La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, revocó el fallo en el que había expulsado al excongresista Álvaro Antonio Ashton. La decisión la tomó tras acoger un recurso interpuesto por la Procuraduría, en el que este organismo argumentaba que no se sustentaron debidamente las razones por las que se expulsó a Ashton de la JEP, porque, según ese ente de control, dicha medida fue desproporcionada y no estudió la viabilidad de otras opciones.
Ante este panorama, la JEP decidió que antes de proceder a la expulsión de Ashton se debe abrir un incidente de incumplimiento para evaluar si lo sancionan de otra forma o es inevitable su expulsión. En este punto, Ashton tendrá su última oportunidad para demostrar que no ha faltado a la verdad y que tiene pruebas para comprobarlo.
El excongresista había sido expulsado el pasado 25 de octubre porque, según la JEP, sus aportes fueron “insuficientes, vagos y sin fundamento, y no cumplieron con los presupuestos exigidos, tanto así que sus aceptaciones de responsabilidad y explicaciones suministradas a la JEP no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional”.
La Sala agregó que el aporte entregado por Ashton “no es significativo y no conduce a la construcción de una verdad colectiva, pero además, deja advertir la falta de franqueza en sus dichos y la actitud contumaz frente a la poca o casi nula satisfacción de los principios del Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición)”.
Los compromisos de Ashton
Ashton había sido aceptado por la JEP en 2018 por los delitos de concierto para delinquir, por su relación con grupos paramilitares; por cohecho, por lo relacionado con el presunto soborno entregado para ser favorecido en procesos judiciales y por amenazas que habría proferido en contra de un ciudadano privado de la libertad.
El proceso por sus vínculos con paramilitares relata que entre 2004 y 2006 Ashton Giraldo se reunió con los comandantes del bloque norte de las autodefensas. Dice el expediente que lo que buscaba era recibir apoyo de la organización, “traducido en beneficios burocráticos y políticos en Magdalena y Atlántico para consolidar y asegurar su aspiración al Senado de la República”.
Su aporte a la verdad de este proceso estaba relacionado con la versión de cómo su sobrino, Fabián Ashton, fue empleado del Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, entidad cooptada por el frente José Pablo Díaz, de las estructuras paramilitares entre 2004 y 2006.
Sobre el proceso de las irregularidades en el trámite de procesos en la propia Corte Suprema de Justicia se ordenó una investigación, porque en su momento Ashton Giraldo con el concurso del entonces magistrado Francisco Javier Ricaurte habría pagado para verse favorecido en expedientes en su contra.
Dice la investigación que a través de Ricaurte y posteriormente por intermedio de Luis Gustavo Moreno (quien años después llegó a la Fiscalía como fiscal anticorrupción) entregó unos 600 millones de pesos para que en el alto tribunal se dilatara el proceso de concierto para delinquir por sus nexos con los paramilitares. En esas pesquisas se dice que los dineros iban a ser entregados a los magistrados Gustavo Enrique Malo y José Leonidas Bustos.
En los escritos con los que solicitó su comparecencia destacó que contaría los servicios que supuestamente contrató con el entonces abogado Moreno Rivera, hoy condenado en los Estados Unidos, pero según la JEP este hecho tampoco lo cumplió.
En lo que respecta a las amenazas, la denuncia fue interpuesta por Juan Francisco Segura Gómez quien asegura que Ashton ha proferido intimidaciones y demandas en su contra por presunto falso testimonio. Segura es uno de los declarantes en contra del excongresista en el delito de concierto para delinquir, por lo que la JEP también es competente para asumir el expediente.
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