Carlos Ruiz Massieu, de origen mexicano, fue nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, como su Representante Especial y Jefe de la Misión de Verificación de ONU en Colombia.
Ruiz Massieu sucederá a Jean Arnault, de Francia, quien estuvo al mando del equipo encargado de verificar la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc desde su mismo comienzo, y quien, incluso, fue delegado para los diálogos de paz, en La Habana.
Guterres expresó a Arnault su profunda gratitud por su apoyo ejemplar a la paz en Colombia desde 2015.
El nuevo jefe
El mexicano, con 25 años de experiencia en la función pública y diplomática, estuvo involucrado en establecer y apoyar las operaciones de paz, así como en promover las reformas de la ONU en las áreas de paz y seguridad, desarrollo y gestión, a través de su labor como Presidente, con el rango de Secretario General adjunto, de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ccaap) desde 2013, y como miembro desde 2011.
Ruiz Massieu fue representante alterno de su país ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2009 a 2010. Desde 2004 y hasta 2008, representó a México ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ante los órganos rectores de los fondos y programas de esa organización, y ante las comisiones principales de la Asamblea General que tratan de cuestiones de gestión y desarrollo. También se desempeñó como Director General Adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y trabajó en la Embajada de México en Costa Rica.
Sus retos
Después de la dejación de armas de las Farc, la Misión de la ONU en Colombia está encargada de la verificación de la reincorporación económica, política y social de los exguerrilleros, y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales.
Sobre el primer aspecto, a la Misión le preocupa el poco avance de los proyectos productivos para los excombatientes, que según su último informe ante el Consejo de Seguridad, su avance es lento y en agosto de 2019 los reincorporados dejarán de percibir recursos del Estado. “Su situación a futuro no es clara”.
La segunda tarea es más difícil. El asesinato de líderes sociales, de exguerrilleros y sus familiares es un asunto que el Gobierno no ha podido controlar y un lamento constante de la Misión.
El mandato de esta delegación está hasta septiembre del próximo año .
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