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“Vengo a este recinto a ratificar que el Gobierno del presidente Iván Duque libra una lucha contra los símbolos del mal”. Con esa frase el ministro de Defensa, Diego Molano, comenzó su intervención ante la Cámara de Representantes en el debate de moción de censura en su contra por el operativo del Ejército del 28 de marzo, en Putumayo, en el que fallecieron 11 personas.
Molano inició su discurso de 90 minutos citando que tiene una responsabilidad moral con la lucha contra el narcotráfico y la protección del ambiente en esta zona del sur del país, que colinda con la Amazonía y marca las fronteras de Colombia con sus vecinos Ecuador y Perú, donde también hay incidencia de grupos armados al margen de la ley.
Allí, en la vereda Altos del Remanzo, del municipio de Puerto Leguizamo, se llevó a cabo una operación de las Fuerzas Armadas contra alias “Bruno” en la que presuntamente fallecieron personas civiles, quienes eran campesinos que se dedicaban al trabajo de la tierra y, según los líderes sociales que intervinieron este martes ante la Cámara de Representantes, no tenían vínculos con los grupos armados.
Los relatos son dispares. El Gobierno asegura que abatió a disidentes de las Farc que ejercían control territorial en la zona y se dedicaban al narcotráfico, pero las organizaciones sociales defienden que se trató de un asesinato a civiles que no estaban vinculados con los grupos al margen de la ley.
En esta zona de Putumayo se libra una disputa territorial desde hace tres años entre dos bandos de las disidencias de las Farc. Uno de ellos es la Segunda Marquetelia, con grupos denominados como Comandos de Frontera, y el otro es la Primera Fracción que se identifica como Carolina Ramírez. De ahí que el discurso del Gobierno se base en la “lucha” contra esos grupos.
“Esa operación no tiene que ver solo con un pedacito de Putumayo, sino con uno de los peores grupos que violó el acuerdo de La Habana”, afirmó Molano. Según el ministro, las disidencias de las Farc pagan hasta 2 millones de pesos a los campesinos de la zona, cobran impuestos de gramaje y despliegan a sus hombres para ejercer control territorial en los tres países.
Molano dice que de esta zona se extraen 158 toneladas de coca que representan 5.500 millones de dólares anuales para las personas en armas, fondos que estarían utilizando para comprar armamento más robusto con el que combaten a la Fuerza Pública y a otros grupos al margen de la ley.
“Tenemos un grupo que utiliza armas letales, tiene injerencia internacional y propósitos expansivos. No combatimos un pequeño grupo en una rivera del río Putumayo, sino una amenaza para Colombia y para la institucionalidad”, sentenció el ministro de Defensa haciendo referencia a las disidencias de las Farc.
Según Diego Molano, estos grupos buscan expandir su operación en todo el sur de Colombia con cultivos ilícitos, también sobre el río Caquetá y en las zonas de frontera de los países vecinos.
En su intervención el ministro afirmó que la operación del 28 de marzo buscaba “defender a los putumayenses y a los colombianos como corresponde en la Constitución. Es una responsabilidad moral, ética y política con el futuro de Colombia”.
Según el ministro de Defensa, el tercero encargado de esa cartera durante la administración de Iván Duque, su oficina busca que “cada día, en cada lineamiento, en cada doctrina, que se aplique la doctrina de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario”