No importó una alerta temprana emitida por la Defensoría del pueblo en noviembre de 2018. Tampoco la denuncia de EL COLOMBIANO hecha en febrero tras visitar la zona ni la fuerte presencia del Ejército. En el sur de Córdoba, los ilegales siguen haciendo de las suyas y esta vez son los culpables del desplazamiento forzado de por lo menos 500 personas.
Desde el pasado jueves, los choques armados entre las disidencias del frente 18 de las Farc al mando de alias Ramiro, y el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas), hicieron que 120 familias de la vereda Santa Rosa, de Puerto Libertador, se desplazaran al casco urbano del corregimiento Juan José de ese municipio.
“Hasta el domingo teníamos el registro de 181 menores 88 mujeres, 4 de ellas embarazadas, y 109 hombres. Estas personas están en un espacio de la diócesis de Montelíbano. Sin embargo en las últimas horas recibimos un nuevo reporte sobre la llegada de aproximadamente 230 personas de la vereda Riosucio por las mismas circunstancias”, afirmó la Defensora Delegada para los derechos de la Población Desplazada, Ingrid Rusinque Osorio.
El ministerio público expresó su preocupación por la situación, que ya había sido advertida por el mismo defensor del pueblo, Carlos Negret, y que “no fueron atendidas de manera oportuna por las autoridades y ahora nos encontramos con un panorama desolador para las comunidades campesinas y con una capacidad institucional muy baja”, agregó la funcionaria.
A esta situación de zozobra se suma el miedo generado por el secuestro y posterior asesinato de tres indígenas que según la comunidad, fueron sacados de sus viviendas en el corregimiento Versalles por hombres del Clan del Golfo, o como son conocidos en la zona, Águilas Negras. La denuncia fue corroborada por Andrés Chica, defensor de Derechos Humanos del Sur de Córdoba.
