Seis bóvedas con 1.545 cajas con la información de inteligencia que por años recopiló el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) pasarán en los próximos meses a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esto sumado a los expedientes de la Corte Suprema de Justicia y los que empezarán a entregar los tribunales del país se convierten en un volumen casi inmanejable de información, en la que reposa, finalmente, lo ocurrido en el conflicto en Colombia.
El acceso a esos archivos hace posible el derecho a la verdad que tienen las víctimas, reseña el informe “Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo”, de Dejusticia, una ONG que ha estudiado el sistema transicional en Colombia.
La dificultad radicará, de acuerdo con ese documento, en la conservación y la indexación de ese material. Será entonces tarea de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la propia JEP “producir y recopilar unos conjuntos documentales de excepcional valor para la memoria del país”.
Medidas cautelares
La JEP otorgó medidas cautelares a los documentos inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, basada en que, entre otras cosas, “las múltiples investigaciones penales, ya concluidas y en curso, se fundamentaron en gran medida en documentos que reflejaban el presunto actuar delictivo de funcionarios y empleados del DAS y las relaciones con grupos al margen de la ley, razón por la cual su preservación y disponibilidad para la JEP es de suma importancia, para la consecución de la verdad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.
Según ese órgano transicional, los documentos del DAS corren riesgo de perderse, incluso, en el pasado ya otras organizaciones han alertado de destrucción y abandono de material muy sensible.
Para Claudia Julieta Duque, periodista que fue torturada por el DAS cuando investigaba irregularidades, esta “es una medida tardía, porque ya se perdieron los archivos digitales y más de 60.000 documentos que estaban en papel de fax y jamás fueron fotocopiados”.
Agregó que tampoco es una medida suficiente porque “solo cobija archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. Por mi experiencia, en otros documentos como los administrativos (folios de vida, felicitaciones), los de transporte y vehículos, entre otros, reposa información clave para esclarecer crímenes y responsables”.
Duque explicó que, por ejemplo, con los documentos de entrega de papelería lograron establecer la existencia del G3, un grupo especial, que de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, hacía inteligencia con apariencia de legalidad, pero se dedicaba a cometer delitos contra opositores al Gobierno. Era precisamente el grupo de las llamadas chuzadas.
Los expedientes de la Corte
Los que sí llegaron a la JEP son los primeros 18 expedientes de la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de los múltiples asuntos que la JEP tendrá que resolver. Son 50 años de conflicto resumidos en unos casos emblemáticos: el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino a manos de las Farc; el caso de la guerrillera Marilú Ramírez, conocida como la Mata Hari, que infiltró un curso de oficiales de la Escuela Superior de Guerra contra la que atentó y el caso contra el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario por la masacre de la familia Turbay Cote.
Además, se encuentran los expedientes de diez militares condenados por falsos positivos en diferentes regiones del país; el caso de Gilberto Torres Muñetón, quien fue confundido con alias El Becerro, comandante del frente 57 de las Farc; el caso de Henry Becerra Torres, condenado por el asesinato de Édgar David Carvajal Arango, desmovilizado de las Farc; el archivo en contra de Edison Moreno Barragán por la detonación de una bomba en Bogotá; el proceso contra 11 miembros de una organización que proveía material bélico al Bloque Oriental y el de otros dos colaboradores que les vendían armas.
Cuando los expedientes fueron entregados a la JEP, el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte, aseguró que “si le va bien a la JEP, le va bien al país. Tras la firma del Acuerdo de Paz del Gobierno con la guerrilla de las Farc, la justicia sigue siendo una sola. Y, en este proceso de transición, tiene que estar acompañada de acciones que nos lleven a conocer la verdad y a reparar el daño causado”.
y agregó: “Todas las instituciones del país, incluida la Corte Suprema debemos apoyar estos procesos que nos llevarán a reconstruir una Nación con millones de víctimas ansiosas de encontrar la paz”.
La tarea no es poca, y mucho menos fácil, aún no se han tramitado todas las leyes que soportan la justicia especial, pero, la misión es una sola: develar los sucedido en 50 años de guerra..
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