El Gobierno Nacional expidió un decreto el 27 de octubre en el que se modifica la reglamentación del uso médico y científico del cannabis en Colombia. Por primera vez, reglamenta el acceso seguro e informado al uso del cannabis y de la planta de cannabis con fines médicos y científicos, incluyendo su utilización como producto terminado tanto para uso humano como veterinario.
Sin embargo, el decreto no es tan beneficioso para los pequeños comerciantes y, sobre todo, para las personas que viven en zonas de conflicto, como el Cauca, según han alertado expertos.
Para Estefanía Ciro Rodríguez, que fue coordinadora de investigación sobre narcotráfico para el informe de la Comisión de la Verdad y es la directora del centro de pensamiento amazónico A la orilla del río, este nuevo decreto del Ministerio de Salud “es muy particular”.
En contexto: Gobierno reglamentó la venta y el uso médico y veterinario del cannabis medicinal en el país
“Entonces, el cannabis entra ya en una categoría y va a ser utilizado y vendido a masas como un producto de atención del riesgo, como un producto para personas que tengan certificados. Como lo que hacen los doctores, recetado”, afirma.
Entre los actores del mercado de cannabis legal e ilegal en el país
La experta asegura que el debate se divide en dos aristas: las personas que ya están legalizadas con licencias de cannabis y, por otro lado, las personas que hacen “autotuneo” y que son legales también.
“El problema no está en las licencias de uso medicinal, no hay un mercado violento en el uso medicinal, sino donde está la disputa central y puntual es en el norte del Estado”. Y agrega que la ley debería buscar disminuir las violencias en torno al tema. “El reto es transitar desde un mercado ilegal a un mercado legal que discute las violencias. Eso es lo más importante”, dice.
Para ella, ese debería ser el punto central de la política del Ministerio de Salud. Y asegura que la cuestión se evalúa precisamente en torno a cómo lograr que todas las personas del norte del Cauca, por ejemplo, que no cuentan con licencia, puedan obtenerla y vincularse al marco legal del Estado.
“Entonces, es competencia”. Rodríguez cuenta que, a nivel internacional, el proceso de legalización del cannabis suele avanzar desde el uso medicinal hacia el uso adulto. En la mayoría de los casos, las empresas que ya poseen licencias y cuentan con infraestructura, conocimiento científico y experiencia terminan dominando el nuevo mercado.
Por eso, según afirma, “el reto aquí es cómo hacer que eso no pase”. Y para ello, es necesario encontrar mecanismos que permitan equilibrar la participación de los diferentes actores en la industria.
Los que ya tienen la licencia
Según el listado de licencias de cannabis medicinal actualizado en junio del 2025, hay 1916 “personas naturales, jurídicas y esquemas asociativos” que son titulares. Y allí radica el conflicto. El reto estaría en ¿cómo hacer para los que los que no tienen licencias, como los del norte del Cauca, tengan licencias?
“Eso es para empezar, la primera ruptura”. Y sostiene que la primera preocupación que cualquiera que hizo este decreto debería tener está enfocado en la búsqueda de una respuesta para que los que no tienen licencias y no han tenido hasta el momento, porque no tienen la infraestructura, la capacidad técnica y la científica, puedan hacerlo.
Y, aunque afirma que “el tema no es generar peleas injustas”, lo importante es que todos, de cierta forma, cuenten o no con la infraestructura o la solvencia económica, “jueguen en la fiesta”. Sobre todo, priorizando los criterios de paz, que es lo que tantas veces el gobierno ha dicho que busca hacer.
“Entrar en un mercado en desigualdad de condiciones”
Empezar a competir contra una farmacia es complicado o con quienes ya cuentan con los permisos legales o con la capacidad técnica. “Entonces, creo que deberían ser más estrictos y más específicos en esa discriminación afirmativa sobre quienes han sido víctimas precisamente de los mercados ilegales. Ejemplos, hay muchos”, establece.
Las primeras licencias que dio, por ejemplo, Nueva York para la producción y comercialización de cannabis, es para precisamente personas que han sido víctimas de la política de drogas. “Quienes han sido perseguidos, quienes han estado en cárcel, quienes han sido juzgados por microtráfico, a consumidores agredidos. Todos ellos fueron prioridad”, afirma.
Y, si justamente estamos hablando de un decreto para Colombia, que es uno de los países “vanguardia” en la criminalización de la producción y el consumo, “lo que tenemos que hacer es un decreto que sea a la altura de eso”. Porque lo complicado no está en crear un mercado, “el problema es transitar hacia la paz en territorios con estas economías”, finaliza.
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