Dos decisiones judiciales, respaldadas por chats, audios, correos electrónicos y otros elementos probatorios, pusieron bajo la lupa la actuación de Laura Patricia García Mejía, exdirectora de Cooperación Internacional de la Cancillería y madre de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro (Pacto Histórico).
Según información conocida, dos juzgados ampararon los derechos de contratistas de la entidad que denunciaron presuntos episodios de acoso laboral y maltrato en su entorno de trabajo.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, los despachos judiciales encontraron indicios suficientes para concluir que las condiciones en las que algunas contratistas desarrollaban sus funciones se apartaban de lo inicialmente pactado en sus contratos.
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“Los elementos de juicio aportados revelan la utilización de un trato infantilizante y descalificador y, con especial gravedad, el empleo de expresiones que involucraron de forma directa la conducta suicida como reproche institucional “si le dicen que se suicide, pues no lo hace”, conducta que excede cualquier estándar admisible de comunicación en la función pública y constituye una flagrante afectación a los derechos a la dignidad humana, la salud mental y la integridad personal de la contratista”, se lee en uno de los fallos judiciales.
En uno de los fallos, el juez señaló que existieron expresiones y comportamientos que vulneraban la dignidad humana, la salud mental y la integridad personal de una de las demandantes, al tiempo que advirtió la existencia de un posible patrón de hostigamiento compatible con conductas de acoso laboral.
Es más, las denuncias conocidas por ese medio describen que varias contratistas habrían sido requeridas para ejecutar tareas ajenas al objeto contractual para el que fueron vinculadas.
Entre las labores mencionadas aparecen gestiones logísticas, coordinación de viajes, reservas hoteleras, trámites migratorios y otras diligencias relacionadas con asuntos personales o administrativos de la dependencia.
Las accionantes también afirmaron haber estado sometidas a una dinámica de disponibilidad permanente mediante aplicaciones de mensajería, incluso fuera de la jornada habitual.
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¿Qué medidas ordenaron los juzgados?
Uno de los juzgados ordenó adoptar medidas de protección para una de las contratistas, entre ellas apartar a García Mejía de la supervisión directa de sus actividades y designar un supervisor independiente para hacer seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La decisión se fundamentó en las pruebas aportadas durante el trámite judicial, entre las que figuran conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y registros de audio.
Las demandantes también sostuvieron que las presuntas situaciones de presión y maltrato tuvieron efectos sobre su salud física y mental.
Según los expedientes citados por El Tiempo, una de ellas reportó episodios de ansiedad y afectaciones médicas asociadas al estrés, mientras que otra aseguró haber acudido sin éxito a los mecanismos internos de convivencia laboral en busca de medidas preventivas.
La Cancillería rechazó haber vulnerado derechos relacionados con el pago de honorarios y argumentó ante los jueces que las obligaciones económicas derivadas de los contratos fueron atendidas de manera oportuna. Sin embargo, los despachos consideraron que existían elementos suficientes para adoptar medidas de protección mientras se evaluaban de fondo los hechos denunciados.
¿Qué respondió la Cancillería sobre las denuncias?
Consultado por El Tiempo, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, confirmó que recibió quejas relacionadas con el trato que algunas contratistas afirmaban recibir por parte de García Mejía. Según explicó, trasladó la información a la Oficina de Control Interno Disciplinario y promovió la reubicación de algunas de las personas que solicitaron cambios en sus condiciones de trabajo.
Por su parte, García ha negado las acusaciones y sostiene que detrás de las denuncias existe una campaña orientada a afectar su reputación.
El caso cobró mayor relevancia luego de que, el pasado 30 de julio, su hoja de vida fuera publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia para ocupar un cargo de asesor grado 16 en la Cancillería.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué investigan por acoso laboral a Laura Patricia García Mejía en la Cancillería?
- Dos decisiones judiciales ampararon los derechos de contratistas de la Cancillería que denunciaron presuntos episodios de acoso laboral, maltrato y asignación de funciones ajenas a sus contratos por parte de Laura Patricia García Mejía, exdirectora de Cooperación Internacional de la entidad y madre de la representante María del Mar Pizarro.
- ¿Qué evidencias sustentan las denuncias contra Laura Patricia García Mejía en la Cancillería?
- Los fallos judiciales se fundamentaron en chats de WhatsApp, audios y correos electrónicos presentados por las contratistas. Según las demandas, las trabajadoras eran requeridas fuera de su horario laboral para realizar trámites personales y logísticos ajenos a su contrato, lo que generó cuadros de ansiedad y afectaciones a su salud mental y física.
- ¿Qué medidas de protección ordenaron los jueces a favor de las contratistas de la Cancillería?
- Un juez ordenó apartar a Laura Patricia García Mejía de la supervisión directa de las contratistas y designar un supervisor independiente para dar seguimiento a sus labores. Asimismo, el viceministerio trasladó las denuncias a la Oficina de Control Interno Disciplinario y promovió la reubicación de las funcionarias afectadas.
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