A 40 años del holocausto, la Fiscalía reabre un capítulo clave de responsabilidad militar por los maltratos sufridos por 11 sobrevivientes trasladados a la Casa del Florero y a instalaciones oficiales.
A cuatro décadas del holocausto del Palacio de Justicia, la Fiscalía dio un paso que organizaciones de derechos humanos ven como decisivo contra la impunidad.
La Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema anunció que nueve exintegrantes del Ejército deberán responder ante un juez por presuntas torturas cometidas los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en el marco de los operativos de retoma del edificio.
Según el expediente, 11 personas rescatadas del Palacio —entre ellas dos estudiantes de derecho que visitaban el complejo judicial— fueron sometidas a tratos crueles en la Casa del Florero y en distintas instalaciones militares y policiales del centro de Bogotá.
Los hechos, concluye la Fiscalía, no fueron incidentales ni aislados, sino que se desarrollaron durante las maniobras oficiales ejecutadas para recuperar la sede del alto tribunal tras la incursión del M-19.
En la resolución de acusación, fechada el 24 de noviembre, aparecen mencionados Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, Rafael Hernández López, Iván Ramírez Quintero, Justo Eliseo Peña Sánchez y Siervo Antonio Buitrago Téllez.
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La Fiscalía los señala como coautores impropios del delito de tortura —física, moral y psicológica— contra Yolanda Ernestina Santodomingo, Eduardo Arturo Matson, José Vicente Rubiano, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saúl Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucía Limas Montaña, Héctor Darío Correa Tamayo y Magalys Arévalo Mejía.
Uno “de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá (Cundinamarca). Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días”, dice el documento de la Fiscalía.
Otro de los elementos más relevantes de la acusación es el uso de documentación interna del Ejército, especialmente el Plan Tricolor 83 y manuales operativos que, según el ente acusador, permitieron reconstruir la cadena de mando y las directrices en las que se enmarcaron los operativos.
Para la Fiscalía y para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), estas órdenes evidencian que las decisiones emanadas del Ministro de Defensa, la comandancia de las Fuerzas Militares y la Brigada XII influyeron directamente en las violaciones de derechos humanos documentadas.
El proceso también se nutre del Informe de Policía Judicial del 26 de septiembre de 2016, que detalla la articulación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), el rol del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales en la estructura operativa y el liderazgo de Sánchez Rubiano en los procedimientos que involucraron a los civiles retenidos.
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Para Cajar, que representa a varias víctimas, la decisión abre una puerta largamente esperada: la posibilidad de que las torturas cometidas durante la retoma no queden por fuera de la responsabilidad penal de los altos mandos.
“Es un paso más para derrotar la impunidad”, dijo el abogado Rafael Barrios Mendivil, quien recordó que aunque algunos uniformados ya habían sido condenados por desapariciones forzadas, este proceso aborda un universo más amplio de sobrevivientes que denunciaron torturas.
Entre los acusados hay nombres con antecedentes judiciales ligados a esos hechos. Ramírez Quintero y Blanco Gómez fueron condenados en 2024 por la desaparición forzada de Irma Franco, militante del M-19.
En ese fallo, el Tribunal Superior de Bogotá cuestionó la desproporción de la respuesta estatal durante la operación militar y señaló errores graves en la identificación de restos que incluso pusieron en entredicho la existencia de víctimas.
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