El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue revelándose como un entramado lleno de secretos, maniobras ocultas y nuevas revelaciones que emergen casi a diario. Sus protagonistas no solo están en el centro de las investigaciones, sino que también aseguran enfrentar riesgos para su vida en medio de la batalla judicial.
Es el caso de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, cuyo abogado, Gustavo Moreno, solicitó en las últimas horas a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección y a la Defensoría del Pueblo que se activen medidas de seguridad para ambos, luego de conocerse un video que muestra a dos involucrados en el caso de los carrotanques intentando sobornarlos.
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El material, revelado por Noticias Caracol, habría sido grabado, según explicó Moreno, de manera coordinada con las autoridades para servir como evidencia contra Gustavo Barreto, también exsubdirector de la UNGRD, y Édgar Riveros, abogado y exdirigente político de Cundinamarca.
“Esta decisión no fue improvisada ni motivada por intereses personales. Fue el resultado de un profundo compromiso con los principios que deben guiar a quienes ejercemos el derecho penal: la búsqueda de la verdad material, la protección del debido proceso y la lucha contra la impunidad”, declaró Moreno.
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En la grabación se observa cómo Barreto y Riveros le ofrecen a Pinilla 13.000 millones de pesos a cambio de retractarse de sus confesiones. El abogado aseguró que, antes de la filmación, ya habían puesto en conocimiento de la Fiscalía el intento de soborno, lo que permitió coordinar la operación que derivó en la evidencia ahora conocida.
“Solicito de manera urgente al Estado colombiano —en especial a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo— la activación de medidas de protección para el señor Sneyder Pinilla y para quien suscribe este comunicado”, se lee en el documento presentado por el abogado Moreno.
Sneyder Pinilla no ha ocultado su implicación en el escándalo. Fue de los primeros en admitir su participación en actos corruptos y en ofrecerse a colaborar con la justicia.
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Recientemente, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con diez eventos contractuales entre agosto y diciembre de 2023. Según el ente acusador, el exsubdirector gestionó cinco órdenes de proveeduría para maquinaria y volquetas, así como cinco interventorías, con un valor total de 8.671 millones de pesos. Estos contratos estaban destinados a atender emergencias en los municipios de Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas, en Córdoba.
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Los oferentes habrían sido seleccionados previamente por otro funcionario de la entidad. Pinilla no aceptó los cargos formulados y, aunque los recursos nunca llegaron a ser desembolsados, la Fiscalía sostiene que los contratos fueron tramitados a través de particulares que no figuraban como proveedores oficiales de la UNGRD.
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