La primera audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, reveló un nuevo capítulo en el proceso penal que enfrenta desde 2023. Según la fiscal Lucy Laborde, delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el exdiputado del Atlántico habría participado en un esquema de corrupción que desvió recursos públicos destinados a programas sociales para adultos mayores en condición de discapacidad.
La diligencia, realizada ante un juez de control de garantías, fue convocada para formalizar la adición de seis nuevos delitos en su contra. Este nuevo capítulo procesal tiene su origen en una orden del Juzgado 74 Penal Municipal de Bogotá, que durante las audiencias de 2023 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito ordenó compulsar copias para investigar otras posibles conductas punibles, como tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y testaferrato.
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Según Laborde, las nuevas imputaciones no responden a retaliaciones ni motivaciones personales, pues habían sido “advertidas por la misma judicatura” y se adelantaron para evitar un “desgaste a la administración de justicia”.
Los delitos imputados por la Fiscalía
La Fiscalía imputó a Nicolás Petro seis delitos: dos por interés indebido en la celebración de contratos, dos por peculado por apropiación, dos por tráfico de influencias de particular, además de falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.
Los tres primeros tipos penales, que fueron los que se profundizaron en esta primera audiencia, se enmarcan en el llamado “Caso Fucoso”, que involucra contratos de la Gobernación del Atlántico con la Fundación Conciencia Social (Fucoso) para la atención de adultos mayores mediante centros de vida móviles.
De acuerdo con la imputación, Petro se habría interesado indebidamente en dos contratos por 400 y 572 millones de pesos, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de Fucoso.
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Posteriormente, habría participado en la apropiación de cerca de 111 millones de pesos provenientes de los anticipos. Según la fiscal Laborde, el dinero fue recibido en efectivo el 4 de diciembre de 2021, dentro de unas maletas, con ayuda de un integrante de su esquema de seguridad. La investigación también describe el uso de cheques, pagos fraccionados y nóminas infladas como mecanismos para ocultar el desvío de los recursos.
Además, la Fiscalía lo acusó de tráfico de influencias de particular, señalando que usó su posición política y su reconocimiento público para incidir en decisiones de la gobernadora y del secretario general del Atlántico, Lacouture Daza, con el fin de agilizar pagos y ampliar los montos contractuales.
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Con esta imputación, el hijo del presidente quedó formalmente vinculado a una segunda línea de investigación penal. La Fiscalía también radicó la solicitud de medida de aseguramiento, que será debatida en la próxima audiencia. El caso se amplía ahora hacia un presunto desvío de fondos públicos que estaban destinados a una de las poblaciones más vulnerable del Atlántico.
En esta etapa del proceso, hay que aclarar, la imputación no implica una declaración de culpabilidad, sino que marca el inicio formal de la investigación penal en la que el juez deberá decidir si impone una medida restrictiva de la libertad mientras avanza el caso.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuántos cargos enfrenta Nicolás Petro actualmente?
- La Fiscalía imputó seis nuevos cargos que incluyen peculado, interés indebido en contratos y tráfico de influencias, relacionados con desvío de recursos para adultos mayores.
- ¿Qué es el “Caso Fucoso”?
- Es la investigación sobre contratos de la Gobernación del Atlántico con la Fundación Conciencia Social para atención de adultos mayores, que presuntamente fueron inflados o desviados.
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