A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), en entrevista radial, alertó sobre cómo la expansión y fragmentación de los grupos armados ilegales amenaza la libertad de voto en ciertas partes del territorio nacional.
Para Barrios, uno de los lugares de atención debe estar en las regiones donde operan estructuras como el Clan del Golfo.
Al respecto, en una entrevista para Caracol Radio, fue enfática en la necesidad de vigilancia: “Para poder mantener estas zonas, tiene que haber un control estricto de quiénes van a estos lugares y de quiénes son sus jefes, esto con el fin de que no haya ningún tipo de presión a los ciudadanos para dejar de hacer o promover determinada candidatura”.
Los riesgos en la presencia armada
Aunque la directora de la entidad aclaró que la presencia armada no necesariamente dicta quién gana una elección en términos estadísticos, sí es un muro que impide el ejercicio democrático sano.
Según explicó: “No se veía dominio donde se pudiera poner un senador o una senadora de la República. Pero sí se impide la realización de un proselitismo libre”.
Y es que, según señaló, la radiografía presenta un panorama preocupante: de los 975 municipios con zonas rurales en el país, 555 registran presencia de grupos ilegales y 207 son escenarios de cruentos enfrentamientos por el control territorial.
Esta falta de mandos unificados en las estructuras criminales actuales hace que el riesgo sea mayor.
“Estamos en un momento de confrontación entre diferentes grupos armados. No hay hegemonía fuerte y eso significa territorios muchísimo más peligrosos”, advirtió Barrios, añadiendo que, pese a los esfuerzos del Gobierno en seguridad, “estamos en un contexto de profundización de la violencia y con una gran dispersión de grupos armados ilegales”.
Denuncias por participación en política
Finalmente, la directora de la MOE se refirió a la transparencia institucional, confirmando que la entidad ya tiene conocimiento de irregularidades cometidas por servidores públicos.
“Hemos recibido información sobre presunta participación política de funcionarios públicos”, reveló.
Estas pruebas ya están en manos de los organismos de control para su respectiva sanción.
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Barrios dijo que a la final este es “un tema que tendrá que afrontar y decidir el señor procurador general de la Nación de acuerdo a las pruebas que se presenten”.
¿Qué dijo el registrador?
El registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en la necesidad de asegurar varias zonas del país donde persisten las dificultades de seguridad y advirtió que aún hay más de un centenar de municipios con riesgo alto por la presencia de grupos armados ilegales.
Penagos aseguró que las autoridades deben redoblar esfuerzos para garantizar la instalación de las mesas de votación y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manera libre y sin presiones.
“Por eso se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar las zonas y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, afirmó el registrador.
En contexto: “Hay que asegurar las zonas”: registrador reitera riesgo electoral en 104 municipios por grupos armados
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