La penúltima semana de sesiones en el Congreso de la República inició con saldo negativo para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La Comisión Cuarta del Senado le propinó un golpe al hundir, con el voto de nueve senadores, la reforma tributaria; entre tanto, en la Comisión Séptima de la misma corporación —que debate la reforma a la salud— la oposición y los sectores independientes se soban las manos con la noticia de ese hundimiento.
De esa manera, la derrota de la Casa de Nariño podría ser peor para el final de la semana, pues su apuesta de cambio social más ambiciosa tambalea y, con una campaña al Congreso para 2026 en marcha, la posibilidad de sacarla adelante el otro año es casi nula.
Lo cierto es que la caída de la tributaria golpea la suerte de la reforma a la salud. Como lo advirtió a finales de octubre la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), parte de los recursos para sostener los cambios que el proyecto implementaría estaban atados a esa ley de financiamiento.
Así que con ese argumento fundado la Comisión Séptima podría darle el golpe final a una reforma que tiene al sistema de salud en jaque. Por eso, su presidente, el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), anunció que “vamos a citar al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que nos diga ahora cómo queda este proyecto sin esos recursos que ellos tenían presupuestados”.
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¿Petro insistirá en la emergencia económica?
Luego de una “agonía” de tres semanas, los integrantes de la Comisión Cuarta del Senado hundieron el proyecto de reforma tributaria, con el que el Gobierno pretendía recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) del año próximo.
Ayer en la sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara, que se prolongó por casi dos horas, fue sometida a consideración y votada la ponencia positiva, que fue derrotada por 9 votos contra 4.
La decisión, que puso fin a tres semanas de deliberaciones, las dos anteriores suspendidas por falta de quórum en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, fue antecedida por las intervenciones de dos congresistas del Pacto Histórico que defendieron el texto.
Uno de ellos el representante Jorge Bastidas, quien reclamó espacio para explicar en detalle el texto de la iniciativa señalando que el Congreso había aprobado el PGN, sabiendo que era necesaria la ley de financiamiento para garantizar el monto fijado en $546,9 billones, el cual debe cubrir las obligaciones derivadas de la deuda, el Sistema General de Participaciones o los compromisos con los pensionados.
A este reclamo se sumó la senadora Sonia Bernal, defendiendo las bondades contenidas en el capítulo cuarto del texto, que apuntaba a optimizar el recaudo tributario por parte de la Dian, sin introducir nueva cargas tributarias.
Pese a las intervenciones en defensa de la reforma tributaria hecha por los congresistas del Pacto Histórico, ningún representante o senador de los movimientos de oposición al gobierno Petro tomó la palabra para refutar esas posiciones.
A renglón seguido se sometió a votación la ponencia positiva entre los congresistas de la Comisión Cuarta del Senado, quienes negaron el proyecto por 9 votos contra cuatro de quienes lo defendían.
El apoyo provino de los congresistas Aída Avella, Laura Ester Fortich, Claudia Pérez y Jhon Jairo Roldán.
Por el hundimiento del proyecto votaron John Moisés Besaile, Enrique Cabrales, Richard Fuelantala, Carlos Jiménez, Juan Felipe Lemos, Angélica Lozano, Carlos Meisel, Samy Merheg y Paulino Riascos. Estuvieron ausentes Carlos Farelo y Liliana Benavides.
“Odio Político”: la reacción del Gobierno
Poco más de una hora tardó el presidente Petro en referirse en su cuenta de X al fracaso de la propuesta que radicó semanas atrás en el Congreso el Ministerio de Hacienda.
“El hundimiento de la ley financiera como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”, anotó.
Insistió en que “nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”, añadió Petro.
A juicio del mandatario “solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación no más. Pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza”.
Petro sostuvo que “si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres”, pero advirtió que mientras él esté en gobierno no dejará que la paguen los pobres.
“Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”, concluyó en texto en X, aparentemente en referencia a un mensaje de la semana anterior en el que aseveró que el país podría encaminarse hacia una emergencia económica si el Congreso no aprobaba el proyecto de ley de financiamiento.
A su turno, el jefe de la cartera económica, Germán Ávila, mencionó que la decisión de 9 senadores desconoce lo aprobado por las mayorías, que habían incluido esos recursos en el PGN de 2026.
El funcionario indicó que se evaluarán las medidas para mantener la estabilidad fiscal y asegurar proyectos sociales.
“Por cuenta de la votación de 9 senadores que estuvieron en contra de la ley de financiamiento han generado un desconocimiento a lo que fue manifestado por las plenarias de la Cámara y Senado y han generado una desfinanciación irresponsable del presupuesto del próximo año”, declaró el ministro Ávila.
Enfatizó en que no se descontará ninguna de las alternativas que deban presentarse para asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación para el año entrante y el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales que tiene el actual gobierno.
¿Entonces habrá emergencia económica?
Ante las puntadas dadas la semana anterior por parte de Petro, en el sentido de declarar la emergencia económica en caso de que no prosperara la reforma tributaria, la opción se mantiene sobre la mesa toda vez que es imperativo financiar el PGN de 2026.
En ese contexto, la senadora Angélica Lozano dejó constancia explicando que el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento no constituye un hecho sobreviniente, extraordinario ni imprevisible, y por tanto no habilita la eventual declaratoria de un Estado de Emergencia Económica en los términos de los artículos 215 y 341 de la Constitución Política.
“La Corte Constitucional ha sido categórica en reiterar que los estados de excepción no pueden ser usados para sustituir o corregir el funcionamiento natural de las ramas del poder público, ni para evadir las consecuencias políticas de un trámite legislativo”, anotó la parlamentaria en su constancia.
También fue enfática en precisar que es constitucionalmente inadmisible sostener que la negativa del Congreso legitima o justifica la imposición de tributos por vía excepcional.
“El equilibrio entre poderes exige que el Ejecutivo respete las decisiones adoptadas por el Legislativo en el marco de sus competencias, sin intentar reemplazarlas mediante la figura extraordinaria del estado de emergencia. La decisión soberana del Congreso —mayorías, derrotas o modificaciones— no configura una crisis: configura el ejercicio normal de la democracia”, dijo.
Para el senador Carlos Meisel es una pésima idea acudir a la emergencia económica. “El gobierno tiene que ajustar sus derroches y malas gerencias. El país no aguanta más impuestos, y esta reforma seguía asfixiando a un ciudadano que no puede. Estos impuestos lejos de afectar a los 4.000 más ricos, destruye una clase media que me ha costado mucho llegar donde está”, declaró el congresista.
Por su parte, el representante antioqueño, Óscar Darío Pérez, comentó que lo que tiene que venir es un recorte presupuestal, o un ajuste que así es como lo denomina el Decreto 111 del año de 1993, que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
“Para un decreto de emergencia económica el gobierno no tiene facultades. Eso no es para jugar. Para eso necesitan causas sobrevinientes, casi que causas o hechos de la naturaleza, como la pandemia, pero cualquier causa no se puede argumentar para crear una emergencia económica”, manifestó el representante del Centro Democrático.
Y añadió: “Si eso lo hiciera este gobierno, que no le importa nada, lo más seguro es que la Corte Constitucional tumbe esa emergencia inventada”.
Desde la perspectiva de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, los recursos ($16,3 billones) deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal, tal como ocurrió este año tras la no aprobación de la ley de financiamiento de 2024.
“Para poner las cifras en contexto, vale la pena resaltar que esos $16,3 billones representan menos del 3% del PGN, que asciende a $546,9 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”, concluyó.
¿Estancado? Reforma a la salud naufraga
Después de semanas de incertidumbre y parálisis, la Comisión Séptima del Senado retomó el debate de la reforma a la salud, pero el panorama sigue luciendo empantanado: nuevamente la iniciativa quedó en veremos, mientras persiste el riesgo de que crezcan sus detractores justo cuando se acentúan las dudas frente a su futuro en plena campaña.
Vale recordar que la proposición aprobada en octubre, que ató la viabilidad financiera del proyecto a ley de financiamiento, tenía en cuenta que allí estarían contemplados recursos adicionales y rubros específicos para financiar el proceso de transición, operación y fortalecimiento institucional que demandaría el nuevo modelo de salud.
Lo acordado era que hasta que no se tuviera certeza de lo que iba a ocurrir con la reforma tributaria, la de la salud quedaba en el congelador, con todo y que el ministro del Interior, Armando Benedetti, quiso acelerar la discusión con un mensaje de urgencia e insistencia. No obstante, hasta ayer se reanudó el debate.
Si bien el proyecto estaba agendado en el primer punto, el orden del día ni siquiera alcanzó a ser aprobado y tanto senadores petristas como de oposición se enfrascaron en una discusión alrededor de si era conveniente o no arrancar el debate sin que se conociera la decisión de las comisiones económicas.
La senadora Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) calificó como “irresponsable” discutir la reforma sin saber la suerte de la tributaria. “Hasta tanto no tengamos una decisión final, no deberíamos estar discutiendo este orden del día”, reclamó. Mientras que el senador Alirio Barrera (Centro Democrático) señaló que “no podemos ser irresponsables de ir a aprobar o a debatir algo que hoy no tiene financiamiento”.
Lo que vino después fue una oleada de reclamos de lado y lado —acompañados de réplicas y mociones de orden—, mientras el presidente Miguel Ángel Pinto trataba de calmar los ánimos y dar claridades jurídicas. Lo cierto es que la sesión concluyó en un rosario de intervenciones sin decisiones de fondo.
De hecho, una vez se conoció el futuro de la tributaria, el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) pidió explicaciones al Gobierno y reclamó la presencia del ministro de Hacienda para que señale “de dónde van a salir los recursos para la reforma a la salud que tenían pensado que iban a salir de la Ley de Financiamiento”.
Fue tal la incertidumbre en que quedó la iniciativa, sumado a la pelotera que se desató, que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo —que llegó puntual al debate—, resolvió abandonar el recinto y alegó que “no hay interés en discutir la reforma”.
Según Jaramillo, el hundimiento de la tributaria no afecta la financiación de la reforma a la salud, al tiempo que destacó que habría ingresos fijos como el denominado impuesto saludable. “Les hicimos llegar un informe diciendo claramente que si no se llegaba a aprobar lo que ya no se aprobó, la Ley de Financiamiento, eso no afectaba de ninguna manera el tema de la salud”, aseguró.
Mayorías complican futuro de la reforma
Mientras crece la incertidumbre por el futuro del proyecto (hay plazo de discutirlo hasta el 20 de junio, en medio de la coyuntura electoral de 2026), ayer se consolidaron los bandos a favor y en contra de la reforma a la salud.
Por un lado, persiste la mayoría de la coalición de nueve de 14 senadores que la hundió en abril de 2024. Allí se cuentan Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Nadia Blel, Esperanza Andrade (ambas del Partido Conservador) y Ana Paola Agudelo (Mira), quienes siguen expresando reparos y no apoyan el proyecto.
Por otro lado, a favor de la iniciativa se cuentan los senadores petristas Martha Peralta, Wilson Arias Castillo y Ferney Silva Idrobo (todos del Pacto Histórico), así como Omar de Jesús Restrepo (Comunes) y Fabián Díaz (Alianza Verde).
En la mitad quedan las senadoras Norma Hurtado (Partido de La U), quien ha abogado por una ponencia alternativa del proyecto, y Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente), quien, aunque ha estado en contra de la iniciativa, fue señalada de tener cuotas en el Gobierno por medio del Fondo de Adaptación que podrían afectar la votación.
Es decir, las cuentas están decantadas entre siete senadores en contra de la reforma, cinco a favor y dos indecisos. Como son 14 congresistas en la Comisión Séptima, el número mágico para avalar o hundir el proyecto será una mayoría de ocho votos.
Con todo, consciente de que no cuentan con mayorías, el senador Fabián Díaz reveló ayer la estrategia del petrismo para salvar la iniciativa: una apelación, el mismo recurso que presentaron cuando se hundió en la misma Comisión Séptima la desahuciada reforma laboral, pero que terminó reviviendo en otra comisión que discutió el proyecto y le dio vía libre.
“Le solicitamos a la Comisión Séptima dejar a un lado esas dilaciones y si la van a archivar, que la archiven porque la vamos a apelar”, explicó Díaz al respecto.
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$16,3
billones era el recaudo que pretendía el proyecto de reforma de tributaria de Petro.
$546,9
billones es el monto del Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026.
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