La Fiscalía General de la Nación impuso medidas de embargo y extinción de dominio sobre un patrimonio que supera los 143.000 millones de pesos, compuesto por lujosas residencias, oficinas, vehículos de alta gama y sociedades comerciales vinculadas a una red de narcotráfico que utilizaba empresas exportadoras de aguacate para lavar dinero.
Las imágenes de los operativos permiten dimensionar el nivel de vida que alcanzaron los implicados gracias al negocio ilícito. Entre los bienes se encuentra una casa de dos pisos con diseño moderno en ladrillo a la vista, amplios ventanales, garaje cubierto y jardines exteriores. La propiedad, fue ocupada por agentes del CTI con apoyo del Ejército Nacional.
En otros puntos de Antioquia - Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó-, la Fiscalía también ocupó oficinas con mobiliario y equipos de cómputo, desde donde se habrían coordinado operaciones comerciales para dar apariencia de legalidad a los recursos provenientes del envío de clorhidrato de cocaína a otros países.
A la lista se suman apartamentos en zonas residenciales de alto valor, algunos en torres con vigilancia privada, además de 18 vehículos de gama alta que habrían servido tanto para uso personal como para ocultar transacciones del clan familiar que controlaba la red.
De acuerdo con la investigación, los bienes estaban a nombre de personas cercanas y familiares de los narcotraficantes para evadir el rastreo de las autoridades. Sin embargo, los fiscales especializados lograron reconstruir el esquema financiero y documentar el origen ilícito del patrimonio.
“Labores investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que fueron adquiridos bienes muebles e inmuebles y puestos a nombre de personas cercanas o familiares para evadir el rastreo de las autoridades”, afirmó la Fiscalía.
Los bienes quedarán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial que definirá su destino final.
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