La decisión también cobija a los funcionarios Mauricio Cabrera Leal y Natalia Ramírez, luego de que un tribunal determinara que hubo retrasos en el cumplimiento de lo establecido en la norma.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso una multa de dos salarios mínimos mensuales (unos $2’800.000) a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, por no haber reglamentado la Ley 2173 de 2021, que ordena a las medianas y grandes empresas sembrar dos árboles por cada trabajador en nómina.
En Colombia, la Ley 2173 de 2021 busca promover la restauración ecológica mediante la siembra de árboles, obligando a las empresas medianas y grandes a desarrollar un programa de siembra de un mínimo de dos (2) árboles por empleado anualmente. Esta ley también busca fomentar la conciencia ambiental en los ciudadanos y la responsabilidad de los entes territoriales, además de reconocer y certificar a las empresas que cumplan con sus obligaciones.
La decisión también cobija a Mauricio Cabrera Leal, viceministro de políticas y normalización ambiental, y Natalia Ramírez, directora de bosques. Si bien el Ministerio alegó haber adelantado acciones para avanzar en la reglamentación de la ley, en especial dos consultas públicas en las que se recibieron más de 700 observaciones para hacer más efectiva la reglamentación de la ley, el Tribunal consideró que eso no explicaba los retrasos en el cumplimiento de lo establecido en la norma.
”El incumplimiento aquí analizado no puede entenderse como el resultado exclusivo de dificultades técnicas, sino como la confluencia de omisiones a distintos niveles jerárquicos dentro del Ministerio, cuya consecuencia directa fue la inobservancia del mandato judicial de reglamentar la Ley 2173 de 2021 en el plazo fijado por esta Corporación, con lo cual se concluye la necesidad de imponer sanción por desacato”, manifestó el Tribunal.
El incidente, presentado por la Fundación al Verde Vivo señaló que la Ley le dio un plazo de seis meses al Ministerio para su reglamentación y este no se cumplió pese a múltiples solicitudes que se le formularon para que lo hiciera.
El Tribunal requirió a la ministra para que en un plazo máximo de 30 días obedezca el fallo que ordenó expedir la reglamentación, y le dio dos días a los funcionarios para cumplir con el pago de la multa que les impuso.
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