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Ordenan tramitar acción popular interpuesta por isleños por fallo de La Haya
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Los isleños alegan vulneración de sus derechos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, del 19 de noviembre del 2012. FOTO COLPRENSA
El Consejo de Estado ordenó tramitar una acción popular que fue interpuesta por algunos residentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que alegan vulneración de sus derechos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, del 19 de noviembre del 2012.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de San Andrés rechazó la acción argumentando que no cumplió los requisitos exigidos para tramitarla.
Sin embargo, la Sección Primera, con ponencia de la doctora María Claudia Rojas Lasso explicó que aunque la demanda presentaba una deficiencia en el cumplimiento de las cargas procesales y probatorias para que proceda su admisión, se puede obviar ese requisito cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos.
Por su parte, los isleños afirman que se han afectado sus derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la defensa del patrimonio público y la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.
Dentro de sus argumentos, los residentes de la isla afirmaron que los pescadores de la isla quedaron afectados por la repentina pérdida de mar, pues la población raizal se vio expuesta a la pérdida del mayor “banco de pesca”, por lo cual se ha quedado sin alternativas de trabajo.
Además, recordaron que en el año 2000, la Unesco declaró el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva Mundial de la Biósfera Seaflower, en tanto es la reserva marina más grande del mundo y debe ser preservada.
La Sala señaló que “el daño contingente al que hizo alusión el actor se refirió básicamente a exponer que el mismo ya se causó con el desempleo de los “aborígenes”; la baja economía del turismo; la indefensión de zonas ecológicas a un probable sometimiento de explotación y extracción de crudo en alta mar; el uso del “mar perdido” para el tránsito interoceánico de países asiáticos y la vulnerabilidad de las fuerzas militares para proteger la zona, cargo que también es comprensible en virtud del derecho sustancial como principio fundamental de la función jurisdiccional.
Por tal razón y teniendo en cuenta la importancia del tema, se ordenó la admisión de la demanda, independientemente de si prospera o no.
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