La Corte Constitucional asumió este lunes el estudio automático de la Ley 1865 de 2017 que permite la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.
Se trata de una ley que tuvo que tramitarse después que la Corte Constitucional tumbara el decreto 298 de 2017, por considerar precisamente que estas disposiciones debieron tramitarse por una ley y no por decreto.
En ese sentido, la nueva ley dispone que para poder ampliar la planta de personal es necesario exceptuar a la Unidad Nacional de Protección de la limitante que impide que los gastos en la planta de personal de las entidades públicas superen, en promedio, el 90 por ciento de la meta de inflación esperada cada año.
Concretamente, la Ley exceptúa a la UNP durante la vigencia fiscal de 2017 y de 2018 de la aplicación “de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000 en el crecimiento de los gastos de personal relativos a la modificación de su estructura y planta de personal, para la implementación inmediata de medidas materiales de protección de que trate el punto 3.4.7.4. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”.
En el Acuerdo se pactó implementar un Programa de Protección Especializada que tendrá como objetivo proteger a los integrantes del nuevo partido de las Farc durante sus actividades.
El estudio de esta ley quedó en manos de la magistrada Cristina Pardo quien solicitó al Senado y a la Cámara de Representantes que remitan a la Corte las certificaciones correspondientes sobre el trámite y votación de la Ley en el Congreso, así como las gacetas donde fueron publicados los textos aprobados en primer y segundo debate.
El despacho igualmente solicitó el concepto respectivo al Procurador General de la Nación que deberá ser entregado en un lapso de diez días y solicitó igualmente conceptos sobre este asunto a los ministerios del Interior, de Justicia, de Hacienda, a la Unidad de Protección, la Defensoría del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a las facultades de derecho de cinco universidades de Bogotá.
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