La senadora Paloma Valencia radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el reciente decreto del Ministerio de Trabajo que reglamentó la negociación sindical obligatoria por sectores económicos, al considerar que el presidente, Gustavo Petro, pasó por encima de la Constitución para imponer exigencias que llevarán a la quiebra a los pequeños empresarios del país.
El Decreto 234 del 6 de marzo de 2026 reglamentó que los empleadores de una misma rama de actividad negocien de manera unificada con las organizaciones de trabajadores.
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Ante este panorama, la congresista solicitó la suspensión provisional de la normativa, pues señaló que “el Gobierno no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o no tienen los recursos para pagar las exigencias”.
Valencia explicó que el jefe de Estado actuó de manera ilegal al revivir mediante esta figura normas que el legislativo ya había hundido. “A pesar que el Congreso negó estas normas absurdas en la Reforma Laboral, Petro se cree Rey y quiere pasar por encima de la Constitución”, indicó la candidata tras advertir que al mandatario “le encanta legislar por Decreto”.
La acción judicial alertó sobre el riesgo que corren las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la nueva regla que les exige poner a disposición de los negociadores su situación económica.
La senadora concluyó que el Ejecutivo no puede forzar a las corporaciones “a entregarle a los sindicatos toda su información financiera, incluyendo los secretos empresariales”, por lo que catalogó esta medida como “una sentencia de muerte para las mipymes”.
Otro de los motivos centrales de la demanda apuntó contra la figura de la cuota por beneficio convencional, la cual establece que los trabajadores no sindicalizados deberán pagarle a las organizaciones titulares una suma equivalente a la cuota de los afiliados.
Sobre este punto, Valencia reprochó que se busque “crear una especie de impuesto que todos los trabajadores deben pagarle a los sindicatos, sin importar si son parte de ellos”, una estrategia que, según expresó, tiene como objetivo “crear una extorsión permanente durante elecciones”.
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