Europa
El 27 de agosto del año pasado, mientras en la mesa de La Habana se discutía sobre la jurisdicción especial para la paz y las víctimas, el Gobierno de EE. UU. anunció que había descubierto una red ilegal que trabajaba para las Farc en Suiza, conformada por cuatro colombianos residentes en ese país y dos empresas localizadas en la ciudad de Zurich.
Se trata de la firma de remesas Colombiano Latin Shop y la comercializadora Adolfo Fonnegra Espejo Trading & Investment, que según John E. Smith, director (e) de la Ofac, le facilitaban a la guerrilla servicios de remesas desde el extranjero y acceso al sistema financiero internacional, encubriendo una trama de lavado.
En consecuencia, fueron designados en la Lista Clinton José Peña Pacheco, Iván González Zamorano, Adolfo Fonnegra Espejo y Cristian González Mejía; los tres últimos fueron señalados además de participar, presuntamente, en la distribución de narcóticos en Suiza, que recibían por medio de rutas que partían de Colombia y Panamá.
El jefe de Operaciones Financieras de la DEA, Anthony Marotta, agregó que su agencia continuaría persiguiendo a “los facilitadores del imperio global de drogas y lavado de activos de las Farc”.
El expediente señala que ellos rendían cuentas a Ómar Zabala Padilla, alias “Lucas Gualdrón”, el delegado de la Cominter para Francia, Italia y Suiza. El Tesoro lo tiene en la mira desde 2009, cuando lo incluyó en su lista negra y estimó que él estaría al frente del 80 % de las actividades farianas en el Viejo Continente, “incluyendo contactos con otros grupos terroristas y negocios de armas”.
Las labores de “Lucas Gualdrón” implican el proselitismo político y acercamientos con ONG europeas que quieran patrocinar la causa. Se presume que habría participado en un asunto propagandístico que generó escándalo en 2006, cuando una empresa de ropa y una ONG de izquierda denominada “Rebelión”, ambas de Dinamarca, promovieron el apoyo a las Farc con la venta de camisetas (la marca se llamaba Fighters and Lovers) y la recolección de fondos en eventos.
En Colombia, la Fiscalía le sigue un proceso por financiación del terrorismo y rebelión, y un juez de Bogotá le dictó medida de aseguramiento en calidad de persona ausente desde 2010. Hoy es buscado con Circular Roja de Interpol.
En sus reportes anuales sobre la Situación del Terrorismo en Europa (TE-SAT 2010 y 2011), Europol señaló que tenía evidencia de los nexos entre las Farc y el grupo separatista español ETA, cuyas coordinaciones no solo se hacían de persona a persona, sino valiéndose de redes sociales. Ese organismo rastreó viajes frecuentes de “etarras” a Venezuela, donde al parecer les dictan cursos sobre manejo de explosivos a los guerrilleros.
“Las Farc consideran a Europa un área de interés estratégico. Valiéndose de contactos europeos, han enviado representantes a algunos Estados miembros. Su misión incluye la creación de células para facilitar el tráfico de drogas y la consecución de armas. Fuentes abiertas sin confirmar reportan que están planeando abrir una oficina en Amsterdam, Bruselas o París”, alertó Europol en 2010.
La acción más importante contra el flujo de finanzas de los subversivos en el exterior se denominó Operación Espejo y fue el fruto de una investigación entre 2007 y 2010, que comenzó en el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueos de Capitales de España y fue culminada por las policías de ese país, Colombia y Ecuador. Todo inició cuando el ente financiero detectó un aumento inusitado de las transferencias de dinero entre la península ibérica y esos dos destinos suramericanos.
Las indagaciones determinaron la existencia de una organización de lavado, gerenciada por la ecuatoriana Jenny Fasc Schumacker y su esposo español Luis Berho Velasco, ambos residentes en Madrid. Allí posaban como pequeños comerciantes; sin embargo, lograron lavar por lo menos 200 millones de euros, producto del narcotráfico, mediante giros internacionales.
Archivos de la Policía de España reseñan que entre los beneficiarios de estas remesas estaban las Farc, a través de cinco integrantes que recibían dinero en Pereira y Ecuador. Uno es Manuel Gómez Buitrago (“Fercho”), de la columna Móvil Teófilo Forero, procesado en Colombia por la muerte de 10 concejales en Rivera y Campo Alegre (Huila).
La Operación Espejo generó 45 capturas en España (38 condenas) y 9 en Ecuador, 27 allanamientos, incautación de 250 kilos de cocaína en Holanda e indagaciones en una docena de empresas y bancos.
En el balance anual de la Fiscalía General del Estado, denominada “Memoria Elevada al Gobierno de Su Majestad” (2014), el fiscal Eduardo Torres-Dulce relató que la red se valió de dos empresas para hacer sus maniobras: Telegiros S.A. y Titanes Comunicaciones S.A., ambas de Madrid, las cuales fueron involucradas en el proceso sumario del Juzgado Central de Instrucción N°5.
Aunque no está confirmado que haya participado en este caso específico, la principal delegada de la Cominter en la península ibérica era María Remedios García Albert (“Irene” o “Soraya”), una colombiana nacionalizada, también incluida en la Lista Clinton por la Ofac. La Policía española la capturó el 26/7/08 y luego fue deportada. Entre las acusaciones en su contra, está servir de supuesto enlace entre los subversivos y ETA.
Las autoridades españolas comentaron en su momento que “Irene” encubría sus movimientos con una ONG que buscaba recursos para invertir en programas en países tercermundistas, y que poseía una gruesa suma de dinero para distribuir entre otros camaradas en Europa.
Oceanía y África
En el computador incautado a “Raúl Reyes” (2008) quedó en evidencia que el hombre fuerte de la guerrilla en Oceanía sería el chileno Vlaudin Rodrigo Vega (“Carlos Vlaudin”), según el Tesoro. La prensa de Australia, país que no considera terroristas a las Farc, reseña sus actividades desde 2001, cuando lideró una protesta en las afueras del consulado colombiano en Sídney, y en 2002 fue coordinador del Comité de Solidaridad Colombiano.
En 2007 fue candidato en unas elecciones federales por el partido político Australian Greens y recientemente se vinculó con los Círculos Bolivarianos Australianos, un colectivo que apoya al gobierno chavista de Venezuela. EE. UU., al igual que a los demás miembros del Cominter, le congeló las cuentas bancarias.
Las relaciones de las Farc con África están ligadas al tráfico de drogas por el Mediterráneo, en la ruta hacia las costas de España, Portugal e Italia, y con el comercio de armas en un continente donde el mercado negro supera con creces la supervisión legal.
Una de sus conexiones salpica a las Fuerzas Armadas de Guinea Bisau, en la costa occidental africana, destino de las rutas clandestinas que atraviesan el Atlántico por agua y aire, desde Venezuela y Brasil.
En 2013, tal cual reveló EL COLOMBIANO en esa ocasión, la DEA hizo una operación encubierta que destapó un acuerdo entre los insurgentes con militares de ese país. Según la acusación S612Cr.839 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, uniformados corruptos recibían cargamentos de cocaína camuflados en un embarque de prendas militares y al parecer se quedaban con el 13 % de la mercancía; el convenio incluía la entrega de armas para los guerrilleros, que serían desviadas de una compra oficial para el Ejército guineano.
La investigación produjo siete capturas: en Bogotá cayeron Rafael Garavito (“el Viejo”) y Gustavo Pérez (“el Gato”), señalados de enviar al exterior la droga producida por las Farc; y en África fueron detenidas cinco personas, tres de ellas exoficiales de la Armada, incluyendo al excomandante Jose Bubo Na Tchuto. En el procedimiento se expidió una orden de captura con fines de extradición contra el general Antonio Indjai, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que no se ha materializado, aunque él fue separado de su cargo en 2014.
En otras operaciones, la DEA estableció que una vez que los estupefacientes llegan a la costa occidental africana (Guinea Bisau, Nigeria y Ghana), siguen un recorrido hacia el norte del continente (Libia, Marruecos y Argelia), rumbo al Mediterráneo. La droga viaja en caravanas escoltadas por grupos ilegales locales, entre ellos Al Qaeda.
Así quedó patente en 2009, cuando tres extremistas fueron detenidos en Ghana transportando la cocaína fariana. Idriss Abelrahman, uno de los apresados, le dijo a un agente encubierto que Al Qaeda y las Farc tenían objetivos comunes, entre ellos “la causa antiamericana”. Así consta en un informe del Departamento de Estado.
Norte y Centroamérica
En un reporte presentado al Comité de Asuntos Extranjeros del Congreso (2011), titulado “Amenazas Emergentes en el Hemisferio Occidental”, Daniel L. Glaser, subsecretario Adjunto para el Terrorismo Financiero del Departamento del Tesoro, escribió: “Centroamérica, en particular Guatemala y Panamá, son un centro para el lavado de activos. Uno de los efectos del endurecimiento de las regulaciones en México es el desplazamiento del contrabando de dinero en efectivo y actividades de blanqueo en estos dos países”.
Glaser añadió que anualmente las organizaciones traficantes de México y Colombia “generan, transportan y lavan entre US$18.000 millones y US$39.000 millones”.
En Panamá, el frente 57 tiene una célula grande y es considerado por la Fuerza Pública local como un grupo narcotraficante, no subversivo. Las autoridades del istmo han calculado que al menos 400 guerrilleros se mueven por la frontera, atravesando las selvas del Darién para instalar campamentos y rutas.
Ríos como el Balsa, Turia, Pavarandó y Tuquesa, son empleados no solo para transportar droga, sino bultos de dinero (pesos y dólares) y oro. Por eso, 13 cabecillas del frente 57 tienen orden de captura y una recompensa en ese país (US$1 millón por todos), incluyendo al panameño José Valencia Mosquera (“el Pana”), uno de los principales enlaces del grupo al otro lado de la frontera.
“No tenemos un conflicto interno con la guerrilla; para nosotros siempre han sido traficantes de droga”, declaró a los medios Frank Ábrego, director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
En el istmo, la guerrilla aprovecha las ventajas fiscales y el secreto bancario del sistema para lavar su dinero. Aunque el Gobierno ha rechazado los señalamientos de que su banca es empleada por terroristas y narcos, y luego del escándalo de los Panamá Papers haya anunciado que aumentará los controles, la evidencia muestra lo contrario.
En archivos de la Policía de Panamá se destaca la Operación Anguila, ejecutada con la Fiscalía Primera de Drogas en diciembre de 2014, contra una red del frente 30 de las Farc que actúa en el Pacífico y en asocio con carteles mexicanos. Arrestaron a 59 personas con cargos de blanqueo de capitales y narcotráfico, incautaron 3 toneladas de cocaína y 1.253 libras de cripa, y se expidió una orden de captura contra el cabecilla alias “Richard”.
El grupo no solo usaba a Panamá como acopio para el estupefaciente que llegaba de López de Micay (Cauca), sino que “ingresaba el dinero producto del ilícito en diferentes bancos panameños”, confirmó la Policía local, sin especificar nombres de entidades y agregando que incautaron 13 cuentas bancarias, 21 tarjetas de crédito y cinco chequeras.
En ese país el delegado de la Cominter es Ovidio Salinas Pérez (“Juan Antonio Rojas”), quien al parecer coordina a los demás camaradas que trabajan en Centroamérica. Está sancionado en la Lista Clinton y se presume que él instaló al enlace en Nicaragua, Alberto Bermúdez (“el Cojo”).
Las Farc consideran al gobierno del presidente Daniel Ortega como “simpatizante” de su movimiento y usan su territorio para actividades políticas, económicas y de descanso. El mandatario ha recibido delegaciones insurgentes en Managua, pese a los reproches de la Cancillería colombiana. El caso más recordado fue en 2008, cuando se reunió con “Alfonso Cano”.
Ese mismo año, Ortega le concedió asilo a la delegada de la Cominter en Ecuador, Nubia Calderón de Trujillo (“Esperanza”), luego de que ella sobreviviera al bombardeo en el que murió “Raúl Reyes”. En 2008, también el diario nicaragüense La Prensa publicó un informe basado en correos encontrados en el computador de este líder rebelde, en los que supuestamente se decía que Ortega estaba colaborando para que el Gobierno de Libia les hiciera un préstamo de US$100 millones a las Farc.
Este asunto no fue confirmado por ninguna autoridad, pero la cercanía de Ortega con la insurgencia está documentada desde la época del Caguán, cuando él viajó a reunirse con “Tirofijo” en calidad de secretario general del partido Frente Sandinista.
De otra parte, en Costa Rica un empresario tolimense es señalado por el Tesoro de ser uno de los más grandes blanqueadores de las Farc en Centroamérica. Se trata de Cayetano Melo Perilla, cuyas actividades estarían asociadas con el frente 47 y el bloque Oriental.
La Ofac sancionó seis compañías ligadas a Melo: Parqueadero de la 25-13 (Bogotá), Carillanca Colombia (cultivos hidropónicos, Bogotá), Carillanca C.A. (inmobiliaria y construcción en Nueva Esparta, Venezuela); y en San José, Costa Rica: Carillanca S.A. (cultivos de tomate), Agropecuaria San Cayetano de Costa Rica y Arrocera El Gaucho.
Uno de los socios de Melo en las empresas Carillanca es colombiano y residente en Costa Rica: José Aguilar Duarte, a quien la Ofac sancionó en 2010 por ser aparentemente una persona clave dentro de la estructura financiera del capo Daniel “el Loco” Barrera.
En el país tico, las Farc tienen tentáculos en ONG, al igual que inversiones en propiedad raíz y dinero oculto en cajas fuertes y caletas, según el computador de “Raúl Reyes”. Ejemplo de esto fue el decomiso en 2008 de US$480.000 en una caleta dentro de una casa del distrito Santa Bárbara de Heredia. Luego de un prolongado proceso judicial, el pasado 7 de julio el saliente fiscal (e) Jorge Perdomo declaró que esa plata sería devuelta a nuestro país.
En México, la delegada es Liliana López Palacio (“Olga Lucía Marín”), quien desde finales de los 90 ayudó al montaje de la Cominter. Su labor se hizo más clandestina en la nación azteca desde 2001, cuando el presidente Vicente Fox ordenó desmantelar una oficina que las Farc tenían allá.
En Norteamérica actúa el delegado más enigmático de la insurgencia, del cual hay poca información disponible en registros públicos. Se llama Jorge Dávalos Torres y su base de operaciones sería Canadá, adonde al parecer viajarían familiares de comandantes insurgentes para estudiar y trabajar. El Tesoro lo incluyó en su lista negra en 2008.
Suramérica
El país que menos oposición ofrece a los propósitos subversivos es Venezuela. Allí las Farc encuentran un Gobierno que simpatiza con varios aspectos de su doctrina, por lo que los guerrilleros emplean su territorio como escondite, zona de capacitación, plataforma para el narcotráfico, movimientos de divisas y de armas.
Dos estructuras, según autoridades colombianas, operan en suelo bolivariano: el frente 33, que extendió sus redes desde Norte de Santander; y el frente 10°, desde Arauca. En tierra extranjera cobran “vacunas” y al parecer participan del contrabando.
Las cortes de EE. UU. tienen expedientes contra 20 funcionarios y exservidores del gobierno venezolano, por lavado de activos, narcotráfico y apoyo a agrupaciones terroristas. De ellos, siete son señalados de tener acuerdos con las Farc y sus cuentas han sido bloqueadas por el Tesoro.
Se trata de Ramón Rodríguez Chacín, gobernador del estado de Guárico y exministro del Interior (2002 y 2008); general (r) Hugo Carvajal Barrios, excónsul en Aruba (2014) y exjefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar; y el general (r) Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo y exjefe de la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Fueron señalados de mantener contactos con los comandantes “Timochenko”, “Iván Márquez”, Rodrigo Granda y “Grannobles”.
“Ellos armaron y financiaron a las Farc, aun cuando estos aterrorizan y secuestran inocentes”, declaró Adam J. Szubin, jefe de la Ofac en 2008.
Los demás funcionarios sospechosos, para los norteamericanos, son: Amílcar Figueroa Salazar (“Tino”), expresidente alterno del Parlamento Latinoamericano (2006-08); Freddy Bernal Rosales, exdiputado de la Asamblea; general Cliver Alcalá, jefe de la IV División Blindada del Ejército; y Ramón Madriz Moreno (“Amín”), oficial del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Pese a que EE. UU. hizo públicos estos señalamientos entre 2008 y 2011, los funcionarios no fueron retirados de sus cargos por el chavismo. En 2013, la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado redactó que “Venezuela no coopera contra el terrorismo (...) y no tomó acciones contra los oficiales implicados en tráfico de armas y drogas para las Farc”.
Desde que comenzaron esas acusaciones, Venezuela las ha rechazado, afirmando que hay una campaña de desprestigio. “Llama la atención la afirmación donde aseguran tener una prueba preconstituida, como la laptop de ‘Raúl Reyes’, donde no se obtuvo control de la misma, circuló por diversas manos sin el control de la otra parte. Nos defenderemos como corresponda”, dijo la fiscal General venezolana, Luisa Ortega (2010).
El delegado de la Cominter allá es Orlay Jurado Palomino (“Hermes”), quien ha participado en los diálogos de paz, con especial protagonismo en la etapa de los primeros acercamientos, según las Farc.
El alias de “Hermes” en Paraguay produce escozor, pues la Fiscalía de allá lo relaciona con el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas (2004-05), hija del expresidente Raúl Cubas. Según la orden de arresto con fines de extradición, asesoró a los perpetradores del crimen.
El adiestramiento de grupos paraguayos por parte de las Farc tiene un segundo capítulo, aún vigente, con el supuesto apoyo al Ejército del Pueblo Paraguayo (Epp), un movimiento armado que desde hace ocho años secuestra, extorsiona y hasta derriba torres de energía. Por tal motivo, la Fuerza Pública paraguaya está recibiendo capacitación de la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia (Dipol).
La segunda nación suramericana que más padece acciones de la insurgencia, después de Venezuela, es Ecuador. Su frontera con Nariño y Putumayo está plagada de campamentos del frente 48 y la columna móvil Daniel Aldana, que se dedican al narcotráfico, cobro de vacunas y secuestros.
En 2012, Ameripol ejecutó en esa zona la operación Sin Frontera, en contra de un entramado de empresas que abastecían con insumos químicos a Gustavo González Sánchez (“Rambo”), el jefe de la columna Daniel Aldana.
El informe del caso señala que las investigaciones iniciaron cuando se detectó que tres empresas con sedes en Quito y Guayaquil “servían como fachada para el aprovisionamiento de insumos con destino a los complejos de producción (de cocaína)”, reportó el organismo. Tales compañías, que fueron intervenidas por autoridades ecuatorianas, son: Hinojosa y Herrera Químicos Exportaciones e Importaciones, Quimipac y Resiquim S.A.
La operación culminó con ocho capturas, seis laboratorios destruidos y el decomiso de 1.400 municiones, 4.500 dólares y 1.200 euros en la provincia de Esmeraldas.
El dinero obtenido por los secuestros es entregado a los residentes del frente 48, quienes por tierra o río lo introducen a Nariño. En 2014, por ejemplo, la Policía ecuatoriana reseñó dos casos en las ciudades de Ibarra y Lago Agrio, en los que los guerrilleros pedían a sus víctimas US$20.000 y US$300.000, respectivamente. Ambas extorsiones fueron frustradas.
De igual manera, en esa frontera capturaron a dos presuntos cabecillas financieros del frente 48 en los últimos dos años, que estarían en la provincia de Sucumbíos articulando la recaudación de las rentas ilícitas y su transporte a Colombia: “Pablo Burgos” (24/1/16) y “Martín Quemado” (30/5/14), según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador.
Uno de los aliados para el lavado de activos en ese territorio fue el clan de los hermanos Ostaiza Amay, que conectaba la red fariana con los carteles mexicanos. El Tesoro señaló que este grupo comerciaba con el frente 48, a quien le ayudaba con el lavado de activos y el narcotráfico. La Ofac castigó una empresa ligada a los Ostaiza, la inmobiliaria Multinacional Integral Productiva Joamy Ema (Quito).
Esta alianza pareció terminar en 2012, cuando varios miembros de la familia ya habían sido capturados y la cónyuge del líder del clan, Jefferson Ostaiza Amay (“el Cachi”), pidió que la justicia lo declarara muerto porque había desaparecido. Su cuerpo no ha sido hallado y medios locales especulan que sigue vivo, bajo protección de las Farc.
La última jefa visible de la Cominter en Ecuador fue Nubia Calderón de Trujillo (“Esperanza”), sancionada por el Tesoro y, como se dijo antes, asilada en Nicaragua hace ocho años.
Su camarada en Perú es Efraín Trejo Freire (“Pablo Trejos Freyre”), incluido en la Lista Clinton y quien al parecer tendría contactos con Sendero Luminoso, un grupo que EE. UU. y los peruanos consideran terrorista.
La nación inca ha sido uno de los mercados preferidos para el tráfico de armas, tanto así que hasta un expresidente, Alberto Fujimori, resultó investigado por la conspiración.
En Brasil, el delegado de la Cominter es el exsacerdote huilense Francisco Cadena Collazos (“Cura Camilo” u “Oliverio Medina”), prófugo de las autoridades colombianas por su supuesta participación en el ataque a la base militar de Girasol (Meta), donde dos soldados murieron y a 16 los secuestraron (1991). Interpol lo arrestó en Sao Paulo en 2005, pero la justicia brasilera no solo lo liberó, sino que le concedió estatus de refugiado político durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, pese a la protesta de la Cancillería colombiana.
Las labores del “Cura Camilo” provocaron una investigación en Brasil, en contra del fiscal regional Luiz Fernandes Souza, quien presuntamente le ayudó a evadir el expediente penal y su extradición.
El bloque Oriental de las Farc, y en particular el frente 16, aprovecha la frontera con Brasil para el tráfico de armas y droga, valiéndose de una red fluvial extensa con escasa vigilancia. La cocaína va con destino a Europa, y en su comercialización la guerrilla tiene como socias a las principales mafias de la nación vecina: el Primer Comando de la Capital (Sao Paulo) y el Comando Rojo (Río de Janeiro).
En Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, la Cominter había designado desde finales de los 90 a Jairo Lesmes Bulla (“Javier Calderón”), quien fue arrestado el 06/8/08 en Soacha, cuando, según la Policía, planeaba atentados.
Él rechazó las sindicaciones y lo condenaron a 7 años y 4 meses por rebelión agravada y falsedad en documento.
En Chile, que en el proceso de paz oficia como país acompañante, hace cinco años se ha venido incrementando la preocupación por las presuntas actividades de las Farc en su territorio. El pasado 21 de diciembre la Cámara de Diputados (equivalente a la Cámara de Representantes) ordenó la creación de una comisión para investigar las medidas del Gobierno chileno frente a la inseguridad en la región de La Araucanía, donde se están presentando “fenómenos delictivos de naturaleza terrorista”.
En uno de los puntos, los congresistas piden revisar las “actuaciones gubernamentales para recabar de la Fiscalía de Colombia la información sobre la vinculación de chilenos con actividades paramilitares y a su eventual entrenamiento por parte de las Farc”.
Al parecer, los insurgentes estarían adiestrando a grupos que pertenecen al Pueblo Mapuche, una etnia indígena que reside en La Araucanía y Argentina (provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut).
La misma Cámara ha pedido que se indaguen los presuntos nexos de las Farc con militantes del Partido Comunista de Chile. Precisamente, en cuanto al rastreo de las finanzas en la zona austral, uno de los expedientes más sonados se abrió en contra del comunista Manuel Olate Céspedes (“Roque”), señalado de patrocinar a los subversivos.
En 2011 le hicieron un juicio con fines de extradición, del cual salió airoso, pero a raíz de los hallazgos un equipo de congresistas pidió que el Gobierno declarara terroristas a las Farc. “Son una organización que exporta inestabilidad (...) y consiguen gran parte de su dinero a través de rescates de la gente que secuestraron”, precisó el diputado José Edwards, solicitando un seguimiento a una ONG que supuestamente recogía plata para los rebeldes.
