Las controversias en torno a la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) no paran. Después de que EL COLOMBIANO reveló el plan para crear hasta 6.413 nuevos cargos por 438.265 millones de pesos, se conoció que múltiples operadores de la entidad, que prestan el servicio de protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, emprendieron una protesta en rechazo al aumento de recursos para funcionar en 2023, que consideran irrisorio.
Este reclamo quedó en evidencia en una carta que firmaron 43 organizaciones de todo el país, que se juntaron para pedirle al presidente Gustavo Petro y a las directivas del Icbf que reconsideren su decisión de aumentarles los recursos para su funcionamiento en solo un 3%, según ellos, considerando que para el próximo año está previsto que suban los costos de vida por cuenta de la inflación y el incremento del salario mínimo, cuya proyección supera el 12%.
Ante esta carestía prevista para 2023, las organizaciones reclamaron que el dinero que les entrega el Icbf por el cupo mensual de cada niño, niña o adolescente no alcanzará para cubrir todos los gastos por los servicios contratados a los operadores, por lo que pidieron una renegociación directa con el Gobierno Petro para evitar el desfinanciamiento de la atención a la niñez. El Icbf, por su parte, aseguró que analiza las peticiones de aumento.
De acuerdo a la misiva, cuyos principales firmantes fueron la Red de Protección a la Infancia (Redpai) y la Confederación Colombiana de ONG, de no hacerse este aumento, las organizaciones tendrían problemas para la atención de la población infantil en condición de vulnerabilidad, y se verían obligadas a conseguir fondos para cubrir lo que el Estado no les paga o, incluso, a clausurar sus labores debido al cierre de los servicios por incapacidad financiera.
Trabajo hecho con las uñas
EL COLOMBIANO dialogó con voceros de varios de los operadores del Icbf en Antioquia y todos coincidieron en que el aumento del 3% que anunció la entidad no representa los recursos suficientes para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios, ya que cada organización tiene que asumir la contratación de talento humano, el componente nutricional, la dotación de vestuario, transporte, materiales e infraestructura, rubros cuyo costo aumentará con el alza de precios que se dará en 2023.
Para mostrar este rezago, las organizaciones sociales ejemplificaron en la misiva enviada al Gobierno (ver facsímil), que el valor por cupo de cada menor de edad se establecería en cerca de 2,17 millones de pesos mensuales con el incremento del 3%, pero señalaron que con la subida del mínimo y la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC), habría un desequilibrio por cupo de 510.000 pesos.
Al respecto, los operadores señalaron que la plata no les alcanzaría el año entrante, en gran medida, porque la ley les exige que por cada 50 niños que atienden, de acuerdo al tipo de modalidad, deben costear a un equipo de trabajo integrado por psicólogo, trabajador social, nutricionista, profesores, entre otros, para la atención de los menores.
“Ante la poca disponibilidad de recursos nos toca recurrir a la gestión propia de ingresos con donantes, padrinos, voluntarios o incluso venta de prendas de vestir usadas. Nos vemos obligados a buscar ingresos por otro lado porque lo que el Icbf nos paga no nos alcanza”, le aseguró a este diario la representante de una institución sin ánimo de lucro que funge como operadora del Icbf en Antioquia, quien prefirió no revelar su nombre por temor a que dejen de renovarle el contrato.
Entre tanto, las organizaciones firmantes de la carta –que no ha sido respondida–, señalaron que están cansadas de reclamar un aumento mayor año tras año, pues aclararon que en los últimos cinco años el incremento al valor por cupo para todos los programas ha sido igual o menor al 3% y ha estado siempre por debajo del IPC, el ajuste al salario mínimo y la inflación.
Lo grave de esta situación, según denuncian las organizaciones, es que con este desfinanciamiento termina afectándose la atención integral que le brindan a la niñez, por lo que pidieron una “inmediata intervención para que en la venidera vigencia contractual (...) los operadores puedan suscribir contratos de aporte con reconocimiento y pago del valor cupo mes para cada una de las modalidades y los servicios de acompañamiento ajustados al IPC y al salario mínimo”, señala la carta.
Icbf todavía no decide
Ante el reclamo masivo por recursos, este diario consultó al Icbf para conocer su postura, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta formal al respecto; sin embargo a las organizaciones les enviaron una carta firmada por Martha Isabel Tovar, directora Protección encargada de la entidad, en la que expuso que el pedido de aumento de presupuesto está en evaluación.
“Son conocidos para el Icbf los posibles impactos que puede traer el incremento del salario mínimo y el ajuste del IPC para la vigencia 2023 (...) La Dirección de Protección asume el compromiso de analizar la situación macroeconómica y los impactos que tiene en la operación de los servicios de protección, específicamente sobre la tarifa valor cupo mes”, dice el documento.
Por ahora este conflicto entre los operadores y el Icbf sigue en vilo, por lo menos hasta inicios de 2023, pero lo cierto es que no es el primer reclamo público que se le hace a la actual administración del Icbf, bajo el mando del Gobierno Petro, pues su directora Concepción Baracaldo (ver Protagonista) ha tenido que sortear con una serie de cuestionamientos por cuenta de su gestión y por la tensa situación laboral en la entidad
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