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Así las Farc financiaron la guerra

  • El fiscal Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros le entregaron a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, dos informes. FOTO: Cortesía JEP
    El fiscal Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros le entregaron a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, dos informes. FOTO: Cortesía JEP
Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. | Publicado el 11 de enero de 2019
Infografía
Así las Farc financiaron la guerra
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informes ha entregado la Fiscalía General de la Nación a la JEP.

Por lo menos 11,39 billones de pesos estuvieron en manos de las Farc a través de sus diferentes formas de generación de ingresos. Con el paso de los años, la que fue la guerrilla más grande del continente, sofisticó los mecanismos para obtener ingresos y así mantener a sus filas y luchar contra el Estado.

El informe sobre “Fuentes y mecanismos de financiación de las Farc” entregado ayer a la JEP por parte de la Fiscalía General de la Nación detalla cómo la insurgencia accedió a ese dinero producto del secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal, ya que los recursos provenientes de la extorsión no fueron calculados (ver gráfico).

“En una línea de tiempo que va desde sus orígenes, a comienzos de los años 60, hasta la desmovilización absoluta de las Farc, en el año 2016, se hace un recuento histórico, documentado y generoso de información sobre lo que fue la economía de la guerra”, explicó el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien agradeció el esfuerzo de 300 fiscales e investigadores quienes analizaron 15.000 testimonios y 13 millones de archivos digitales.

Principios rectores

Este documento identifica tres principios rectores que determinaron el manejo de las fuentes y mecanismos de financiación de las Farc: el primero es la diversificación, con lo que logró pasar de una economía elemental, que encontraba sus recursos en aportes de simpatizantes, secuestros esporádicos y la vinculación artesanal a la minería, a una mucho más sofisticada basada en dineros provenientes del narcotráfico, secuestro y la extorsión, practicados a gran escala y de las inversiones en actividades económicas productivas, tales como la minería, tierras y ganado.

Le segunda es la regionalización, ya que no todas las actividades ilegales se podían realizar con igual éxito en todo el país, lo que generó una especialización económica de los frentes guerrilleros que privilegiaron unas fuentes económicas sobre otras.

La tercera es la centralización, con la cual los organismos superiores de la organización se encargaron de controlar los gastos y los ingresos de los frentes, a través de la combinación de mecanismos administrativos y disciplinarios, de tal forma que sirvieran para garantizar su autosostenimiento y financiar los planes militares a largo plazo.

El secuestro

Una de las más antiguas formas de financiamiento de las Farc, de acuerdo con el informe, fue el secuestro, que con el tiempo se fue refinando y sofisticando: “esta práctica estuvo acompañada de innovaciones en las técnicas para la ejecución de los secuestros, como las ‘pescas milagrosas’ y ‘la asociación con bandas criminales’, las cuales reportaban mayores utilidades económicas para la organización por ‘economías de costo’”.

Según el ente investigador, con la práctica del secuestro extorsivo las Farc recaudaron al menos 3,6 billones de pesos.

La extorsión

El informe también da cuenta de que la extorsión fue una de las principales políticas financieras de las Farc y que “comparada con otras formas de financiamiento, las prácticas orientadas a presionar, persuadir y atemorizar a las víctimas, con el fin de obtener los pagos exigidos, no significaron para las Farc los costos propios de los grandes y constantes despliegues de violencia directa como sucedía, por ejemplo, con el secuestro”.

De este delito no hubo un cálculo de ingresos, pero sí que era la economía que sostenía a las tropas cuando la presión militar o el contexto no permitía el desarrollo de los otros negocios.

Narcotráfico y minería

Las Farc cobraban extorsión a todas las actividades productivas en las regiones donde tenían poder, pero especialmente lo hacían en el gramaje de la hoja de coca y de la minería ilegal. Luego, según la Fiscalía, empezaron a hacer parte directa de ambos negocios, lo que les dejó los más importantes ingresos.

La entidad pudo constatar que al menos recibieron 7,7 billones de pesos de cuenta del narcotráfico y 16.658 millones de pesos por la minería ilegal.

Desde las Farc

Los exguerrilleros de las Farc han asegurado que nunca fueron una organización millonaria y que “el fiscal miente con ánimo de destruir el proceso de paz”, como lo ha dicho Pastor Alape cada que la Fiscalía inicia algún proceso de extinción de dominio sobre presuntos bienes de las Farc.

En agosto de 2017 el Secretariado de las Farc declaró bienes, activos, oro y dinero por aproximadamente 995.917 millones de pesos, pero de ello, según pudo constatar EL COLOMBIANO a octubre pasado solo habían entregado el equivalente a 35.417 millones, es decir, el 3,55 % de lo que había prometido.

Sin embargo, el fiscal tasó los bienes incautados desde la firma del Acuerdo de Paz en más de dos billones de pesos.

Contexto de la Noticia

Paréntesis ¿Para qué los informes de la Fiscalía?

La magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, explicó que “estos informes son el punto de partida para la construcción y el diseño de los grandes casos que adelantará la JEP y, de hecho, los anteriores ya han sido vitales para la construcción de los cinco casos ya abiertos en la jurisdicción”. La Fiscalía ha entregado ya 11 informes y los cuatro restantes serán presentados antes de un mes, según adelantó el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Informe sobre Victimización a líderes sociales por parte de agentes del Estado

La Fiscalía General de la Nación también entregó a la JEP un documento en el que describe y analiza la presunta participación de agentes del Estado en la victimización de defensores de derechos humanos, a partir de las investigaciones que cursan en el ente acusador.

Entre 1985 y 2016, la Fiscalía abrió 184 investigaciones sobre 536 casos que tuvieron lugar en 87 municipios de 23 departamentos, así como en el distrito capital.

Con respecto a las 139 investigaciones que cursan bajo la Ley 600, 32 investigaciones (23 %) no han contado con un impulso procesal efectivo que permita su avance y se encuentran en etapa de investigación previa. Adicionalmente, 44 casos (31.6 %) están en etapa de instrucción; tres (2 %) en etapa de juicio y 60 (43 %) tienen sentencia.

Con respecto a las 45 investigaciones que cursan bajo la Ley 906, 35 investigaciones (77 %) no han tenido un avance procesal importante y se encuentran en etapa de indagación. Adicionalmente, tres casos (6.6 %) están en etapa de investigación; tres (6.6 %) en etapa de juicio y existen tres (6.6 %) con sentencia. Un proceso fue remitido a la Justicia Penal Militar para su conocimiento.

La mayoría de los implicados pertenecen al Ejército.

Actualmente es más difícil

La magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, aseguró que “este informe se relaciona mucho con la desafortunada coyuntura que está viviendo el país en materia de asesinatos de líderes sociales. Sea la oportunidad también, desde la JEP, de lamentar profundamente esta situación que está viviendo el país, definitivamente grave y preocupante, con los líderes sociales, y aspirar a que en conjunto las distintas instituciones podamos contribuir a que cese este accionar que está cobrando vidas y que está afectando de manera seria la posibilidad real de que este país finalmente alcance la paz”.

Por su parte, Néstor Humberto Martínez explicó que de 231 casos de asesinatos de líderes conocidos por su entidad en los últimos dos años, en 126 se ha establecido la autoría.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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