Dos enclaves del narcotráfico en Nariño y Norte de Santander están en la mira del nuevo gobierno, para iniciar el despliegue de lo que Abelardo de la Espriella ha llamado “la combinación de todas las formas de lucha contra la cocaína”. Esos lugares coinciden con sitios estratégicos protegidos por las fallidas negociaciones de la “paz total”.
Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía le contaron a EL COLOMBIANO que las áreas seleccionadas están ligadas al diagnóstico conjunto entre esa entidad y la Oficina contra el Crimen y la Droga de Naciones Unidas (Unodc), que fue revelado a la opinión pública hace un mes.
Después de todas las trabas que puso el gabinete de Gustavo Petro para tratar de acomodar y minimizar el impacto de las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), lo que retrasó más de un año su publicación, una de las conclusiones de este documento es que hubo un par de zonas cercanas a las líneas limítrofes con países vecinos que incrementaron su producción de manera estrepitosa.
La primera es el enclave denominado Frontera Tumaco, ubicado en el municipio nariñense del mismo nombre, a pocos kilómetros de Ecuador.
Según el Simci más reciente, entre 2023 y 2024 los cultivos de coca aumentaron un 43%, esto implica que Tumaco pasó de 23.000 hectáreas detectadas a 31.300, convirtiéndose en el municipio con más sembradíos ilícitos de Colombia.
Las áreas contaminadas abarcan el resguardo indígena Inda Zabaleta y los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera, estos últimos habitados por familias afrodescendientes.
No deja de llamar la atención que Tumaco es el centro de operaciones de los Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación de Nacional (ELN) que estuvo en conversaciones de paz con el Gobierno Petro desde 2023.
Esto implica que mientras sus negociadores dialogaban con los delegados de la Casa de Nariño, la coca se incrementaba en ese territorio, en vez de reducirse, como lo prometieron ambos bandos a la sociedad.
En ese resultado negativo tuvo que ver el cese de operaciones militares, buscando sostener los réditos políticos que obtenía el gobierno con las comunidades, mientras continuaba la mesa de paz.
El segundo enclave que disparó su producción fue Catatumbo-Barí, en Norte de Santander, cerca de Venezuela, que de 2023 a 2024 subió un 10% en su área cosechada.
En esta zona, el municipio de Tibú representa el desafío más grande en cuestión de narcotráfico: pasó de 23.030 hectáreas (ha) a 25.911 ha, siendo el segundo con más cultivos ilegales.
Según Unodc, la mayor concentración de cultivos se da en los bordes de ese pueblo con El Tarra y el centro poblado Las Mercedes, de Sardinata.
Este triángulo ha sido desde 2025 el escenario de un brutal conflicto entre el ELN y el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que dirige Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).
El pleito se intensificó desde enero del año pasado, con más de 120 muertos de lado y lado y más de 64.000 civiles desplazados.
Y en medio de tal conflagración, el gobierno anterior y el frente 33 acordaron que en Tibú se instalaría una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para concentrar a varios de sus combatientes, con fines de desmovilización.
El plan no alcanzó a ejecutarse, pero en el aire quedó la duda de por qué la Presidencia de ese entonces había aceptado agrupar a delincuentes de esa facción en un sitio tan cocalero, si la idea era desligarlos de las economías ilegales.
El mapa de los enclaves
Un enclave de cocaína es un sector en el que se unifica toda la cadena del narcotráfico (cosecha, laboratorios de procesamiento y rutas de transporte para la exportación), con un volumen de producción de nivel industrial y técnicas de trabajo especializadas.
Unodc añade a esta definición otra característica: que se trata de un territorio “que en los últimos cinco años ha presentado una concentración de cultivos de coca altamente significativa (hectáreas sembradas por kilómetro cuadrado) y en el que la persistencia del fenómeno ha sido superior a cuatro años”.
Los primeros siete enclaves se detectaron en 2019, tiempo en el cual Colombia contaba con 154.476 ha de coca; en 2024 se documentaron 15 enclaves y 261.000 ha, lo que refleja que los dos gobiernos anteriores no pudieron frenar la tendencia al alza.
Los 15 enclaves se distribuyen en Nariño, Putumayo, Cauca, Valle, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander (ver el mapa), y atacarlos es complicado porque están custodiados por los principales grupos armados ilegales, sus centinelas y campos minados.
Esos lugares concentran el 44% todos los sembradíos, es decir, 114.000 ha.
Las fuentes policiales cuentan que, además de los dos seleccionados para intensificar las operaciones antinarcóticos en Tumaco y el Catatumbo, hay otro par que también están en carpeta, pendientes de que se concrete la nueva cúpula de la Fuerza Pública para trazar el plan de ataque completo.
Uno de esos enclaves pendientes de priorizar es Timba-Jamundí-Buenos Aires, un triángulo estratégico en la frontera de Cauca y Valle, fuertemente custodiado por el frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia fariana de Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”).
El otro también es explotado por esta organización, pero en límites de Cauca y Nariño: el enclave Policarpa - Patía, que abarca cuatro municipios bañados por los ríos Patía y San Pablo, en medio de una espesa selva.
El boceto del plan
“Volveremos a todas las formas de erradicación de la coca, desde la fumigación aérea hasta la sustitución manual de cultivos, a la destrucción sistemática de laboratorios, a la interdicción sobre corredores estratégicos y a la persecución real de finanzas y cabecillas que serán extraditados a la mayor brevedad”. Esta fue la promesa de De la Espriella en su programa de campaña.
Ya en ejercicio de su cargo, ha dicho que para la fumigación aérea no usará glifosato, dado que está restringido por la Corte Constitucional desde 2015, sino que implementará otra clase de herbicidas que no son nocivos para los humanos.
Es importante indicar que el Gobierno Petro tenía suspendida la erradicación de cultivos por vía aérea, esperanzado en que los programas de sustitución manual voluntaria y la interdicción de cargamentos de exportación afectarían el negocio; sin embargo, al darse cuenta de que las cosechas seguían creciendo, y ante la presión de Estados Unidos y Europa, decidió implementar la fumigación terrestre con herbicidas.
El plan comenzó tarde, en diciembre de 2025, a menos de un año de finalizar el mandato, pero con una serie de restricciones autoimpuestas que terminaron restándole impacto en el campo.
“Esta medida no corresponde a aspersión aérea, ni es masiva o discrecional. Se trata de una operación terrestre, a baja altura, con control visual directo, mínima deriva y tecnología especializada, que se aplicará únicamente en zonas donde otras modalidades no son viables. La erradicación se realizará con drones Eatband, operando a 1,5 metros sobre el dosel, lo que reduce de manera significativa la dispersión del herbicida frente a la aspersión aérea tradicional”, reportó el Ministerio de Justicia en ese momento.
La idea de De la Espriella es usar aeronaves con pilotos para hacer un barrido masivo, como se hacía en el país antes de los Acuerdos de Paz de La Habana con las Farc, una medida extrema que fue denunciada por varias comunidades campesinas (por afectaciones a la salud, a los cultivos legales y corrientes de agua), pero que produjo una reducción histórica de la coca a 48.000 ha en 2012.
La financiación al parecer será aportada, en gran medida, por el gobierno de Donald Trump, en el marco de la Coalición de las Américas contra los Carteles, la recién creada red de 19 países de la región.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la semana pasada que el presidente De la Espriella, al entrar en dicha coalición, autorizó operaciones conjuntas en suelo nacional para atacar a los narcos, lo que pone en la mira los enclaves del Pacífico y la frontera con Venezuela.
La punta de lanza de los norteamericanos en Colombia será la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, que desde el año pasado ha venido bombardeando las lanchas de los traficantes en altamar.
La fumigación aérea implica una serie de contratos y papeleos que hace difícil su implementación inmediata, aunque De la Espriella ha reiterado en varias ocasiones que esa será una de sus prioridades en los primeros 90 días de su mandato.
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