Sandra Ortiz tenía oficina en la Casa de Nariño y una influencia nada menor. Según testimonios en el caso UNGRD, fue gracias a su intervención directa que el senador Iván Name, entonces presidente del Senado y considerado “difícil” por su postura crítica frente al Gobierno, decidió respaldar, o al menos no bloquear, las principales iniciativas legislativas del Ejecutivo.
Ortiz, quien ocupaba el cargo de consejera presidencial para las Regiones, no solo tenía acceso privilegiado al Palacio presidencial, sino que actuaba como intermediaria entre altos funcionarios y congresistas clave. De acuerdo con las declaraciones entregadas por los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), su nombre figura como una pieza central en la presunta red de corrupción que habría usado contratos y favores para asegurar mayorías en el Congreso.
De ese despacho en la Casa de Nariño, Ortiz pasó a la celda de una guarnición militar. Hoy está privada de la libertad y es uno de los rostros más visibles, y comprometidos, del escándalo que sacude al Gobierno. Además de ser la única mujer de alto perfil involucrada hasta ahora, la Fiscalía la considera una ficha clave: habría sido responsable de transmitir sobornos, coordinar reuniones y organizar encuentros políticos que derivaron en delitos.
Este jueves fue acusada formalmente ante un juez de la República. La Fiscalía la llevará a juicio por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
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Según el expediente, Ortiz habría tenido participación directa en la entrega de un soborno por $3.000 millones al senador Iván Name. La tarea de convencerlo fue supuestamente asignada por Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia. De acuerdo con la investigación, Ortiz pudo cumplir esa misión gracias a su cercanía personal con el senador, con quien compartía militancia en la Alianza Verde. Ambos fueron expulsados de la colectividad.
El dinero, afirma la Fiscalía, fue entregado en dos tandas, directamente en el apartamento del senador en el norte de Bogotá. En ambas ocasiones, el efectivo habría sido transportado en camionetas oficiales asignadas a Ortiz por la Unidad Nacional de Protección. Por eso, en la audiencia de acusación, la UNP pidió ser declarada como víctima.
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La Fiscalía sostiene que el plan de sobornos incluía también al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. En total, los pagos pactados alcanzaban los $4.000 millones: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle. Los recursos, según los investigadores, habrían salido del cuestionado contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira. Una promesa que jamás se cumplió, dejando en evidencia no solo el saqueo de los recursos públicos, sino también la persistente tragedia humanitaria en la región.
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Por estos mismos hechos también fue imputado Carlos Ramón González, acusado de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural de carácter urgente en su contra, pero la audiencia de definición de medida fue aplazada para el próximo 17 de junio.
De ser hallada culpable, Sandra Ortiz podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión. Aunque aún existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, al menos dos intentos previos de negociación ya fracasaron.
