanamiento les encontraron $363 millones en efectivo y 18 relojes de lujo. Aún así, les otorgaron el beneficio de la detención domiciliaria.
Johanna Yepez informó que comparecerá a la audiencia de imputación de forma virtual, desde EE. UU. La Fiscalía apeló las decisiones del juez, y el recurso será resuelto por un juzgado de conocimiento el 13 de agosto.
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¿Presiones políticas?
Las libertades concedidas cayeron mal entre las agencias de seguridad que trabajan para desmantelar las redes de “La Terraza” y “La Oficina”, y provocaron duras críticas a los investigadores a cargo de la operación. Pero también suscitaron controversias políticas entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional.
El alcalde Federico Gutiérrez declaró públicamente que la senadora Isabel Zuleta, delegada de la Casa de Nariño en la mesa con las bandas, trató de obstruir las capturas.
Ella lo negó y adujo que desde la administración municipal estaban lanzando ataques injustificados contra el proceso de paz.
Al respecto, “Yordi” se comunicó con este diario por medio de su defensa. “No conozco a la señora Isabel Zuleta, no sé por qué dicen que ella pidió que no me capturaran, si a mí me cogieron en mi casa”, expresó.
“Apenas salí de la cárcel me fui de Medellín, porque no quiero problemas con nadie. Si la Policía me ha hecho seguimientos, sabe que yo no voy a reuniones, solo salgo para llevar a mi hija al colegio”, aseveró Taborda.
Y concluyó que “estoy dispuesto a darle la cara al que sea, a la Fiscalía, al señor alcalde o al juez, porque no quiero problemas, yo ya me salí de eso. Por eso no quise meterme en esos temas de la mesa de paz, quiero estar alejado”.
Otro que quedó en la retina de la opinión pública fue “Douglas”. EL COLOMBIANO pudo establecer que la Fiscalía había solicitado una orden de captura en su contra por los mismos delitos, pero en la audiencia reservada el juzgado de control de garantías no la autorizó. Las razones permanecen en secreto.
El propio Muñoz Martínez atrajo los reflectores al declarar que su organización había apoyado a todos los alcaldes de Medellín en las elecciones, aunque sin presentar pruebas.
Ahora las investigaciones se concentran en otros personajes sospechosos de manejar sus negocios desde que él quedó preso en 2009. Uno de ellos es “Cátedra”, un empresario de textiles con contactos corruptos en la Policía y la Fiscalía, quien al parecer administra sus finanzas; y el otro es “El Sobri”, supuesto encargado del aparato militar.
Las seis personas procesadas hasta el momento, a pesar de no estar en la cárcel, deberán asistir a un eventual juicio, si es que las agencias de seguridad consiguen pruebas contundentes, en medio de un ambiente político cada vez más candente.
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