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El paro agrario de 2013 fue uno de los episodios más complicados durante el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos: 12 departamentos paralizados por bloqueos en las carreteras, enfrentamientos con la Policía, 160 heridos, 1,8 billones de pesos en pérdidas y más de 500 toneladas de comida desperdiciadas dejaron como resultado los reclamos de la población campesina.
En mayo de 2014 se repitió la historia, con un matiz menos violento. Detrás del paro pasado estuvieron los incumplimientos del Gobierno Nacional, de acuerdo con la versión de los campesinos. Fueron 183 los compromisos que acordaron los movimientos campesinos con el Ministerio de Agricultura: bajar los precios de los insumos agrícolas, abolir la resolución 97o sobre semillas y compensar a los productores de arroz y leche fueron algunos de los puntos que el Gobierno no alcanzó a cumplir.
César Pachón, líder de Dignidad Papera y uno de los voceros del movimiento Dignidad Agropecuaria, considera que en los acuerdos fundamentales, el Gobierno sigue incumpliendo. En diálogo con EL COLOMBIANO anunció un posible paro cafetero en Armenia: “el 22 de junio habrá una movilización porque necesitamos compensar las pérdidas del café. Esto será con miras a proponer un paro nacional en la tercera semana de julio”.
Así las cosas, el Gobierno se vería, una vez más, en medio de la presión de un paro agrario que podría incidir en las elecciones regionales de octubre. El Ministerio de Agricultura asegura que ha hecho todo lo posible por cumplir con los acuerdos no solo del paro agrario, sino del pacto agrario, un acuerdo en el que recibieron más de 4.000 propuestas de los municipios del país.
De acuerdo con el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, “cada municipio podía presentar cinco proyectos con un alcance de 250 millones de pesos. Eso quiere decir más de 1.250 millones de pesos por municipio. Adicionalmente, los departamentos presentaban cinco proyectos por 2.500 millones de pesos cada uno. ¿Qué ha pasado?”.
Recientemente, la Sociedad de Agricultores de Santander (SAS) se mostró inconforme porque, de los cerca de 4.000 proyectos presentados, solo 81 fueron aprobados. El mismo Pachón calificó la cifra como “irrisoria” y señaló que el pacto agrario se creó “para confundir a la opinión pública”.
La ausencia de comunicación con el Gobierno es uno de los puntos que han resaltado las asociaciones campesinas. Como explicó Pachón, el Gobierno realizó un pacto agrario sin tener en cuenta las dignidades agropecuarias que fueron las que salieron a protestar a las calles.
En respuesta, el Ministerio señala que “actualmente mantiene una comunicación constante con las diferentes organizaciones de base campesina del país”. Esto se ha visto reflejado, dice el Ministerio, en el cumplimiento de los acuerdos: “de los 239 compromisos derivados de las diferentes instancias, 139 están relacionados con el Ministerio. Hemos cumplido 106, es decir, el 77 %. El resto, se encuentra en proceso”.
Uno de los compromisos que destaca el Ministerio es el siguiente: “se hicieron todos los pagos a los que tenían derecho los caficultores por el PIC Cafetero, superando el compromiso de 1 billón de pesos. En 2013 se entregaron apoyos a 379.512 caficultores por un valor de 1.18 billones de pesos, para cubrir 8.9 millones de carga de café pergamino seco. En 2014 se entregaron apoyos a 290.520 caficultores, por un valor de 155.262 millones de pesos en 21 departamentos y 554 municipios”.
Para aliviar la deuda del gremio cafetero, el Ministerio explica que a la fecha el Banco Agrario tiene 39.166 pagarés firmados. Se han invertido 128.000 millones de pesos para cubrir parte de la deuda de algunos cafeteros.
Óscar Gutiérrez Reyes, representante del Movimiento Dignidad Cafetera, admite que el Gobierno ha hecho esfuerzo en materia de subsidios, pero que incumplió en otros acuerdos: “por ejemplo, la rebaja en los precios de fertilizantes está sin incumplir. No se ha reunido con el gremio para hacer seguimiento a la producción del café. Podemos decir que ha cumplido un 15% de lo que ha propuesto porque si bien se ha avanzado en el café, en las plantas para el limpiado y lavado de papa no cumplió, en el control de contrabando tampoco”.
Sobre el cuestionado pacto agrario el Ministerio también tiene su versión. La aprobación de los proyectos no es un trámite tan sencillo. De los 3.730 proyectos productivos municipales evaluados, dijo el Ministerio, resultaron viables 611. La razón: “la aprobación final está sujeta a la visita de campo y a la revisión de la Dian de los beneficiarios, para asegurar la transparencia del proceso en cuanto a su condición de pequeños y medianos productores. Se recibieron más de 1.400 subsanaciones adicionales, es decir, que el número final puede aumentar”.
De los proyectos que presentaron los departamentos han sido aprobados 30, lo que significa una inversión de 40.000 millones de pesos. Aunque no está definido, el Ministerio asegura que están “preaprobados” 248 proyectos de empleo rural, lo que generaría cerca de 12.000 empleos. La inversión rondará los 65.000 millones de pesos.
Un punto en el que coinciden los movimientos campesinos con el Ministerio de Agricultura es en el incremento de los costos de los fertilizantes. De acuerdo con cifras propias de esa cartera, los costos de los fertilizantes han aumentado durante los primeros cuatro meses de 2015 debido al aumento de la tasa de cambio del dólar, con una devaluación del 23% con respecto a 2014. “ A pesar de que los precios internacionales de fertilizantes han bajado, los jugadores actuales en el mercado colombiano no han reducido sus precios de la misma forma”, explica el Ministerio.
Para mitigar estos efectos, el Ministerio está implementando una estrategia con Vecol (Empresa Colombiana de Productos Veterinarios) para “la compra e importación de 20.000 toneladas de fertilizantes 15-15-15 con una inversión de 7,3 millones de dólares. Esto con el fin de consolidarse como un nuevo jugador permanente en el mercado de fertilizantes en Colombia que permita regular los precios de este importante insumo”.
Las voces críticas no provienen solo desde los movimientos campesinos. En el Congreso también han cuestionado la seriedad del Gobierno en el momento de cumplir los acuerdos.
El senador Alberto Castilla Salazar, del Polo Democrático Alternativo, le dijo a El COLOMBIANO que “un punto crucial de los acuerdos consistía en financiar proyectos de fomento a la economía campesina, y el Gobierno en este tema no ha cumplido. Son ocho ejes del pliego que el Gobierno parece ignorar. En la Cumbre Agraria participaron afrodescendientes, indígenas y comunidades campesinas. Con la dos primeras comunidades el Gobierno no ha adelantado propuestas”.
Para César Pachón, la crisis en el sector del agro se ve reflejada en el trabajo de los arroceros. Además de las deudas de los productores, que en muchos casos sobrepasan los 20 millones de pesos, “está el problema de la resolución 970, que le pide al productor que compre semillas certificadas de una casa comercial específica, usualmente importadas. Estas semillas germinan pero tienen unas variedades que han afectado la producción. En últimas son semillas que no son de buena calidad. El Gobierno quedó de derogar esta resolución y permitir la libertad de las semillas pero no ha sido posible...”
El Ministerio de Agricultura, por el contrario, asegura que en el gobierno Santos sí se ha fortalecido la economía campesina. Entre 2010 y abril de 2015, el Gobierno ha invertido, según cifras del Minagricultura, “7,4 billones de pesos en adquisición de tierras, economía campesina, formalización de la propiedad rural y productividad, cada uno con un componente de capacitación”.
En los diferentes pliegos radicados ante el Ministerio de Agricultura aparece la petición de los campesinos de tomar medidas para evitar que los productos de los países que tienen tratados de libre comercio (TLC) con Colombia afecten la producción local. Uno de los casos en los que más se ha insistido es en la importación de la leche en polvo, pues esta genera una caída de los precios de la leche. “Con el abono más caro de Latinoamérica no podemos ser competitivos”, declaró Pachón.
Sobre este punto, el Ministerio de Agricultura sostiene que, por lo menos en 2014, las importaciones agropecuarias y agroindustriales presentaron un crecimiento del 5% en términos de volumen y 2% en términos de valor, pasando de 9.8 millones de toneladas valoradas en 6.054 millones de dólares en 2013, a 10 millones de toneladas valoradas a 6.179 millones de dólares.
Este balance surgió a partir de las compras externas de productos específicos. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio, hubo un aumento de un 1% en el grupo de cereales (pasando de 3,8 millones en 2013 a 3,9 millones de toneladas en 2014. En soya, por ejemplo, aumentó un 15%, pasando de 86.000 en 2013 a 99.000 toneladas en 2014. La palma también creció un 7%, al pasar de 1 millón en 2013 a 1,1 millón en 2014. Esto demuestra, según el Ministerio, “estos sectores no han visto una sustitución de producción nacional, sino más bien una ampliación del consumo nacional”.
Sobre este tema, el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde (quien estuvo al frente del paro agrario como vocero del Gobierno), opina que “ahora que hay elecciones el tema se está volviendo a mover, esto no puede seguir así. Es cierto que hay que tomar reformas estructurales, pero si el Gobierno sigue compensando los ingresos de los agricultores a base de subsidios nunca van a estar realmente preparados para el mercado internacional. Los agricultores necesitan producir con calidad para competir frente a los tratados de libre comercio, de lo contrario, el problema seguirá igual”.