El tema más complejo de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en el Congreso fue resuelto antier con la decisión de la Corte Constitucional que les abrió las puertas a los exguerrilleros para participar en política. No solo deben aportar verdad y reparar a las víctimas, como está en el acuerdo final, hay una salvedad: será una exigencia dejar el cargo al cual fueron elegidos si no lo hacen.
Según el Alto Tribunal, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, podrá presentarse en las elecciones de 2018. Esta participación de los exsubversivos en procesos políticos y electorales no es un asunto exclusivo de Colombia. En otros países, luego de procesos de negociación, dejación o entrega de armas y reintegración a la sociedad civil, los excombatientes han ocupado cargos de elección popular que van desde congresistas, ministros y embajadores hasta jefes de estado.
Experiencias del mundo
Un ejemplo del cargo de elección más alto ocupado por un excombatiente lo ostenta Salvador Sánchez Cerén, un excombatiente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien ejerce como presidente de la República de El Salvador.
Sánchez Cerén llegó a este alto cargo después de desempeñarse como diputado de la Asamblea y ser vicepresidente. Su entrada a la vida política se dio después de que el grupo guerrillero en el que militaba firmara un acuerdo con el Gobierno el 16 de enero de 1992. Igual sucedió con otros cinco países (ver infografía).
La participación política de los grupos exguerrilleros que se acogieron a un proceso de paz en sus respectivos países, es la base para que la implementación de lo acordado sea un proceso exitoso. Por lo menos así lo considera Patrick Colgan, asesor del Gobierno de Irlanda en el proceso de paz de ese país con el Ejército Republicano Irlandés, IRA.
“No se puede concebir que en un país que se ha firmado un acuerdo las partes restrinjan la participación política cuando ese es el fin, y a su vez, el propósito de dejar las armas. Cuesta tiempo admitirlo, como sucedió en mi país, pero con el tiempo se irá aceptando la participación y la gente decidirá si vota o no por ellos”.
Ibrahim Bangura, director de Transición Internacional de Sierra Leona, considera que la participación política de excombatientes los obliga a desarrollar un papel dentro y por las comunidades.
“El programa que se diseñe debe estar basado en la realidad y no en proyecciones o en sueños que mostrarán la reintegración como un modelo, pero solo en el papel”, dice.
No obstante, antes de llegar a ocupar estos cargos ha sido primordial establecer la responsabilidad en el conflicto armado y en este punto, Colombia se asemeja a esos otros procesos de paz que se han desarrollado en las diferentes latitudes: los exguerrilleros deberán comparecer, en el caso colombiano, ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, como lo dijo el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera.
“La Corte claramente dice que no hay inhabilidad pero sí incompatibilidades. Es decir, es posible que se establezca una pena y si el cumplimiento de esta hace imposible la participación prima las obligaciones ante la JEP”, dijo Rivera.
En Colombia también se han tenido esas experiencias con desmovilizados de otros grupos como el M- 19, Epl, y Eln; personas que decidieron hacer políticas sin armas y desde la legalidad.
