“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación, doctora”. La frase del presidente Abelardo De la Espriella convirtió a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, en uno de los nombres centrales de la controversia política que sacudió a San Andrés durante la visita presidencial del fin de semana del 17 y 18 de octubre.
El mandatario increpó públicamente a la congresista liberal y a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie en medio de las diferencias por la intervención del Hospital Departamental, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.
De la Espriella cuestionó la posición de ambas dirigentes frente a la medida y aseguró que tenía información sobre los negocios del esposo de Jay-Pang y sobre lo que ocurría en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina).
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“¿Quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer entonces”, insistió el presidente, al advertir que utilizaría su autoridad para impedir que se perdieran recursos públicos.
El intercambio, registrado en video y divulgado por medios nacionales, dejó a la congresista y a la gobernadora intentando responder a los señalamientos.
Ambas negaron tener responsabilidad en presuntas irregularidades y rechazaron haber promovido acciones para obstaculizar la intervención.
Jay-Pang, según informó El Espectador, pidió que se adelantaran las investigaciones correspondientes y sostuvo que no existía nada que la vinculara con los hechos mencionados por el mandatario.
Este lunes Raúl González, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, señaló que la entidad tiene identificadas 33 noticias criminales activas relacionadas con presuntos hechos de corrupción en San Andrés, cuyas investigaciones están a cargo de un grupo especializado de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Explicó que, de manera paralela, la delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha adelantado procesos contra funcionarios aforados, entre ellos los últimos cinco gobernadores de la isla. A estas actuaciones se suman las investigaciones que lleva la Seccional de Fiscalías de San Andrés.
La confrontación presidencial no surgió en el vacío. A las dificultades del hospital, con problemas financieros y fallas en la prestación de servicios, se sumaron denuncias periodísticas sobre el manejo de la contratación pública en el archipiélago.
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Sin embargo, para establecer si existieron irregularidades, es necesario diferenciar los hallazgos documentados por las autoridades de las acusaciones que todavía requieren sustento probatorio.
En medio de la controversia, la periodista D’Arcy Quinn, en su espacio de análisis y opinión en La FM, hizo nuevas afirmaciones sobre el manejo de los recursos del Hospital Departamental y la contratación en San Andrés.
Quinn sostuvo que la oposición a la intervención no sería el único asunto de fondo y afirmó que la gobernadora estaría casada con un empresario al que describió como un “señor bum bum”, quien, según sus palabras, se habría apoderado de “toda la contratación del archipiélago, incluido el hospital”.
La periodista aseguró que, durante las primeras revisiones, se habrían encontrado equipos nuevos guardados dentro del centro asistencial mientras se contrataban terceros para prestar servicios que, según su versión, el propio hospital podía ofrecer.
También afirmó que algunos contratos terminarían en manos del esposo de la gobernadora y denunció presuntos atrasos de seis meses en el manejo de residuos peligrosos y en el pago de la nómina médica.
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Quinn describió la situación como una presunta trama de corrupción en la que, según su interpretación, estarían involucradas la gobernadora y personas de su entorno familiar.
Agregó que la agente interventora del hospital, la médica Marjorie Englehard Archbold, estaría recibiendo presiones y amenazas, y señaló que contaría con el respaldo del Gobierno nacional para sacar adelante el proceso.
Esas afirmaciones deben examinarse con una precisión fundamental para esta historia: en ese fragmento, Quinn se refiere al supuesto esposo de la gobernadora, no identifica por nombre al presunto contratista y no atribuye expresamente esos negocios a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la congresista Elizabeth Jay-Pang.
Las declaraciones de Quinn coinciden con una crisis hospitalaria que sí cuenta con hallazgos oficiales. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó el 16 de octubre de 2026 la intervención forzosa administrativa del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por un año.
La decisión se produjo después de visitas de inspección y vigilancia realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, durante las cuales el organismo encontró incumplimientos de los planes de mejoramiento exigidos desde 2022.
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Los resultados publicados dan cuenta de una situación asistencial y administrativa preocupante. De los 59 servicios habilitados, 13 no se estaban prestando.
También había pacientes que llevaban más de un año esperando por una cirugía y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura médica.
La entidad encontró dificultades para garantizar medicamentos e insumos esenciales, deficiencias en el control de inventarios y problemas de infraestructura y bioseguridad.
En materia financiera, la Superintendencia reportó que los estados contables no ofrecían información suficientemente confiable y que había un rezago en la facturación cercano a $3.605 millones, con corte a diciembre de 2025.
También documentó un anticipo del 50 %, equivalente a $858 millones, para la compra de una máquina destinada al tratamiento de residuos biológicos.
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El equipo no se había entregado porque, según el reporte divulgado por La FM, el hospital no había realizado las adecuaciones físicas necesarias para instalarlo.
Este último hallazgo es relevante frente a las declaraciones de Quinn sobre la gestión de residuos peligrosos, pero no es exactamente lo mismo que lo denunciado por la periodista: el informe conocido habla de una máquina que no había sido entregada y de problemas de adecuación, no de equipos nuevos guardados para contratar a terceros ni de contratos adjudicados al esposo de una funcionaria.
La intervención quedó a cargo de la médica Marjorie Englehard Archbold.
Posteriormente, el Gobierno anunció que buscaría articular con los organismos de control y la Fiscalía las investigaciones sobre posibles irregularidades en San Andrés, con acompañamiento de la Secretaría de Transparencia, encabezada por Cristina Lombana.
La magnitud de los problemas detectados explica por qué el manejo del hospital se convirtió en un asunto de confrontación entre el Gobierno nacional y las autoridades insulares.
Pero la existencia de deficiencias asistenciales y financieras no demuestra automáticamente quién sería responsable de ellas, ni acredita que los recursos se hayan desviado hacia los familiares de funcionarios.
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Norbert Vonblon Pomare: el empresario del concreto
El esposo de Elizabeth Jay-Pang es un empresario vinculado al sector de la construcción en San Andrés.
Entre las sociedades asociadas a él están Josef Concretes Ltda., Agregados NVP S. A. S. y Efficient Buildings S. A. S. Su nombre también aparece en antecedentes de contratación pública del departamento.
Según documentos de contratación y auditoría citados, entre los negocios figuran contratos por más de $1.000 millones para labores de adecuación y compactación de residuos en el relleno sanitario Magic Garden, además de suministros de materiales destinados al mantenimiento de vías y drenajes pluviales.
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El ámbito empresarial de Vomblon Pomare también ha sido objeto de atención judicial por su vínculo matrimonial con Elizabeth Jay-Pang Díaz, representante a la Cámara. El Consejo de Estado examinó esa relación en un proceso relacionado con la elección de la congresista.
Ahora, las recientes declaraciones de De la Espriella han vuelto a poner el foco sobre la contratación pública en el archipiélago y las relaciones entre los negocios privados y el entorno político.
De la Espriella aseguró que, de llegar al Gobierno, llevará la intervención estatal en el sector salud “hasta sus últimas consecuencias” y vigilará el manejo de los recursos públicos destinados al departamento.
Otra de las compañías es Josef’s Concrete, dedicada a la producción y el suministro de concreto, y con Agregados NVP, asociada a la comercialización de materiales para obras.
Su actividad empresarial lo sitúa en un sector relevante para la contratación pública del archipiélago, donde las obras de infraestructura, el mantenimiento vial y los servicios de saneamiento demandan materiales y operaciones especializadas.
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Hasta el momento, el señalamiento público de De la Espriella contra el esposo de Jay-Pang no vino acompañado de un listado de contratos específicos ni de documentos que demostraran una intervención indebida de Vonblon en las decisiones de la Gobernación.
Un empresario con vínculos en la política insular
La relación de Vonblon Pomare con la política de San Andrés es anterior al reciente enfrentamiento presidencial.
En 2019, La Silla Vacía lo describió como un antiguo militante del gallardismo, la corriente asociada al exrepresentante Julio Gallardo, y lo identificó como el principal financiador de la campaña de su esposa.
Ese perfil se publicó en un momento en el que las estructuras tradicionales del archipiélago atravesaban cambios y disputas por el control electoral.
Por un lado estaba la casa liberal de los Housni; por otro, el sector del exrepresentante Gallardo, vinculado al Movimiento de Integración Regional.
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Jay-Pang había tenido cercanía con el gallardismo, pero terminó en el tercer renglón de una lista abierta del Partido Liberal impulsada por los Housni para las elecciones legislativas de 2018.
De acuerdo con la versión de un dirigente liberal de las islas recogida por La Silla Vacía, la inclusión de la entonces candidata respondía al caudal electoral que podía aportar.
Sin embargo, su votación superó las expectativas de algunos integrantes de ese grupo.
La publicación también describió cómo la congresista fue ganando espacio y construyendo una base política propia en medio del debilitamiento de los clanes tradicionales.
El retrato de 2019 permite entender por qué Vonblon Pomare ha sido mencionado en los análisis sobre las relaciones entre poder económico y política regional.
En entrevista con Blu Radio, la representante Elizabeth Jay-Pang negó que su esposo, el empresario Norbert Vonblon Pomare, maneje la contratación pública en San Andrés y atribuyó los señalamientos del presidente De la Espriella a motivaciones políticas.
Aseguró que las empresas de su familia no tienen contratos con la Gobernación ni con Coralina, aunque explicó que su esposo vende materiales y alquila maquinaria a quienes soliciten esos servicios, incluidos eventualmente compradores del sector público.
Frente a los cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses, sostuvo que no administra los negocios de su esposo ni ejecuta presupuestos públicos.
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“Si tiene alguna información con soporte, pues que denuncie”, manifestó, al asegurar que está dispuesta a entregar la información que requieran los organismos de control.
También rechazó haber promovido bloqueos contra la intervención del hospital y afirmó que ella misma había solicitado al Gobierno nacional intervenir el centro asistencial debido al deterioro de su infraestructura. Finalmente, invitó al presidente a dialogar y defendió su gestión legislativa en favor del archipiélago.
Elizabeth Jay-Pang: de periodista a dirigente política
Elizabeth Jay-Pang Díaz es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma del Caribe. Antes de llegar al Congreso, desarrolló una trayectoria que combinó el periodismo, la administración pública y la dirección institucional.
Trabajó en el diario El Heraldo, de Barranquilla, y en medios locales como Radio Morgan y La Voz de las Islas. También pasó por la oficina de prensa de la Gobernación del Archipiélago.
Su carrera continuó en cargos directivos: fue secretaria de Turismo de San Andrés y estuvo al frente de Fenalco, de la Red de Solidaridad Social y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Según su perfil institucional y sus antecedentes profesionales, su experiencia incluye la gestión pública y la promoción de programas de formación para el trabajo.
A esa trayectoria sumó una formación académica que incluye tres especializaciones: en Gestión Pública, de la Escuela Superior de Administración Pública; en Gestión Ambiental, de la Universidad Nacional de Colombia, y en Administración Financiera, de la Escuela de Administración de Negocios. También cursó una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.
En su material de campaña figura, además, con el grado de mayor en la reserva de la Fuerza Aérea Colombiana. Llegó por primera vez a la Cámara de Representantes en 2018, elegida por el Partido Liberal con 3.111 votos.
Durante su primera legislatura fue vicepresidenta de la Comisión Legal Afrocolombiana y presidió la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias en el periodo 2019-2020.
Su trayectoria legislativa continuó después de su primera elección y, en la legislatura 2026-2027, asumió la presidencia de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, encargada, entre otros asuntos, de relaciones internacionales, defensa y seguridad.
También integra la Comisión de Ordenamiento Territorial. La información de su elección inicial y parte de su actividad legislativa está disponible en la ficha oficial de la Cámara de Representantes.
Su permanencia en el Congreso ha estado acompañada por la consolidación de una estructura política propia en San Andrés, en un escenario en el que las alianzas entre dirigentes, empresarios y clanes tradicionales tienen un peso determinante.
En ese contexto, la figura de su esposo ha aparecido en las publicaciones que describen el mapa político insular, especialmente por su actividad económica y por el papel que se le atribuyó en la financiación de la campaña de Jay-Pang.
En un archipiélago donde las relaciones entre política y actividad empresarial han sido objeto de debate durante años, la pregunta de fondo no es solo quién tiene influencia, sino quién contrata, bajo qué condiciones, cómo se ejecutan los recursos y qué pruebas existen para establecer si hubo favorecimientos o irregularidades.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué intervino la Superintendencia de Salud el Hospital Departamental de San Andrés?
- La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 16 de octubre de 2026, por un año. La decisión se tomó tras detectar incumplimientos de los planes de mejoramiento, servicios que no se estaban prestando, demoras en la atención y problemas financieros y administrativos.
- ¿Qué irregularidades encontró la Superintendencia de Salud en el Hospital de San Andrés?
- La entidad encontró que 13 de los 59 servicios habilitados no se estaban prestando, pacientes con más de un año de espera por una cirugía y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura médica. También reportó dificultades para garantizar medicamentos e insumos, un rezago de facturación cercano a $3.605 millones y un anticipo de $858 millones para una máquina de tratamiento de residuos biológicos que no había sido entregada.
- ¿Quién es Norbert Vonblon Pomare y qué relación tiene con Elizabeth Jay-Pang?
- Norbert Vonblon Pomare es el esposo de Elizabeth Jay-Pang Díaz, representante liberal a la Cámara por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su nombre cobró relevancia tras los señalamientos públicos del presidente Abelardo De la Espriella sobre sus presuntos vínculos con negocios y contratación en el archipiélago. Las acusaciones mencionadas en la controversia no constituyen, por sí solas, una prueba de irregularidades.
