Tareas para quien herede la defensa de los DD.HH.

Un mes es el plazo para definir el sucesor del Defensor Carlos Alfonso Negret. Gobierno presentó terna.

El presidente Iván Duque reveló ayer el nombre de las personas que aspiran a reemplazar a Carlos Negret Mosquera como Defensor del Pueblo para los próximos cuatro años, cuyas funciones empezarán a cumplir en septiembre, una vez sea aprobado por la Cámara de Representantes.

Los candidatos son el director de la Asociación Nacional de Departamentos, Carlos Ernesto Camargo Assis; Elizabeth Martínez Barrera, secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara de representantes; y Myriam Carolina Martínez Cárdenas, directora de la Agencia Nacional de Tierras.

Duque destacó la hoja de vida de los elegidos (ver perfiles) y afirmó que poseen todas las condiciones “porque conocen sobre derechos humanos, económicos, sociales, culturales y conocen a la Colombia profunda”.

El jefe de Estado agregó que son personas “con calificaciones, con méritos, y que a partir de este momento, con la notificación que estamos haciendo al órgano Legislativo, estarán presentando ante la Cámara de Representantes su visión, sus anhelos y sus proyectos para que Colombia siga fortaleciendo la Defensoría del Pueblo como una de las instituciones más importantes que tiene nuestro país”.

Se espera entonces que desde la Cámara se realicen los debates para que, a principios del próximo mes, se dé inicio a una nueva etapa en la institución que es considerada la principal defensora de los derechos humanos.

Su importancia

Estar al frente de la defensa de los derechos de los colombianos, del sistema de alertas tempranas y del sistema de defensoría pública será parte del reto del próximo defensor.

De ahí que Kenneth Burbano Villamarín, director Observatorio Constitucional U Libre, recuerde que el Defensor del Pueblo tiene que ser alguien sensible a las necesidades de los sectores más vulnerables.

“Esa terna integrada por amigos o cercanos al presidente de la República y la elección por cuenta de la Cámara de Representantes, hay que cambiarla; las famosas ternas de uno. La llegada de políticos a este organismo de control ha causado un mucho daño; hoy se mira la Defensoría como un pastel burocrático para repartir”, dice el docente.

Agrega Burbano Villamarín que dentro de esas tareas importantes está la defensoría pública, “que no puede estar sometida a la repartición de contratos por recomendaciones políticas, alterando la permanencia de abogados experimentados, con trayectoria”.

Por su parte, Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, explica que otro de los retos del futuro defensor o defensora está en no ser un “funcionario de tercer nivel” que no tenga la importancia que esa entidad requiere.

“La Defensoría, como institución, ha hecho una tarea valiosa. El problema es que no siempre tiene la incidencia que debería tener o la escucha que debería tener entre otras instituciones del Estado, y es allí que ese mandato de prevenir la violación de los derechos humanos pierde importancia. Por eso es que el defensor o defensora que se nombre debe tener la mayor importancia o reconocimiento”, asevera el profesor Vargas.

Defensores de DD.HH. en el país como Wilfredo Cañizares, quien trabaja en Norte de Santander, reconoce que la Defensoría es una institución “sin dientes”, pero que no se puede dejar de reconocer y “hay algo que esperan en las regiones”, y es lo que viene haciendo la actual administración: visitar las zonas más apartadas y necesitadas.

“Reconocemos lo que hizo el actual defensor Negret y tiene que ver con el real valor de la Defensoría que es visitar las regiones, acompañar a las comunidades, escuchar a la gente. Necesitamos una Defensoría que no pierda ese rumbo, que siga elevando la voz de quienes están necesitados y acechados por la violencia”, expresó Cañizares.

Para cumplir con su labor, el presupuesto anual de la Defensoría es de $596.953 millones, de los cuales $551.682 son para su funcionamiento y $45.271 millones van a la inversión y la planta de personal, que fue modificada en 2014 para un total de 862 funcionarios y unos 3.800 abogados vinculados al sistema de defensa pública.