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Memoria: en crisis y peleando un lugar en el Gobierno de izquierda

La directora del Centro Nacional de Memoria tiene choques con la Comisión de la Verdad y algunas víctimas.

  • El presidente Petro posesionó a Gaitán como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica en noviembre del año pasado. Dijo que la ponía en ese puesto para reivindicar a Gaitán y a las víctimas. FOTO cortesía
    El presidente Petro posesionó a Gaitán como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica en noviembre del año pasado. Dijo que la ponía en ese puesto para reivindicar a Gaitán y a las víctimas. FOTO cortesía
25 de febrero de 2023
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El primer Gobierno de izquierda que ha tenido el país no resultó ser el escenario ideal para la construcción de una memoria en torno a la paz como muchos creían. Pese a que Gustavo Petro ganó la Presidencia ondeando las banderas de la memoria histórica y la reivindicación de las víctimas, en varias entidades oficiales ahora controladas por el Ejecutivo y que vigilan esta materia se viven duras disputas por el poder y la narrativa sobre las más de cinco décadas de conflicto armado.

En medio de dificultades técnicas, ideológicas y de presupuesto, la construcción de memoria ha tenido problemas que vienen desde diferentes frentes y atacan los referentes más importantes que tiene Colombia en esa materia: la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Museo Nacional y hasta las víctimas y organizaciones civiles.

Bajo la mirada crítica de los expertos, la designación de María Gaitán como directora del CNMH ha resultado efectiva en términos simbólicos, pues es nieta del asesinado líder caudillista Jorge Eliecer Gaitán, pero poco práctica en términos técnicos y de relacionamiento con algunos sectores de víctimas.

Desde adentro, trabajadores del Centro Nacional de Memoria Histórica que la conocen de cerca le reconocen que está muy bien rodeada: “María llegó y armó un muy buen equipo con gente muy preparada y con experiencia en el medio. Sacó otra gente, entre los que había gente buena y gente que también ganaba mucho por hacer nada”, dijo una fuente.

En eso coincidieron dos expertos más. “María Gaitán está bien rodeada y es una mujer con carácter fuerte que dice lo que piensa pero, casi siempre, sabe escuchar”, se limitó a decir otra persona que la conoce desde su paso por la Alcaldía de Bogotá de Petro, donde ella lideró la Secretaría de Hábitat.

Arquitecta de profesión y ocasionalmente mezclada con temas de memoria por el papel de su abuelo para la historia del país, lo que sí le critican muchos a Gaitán es que, quizás, no tenía el perfil técnico para encargarse de un puesto tan importante que, además, venía de una administración bastante criticada del exdirector Darío Acevedo, quien siempre insistió en que Colombia no tuvo conflicto armado.

Respecto a su trabajo, todos concuerdan en que lo está haciendo mejor que él, pero advierten que podría estarse yendo al otro extremo de lo que se le criticaba a Acevedo. “Con Acevedo era muy delicado decir lo que pensábamos. Había una injerencia directa de la Fuerza Pública. Acá se hacía lo que dijera el coronel o el general. De verdad era aterrador y María cambió eso. Eso lo comparto y lo aplaudo. Pero también es cierto que ella se fue al otro extremo y desde que llegó les dijo que no estaba de acuerdo con ellos. Generó rupturas con ese sector que aún persisten”, contó un empleado del Centro.

Tan hostil fue ese primer acercamiento, que llevando apenas unos días como directora Gaitán ordenó bajar de la página web varios contenidos del Ejército que, a su juicio, eran publirreportajes. Pero el arrebato le duró poco: “Rápidamente se dio cuenta de que había cometido un error y que hacer eso era revictimizante y censuraba a las víctimas de ese sector, aunque estuvieran siendo instrumentalizadas”. 24 horas después, los contenidos volvieron a estar al aire.

Gaitán y la Comisión

La extinta Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –que nació con un mandato que acabó en junio de 2022– tiene dos problemas que la atormentan a escasos meses de que finalice su liquidación técnica y administrativa.

El primero tiene que ver justo con ese proceso que, entre otras cosas, se encarga de digitalizar, organizar y proteger los miles de archivos, entrevistas y documentos de carácter público y secreto que recolectó la Comisión de la Verdad durante sus más de tres años de trabajo.

Pese a que desde un principio el pleno de comisionados solicitó un período de un año para ese proceso de liquidación, el entonces gobierno de Iván Duque solo autorizó seis meses y le dejó ese problema al actual gobierno de Gustavo Petro.

Con la fecha de cierre encima, proyectada para el próximo 28 de febrero, el equipo liquidador tuvo que lanzar gritos de auxilio para extender su contrato por seis meses más y garantizar que el archivo de conflicto armado más importante del país tenga respaldo, copia espejo y un lugar seguro en el gobierno de Suiza, donde reposarán para garantizar su independencia.

El segundo problema de la Comisión, que es más de fondo, tiene que ver también con María Gaitán.

En diálogo con EL COLOMBIANO, por lo menos dos excomisionados de la verdad, dos trabajadores del CNMH y varios expertos más coincidieron en que ella tiene serios reparos con el Informe Final que entregó la Comisión y, por ende, con aplicarlo en las exposiciones y narrativas del Centro, un punto clave que deja a la Comisión sin el que debería ser su principal aliado estatal en todo el país.

Las tensiones han sido reiteradas. Según dijo uno de los excomisionados, el problema de fondo viene de “una postura radical que tiene que ver con una idea que ella tiene fija: todos hemos cometido memoricidio, porque no le hemos dado el lugar a Jorge Eliecer Gaitán, su abuelo, y no hemos decretado el genocidio gaitanista”.

Y no es algo que solo se hable en los pasillos de Presidencia y del CNMH. Ella misma, en entrevistas y declaraciones oficiales de su entidad, ha reiterado que la historia del conflicto armado debería contarse a partir de 1948, fecha en que fue asesinado su abuelo. El problema con eso es que tanto la Comisión como varios historiadores y teóricos sitúan el inicio del conflicto armado 10 años más tarde, en 1958.

“¿Tiene sentido, entonces, modificar cientos de archivos y de narrativas porque a ella le parece que el indicativo es la fecha en la que asesinaron a su abuelo? Pareciera un tema de forma en el que ella debería declararse impedida”, dijo una experta cercana a los procesos de memoria del país.

Esos reparos, según conoció este diario, se los expresó Gaitán al mismo Francisco de Roux –quien fue el presidente de la Comisión de la Verdad durante todo su mandato– en por lo menos dos reuniones privadas que sostuvieron luego de que ella asumiera su cargo como directora. En ambas ocasiones, De Roux le insistió que la Comisión no buscó verdades absolutas y que, si ella lo consideraba pertinente, podía profundizar en otros orígenes y detonantes del conflicto.

Pero, más allá de sus reparos con la Comisión, a Gatián también le atribuyen discusiones con algunas organizaciones de víctimas y de fricciones “importantes y muy delicadas” con sectores como la Fuerza Pública y los ganaderos.

Liquidar la Comisión

A dos días de que se acabe el plazo para extender el equipo liquidador de la Comisión, Mauricio Katz, jefe de ese proceso, dice sentirse preocupado.

En entrevista con este diario, Katz –exsecretario general y actual liquidador de la Comisión de la Verdad– reveló que, tras semanas de insistirle al Gobierno y de enviar una carta abierta en la que le explicaba al Presidente los riesgos de no extender su mandato, recibió una respuesta por parte del Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Un alivio a medias, pero al fin y al cabo un alivio. Según contó, en el despacho del presidente Petro ya está listo un documento que extiende solo por 3 meses el contrato de este equipo liquidador y que autoriza un presupuesto de alrededor de $2.500 millones para los pagos administrativos y la nómina de colaboradores que asciende casi a 60 personas.

¿Por qué el Gobierno no cedió los 6 meses que pedían desde la Comisión y como recomendó el pleno de los comisionados en su momento? Esa es una pregunta que Katz aún no logra responder.

“Creo que no fui claro, que no logré convencerlos de que los 6 meses eran justos y necesarios (...) Intentaremos hacer hasta lo imposible porque todos los archivos queden bien, pero es un trabajo arduo al que aún le faltan puntos importantes”, dijo Katz.

Mientras eso avanza, la Jurisdicción Especial para la Paz se prepara para recibir decenas de teras de almacenamiento, folders y cartas de la Comisión de la Verdad que serán custodiadas por esa entidad en un intento por mantener unidos los esfuerzos y materiales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición del que ambas entidades hacen parte como fruto del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Al margen de todo, pero muy de cerca, ocurre otro evento que tiene que ver con la construcción de una nueva sede del Museo Nacional de Memoria. El problema viene desde el Gobierno Duque pero le tocará asumirlo a Petro: según un informe de la Procuraduría, esa construcción inició en 2020 y debía entregarse en octubre del año pasado. Con menos del 80 % completado, el ente de control alertó sobre los retrasos y sobre un posible detrimento patrimonial que podría llegar a los $90.000 millones.

Con todo eso, la memoria sigue pasando por días difíciles en un Gobierno que, se suponía, tendría un lugar cómodo. Desde varios puntos de vista, el Informe Final de la Comisión y sus recomendaciones corren peligro si no se dimensiona la relevancia histórica de un archivo que recolectó más de 58.390 documentos y entrevistas en los 32 departamentos.

“El gobierno Petro apenas lleva 6 meses y parece tener buenas intenciones, pero necesita tomarse en serio la memoria de un país tan herido por el conflicto armado. Aún estamos a tiempo de darle un giro al timón y reparar lo que sigue dañado”, concluyó uno de los excomisionados consultados.

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