Al papá de Andrea*, un paciente diagnosticado con leucemia desde 2012 y uno de los 1,2 millones de afiliados de la recién liquidada EPS Coomeva, el médico le autorizó unos exámenes en septiembre de 2021 para determinar cuál era el daño neurológico que había tenido después de sufrir una isquemia cerebral. Hasta el momento no se los han practicado. Y, según estableció EL COLOMBIANO, otros 6,4 millones de personas podrían enfrentar el mismo drama si su EPS es liquidada.
En el lugar donde se suponía que le tenían que hacer la prueba al papá de Andrea dijeron que ya no trabajaban con Coomeva. En la EPS, a su vez, le dieron una manida respuesta burocrática: que sí, que en el sitio que les habían dicho sí debían practicarle el examen.
Comprarlo y que se lo hiciera un particular era demasiado caro –costaba unos 600.000 pesos– y no podían pagarlo. En paralelo, Andrea palpaba a diario la desmejora en el estado de salud de su papá. “Él tiene una condición progresiva, no sé si le puedo llamar demencia senil. Se puede sentar a hablar, pero si comparo cómo es hoy y cómo era hace tres años, su evolución es negativa”, dijo Andrea.
Después de preguntar durante tres meses, echaron mano de un contacto que logró que le programaran el examen. Quedó para el 4 de febrero de 2022. Fue una fecha desafortunada, porque el pasado 25 de enero la Superintendencia Nacional de Salud anunció que Coomeva sería liquidada y solo prestaría sus servicios hasta el pasado 31 de enero, y que todos sus usuarios serían reubicados en otras 14 EPS.
El examen del papá de Andrea quedó cancelado. A partir del 1 de febrero fue afiliado a la EPS Salud Total. Allí tendrán que programarle la prueba otra vez, pues –según la Superintendencia– la base de datos de las autorizaciones se trasladó a las EPS receptoras.
Pero ese examen psicotécnico no es la única preocupación de Andrea y su papá. Debido a la leucemia que le diagnosticaron debe hacerse una quimioterapia oral, es decir, tomar pastillas a diario. Andrea lamentó que, a comienzo de año, tuvo que suspender el tratamiento durante unas dos semanas, pues no le habían dado las pastillas que necesitaba. “La semana pasada lo llamaron del centro médico de Imbanaco a decirle que le iban a entregar el medicamento”, agregó. A partir de ahora, tendrán que retomar sus trámites médicos con otra EPS, en otras instituciones y con otros profesionales de la salud.
12 liquidaciones desde 2018
El caso del papá de Andrea corresponde a uno entre 7,8 millones de afiliados que tuvieron que ser ubicados en una nueva EPS después de que la Superintendencia de Salud liquidara la que los estaba atendiendo. Han sido 12 liquidaciones desde el 2018.
Según advirtió la Asociación Colombiana de Empresas del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) a finales de diciembre del año pasado había al menos 18 EPS en franco riesgo de ser liquidadas en Colombia.
De acuerdo con la alerta que emitió Acesi en ese momento, no estaban cumpliendo con el plazo que les dio el Ministerio de Salud para llenar los requisitos establecidos por el Decreto 2702 de 2014. Según la norma, tenían siete años para obtener, entre otras cosas, un margen de solvencia, es decir, la plata suficiente que debe tener toda empresa de seguros para cubrir los riesgos que asume.
Recientemente, Coomeva fue liquidada y Emssanar entró en una toma de posesión. Además, según señaló Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi, otras tres EPS están intervenidas y presentaron un plan de reorganización institucional, que les da un plazo de tres años extra para cumplir con la norma.
Pero aún quedan al menos otras 10 EPS que no están cumpliendo y que aglutinan 6,4 millones de afiliados. “Queda el interrogante de qué pasará con el proyecto de decreto que en este momento está en el Ministerio de Salud, en donde pretenden darles otros 10 años de plazo a las EPS que presenten otro plan de reorganización institucional”, señaló Zuluaga.
EL COLOMBIANO consultó al MinSalud por el riesgo que estaban corriendo estas EPS, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
Mientras tanto, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, le dijo recientemente a Bloomberg Línea que desconocía los fundamentos de Acesi para determinar que estas EPS estaban en riesgo de ser liquidadas. “Nosotros venimos haciendo un proceso juicioso, haciendo auditorías, seguimientos, informes de entes de control”, dijo. Y agregó que 14 EPS están bajo Vigilancia Especial de la Superintendencia de Salud (ver infografía).
Según Daniel Trejos, vicepresidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, si bien no todas las EPS que entran en vigilancia especial resultan liquidadas, cuando esa medida preventiva no surte efecto la Superintendencia puede tomar la decisión de intervenir.
“No conozco ninguna EPS que haya sobrevivido a un proceso de intervención. Es el preludio a desaparecer”, aseguró Trejos. Y concluyó diciendo que los traslados de EPS resultan “traumáticos” debido a que los usuarios deben ajustar sus planes médicos a los nuevos prestadores, deben acudir a otros lugares para que los atiendan y deben manejar otros recursos electrónicos.
