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Sentencias contra paramilitares están llegando a destiempo
El primer fallo se emitió a los cinco años de la desmovilización de las Auc y aunque vienen otros, ya no generarán tiempo en prisión para los responsables. La Fiscalía destaca sus logros.
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Uno de los hechos importantes de Justicia y Paz, fue que permitió interlocución entre las víctimas y sus verdugos. FOTO Archivo Róbinson Sáenz
82
sentencias de Justicia y Paz emitidas entre 2011 y 2020, según la Fiscalía.
280
jornadas de atención a víctimas ha hecho la Fiscalía en toda Colombia.
Cinco años después de su salida de la cárcel, tras haber pagado los ocho de pena alternativa que permite la Ley de Justicia y Paz, un tribunal emitió una nueva sentencia en contra de Ramón María Isaza Arango, uno de los precursores del paramilitarismo en Colombia.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a él y a otros 59 exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio a la pena alternativa de ocho años, por los crímenes cometidos por esa facción desde los años 80, entre los cuales hay homicidios selectivos, torturas, masacres, desapariciones forzadas, reclutamientos ilegales, violencia de género y terrorismo (radicado N° 1100 12252000 201600552).
Isaza, de 81 años de edad en la actualidad, no tendrá que regresar a la celda pese a este fallo, pues anteriormente había cumplido el periodo de encierro pactado en la negociación del Gobierno con las autodefensas (2003). Esta situación despierta interrogantes: ¿valen la pena estas condenas, cuando los máximos responsables ya no van a estar ni un día más tras los barrotes? ¿No estamos ante una justicia que cojea demasiado?
“Justicia y Paz fue una ley para la impunidad. Ahora van a salir un montón de sentencias, ¿pero de qué le sirve eso a las familias? ¿Para qué les sirve esto a las víctimas que dejó Ramón Isaza, si igual no va a pagar por el daño que hizo?”, reflexionó Amparo Mejía, representante legal de las Madres de la Candelaria Línea Fundadora, ONG que agrupa a víctimas del paramilitarismo.
De acuerdo con el registro de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, entre junio de 2011 y noviembre de 2020 se emitieron 82 sentencias en el marco de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), que afectaron a todos los bloques y frentes de las Auc, al igual que a otras facciones guerrilleras como el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap).
Esto implica que la primera condena tardó cinco años en ser proferida, desde la desmovilización del último frente paramilitar (2006), y que desde entonces se ha dictado, en promedio, una cada 37 días.
Resultados
Al realizar el análisis de la implementación de esta ley, concebida para el desmonte del paramilitarismo y otros grupos armados ilegales, hay que tener en cuenta que el proceso va más allá de la condena penal de los responsables.
Ayer, haciendo un balance del tema, el director de Justicia Transicional de la Fiscalía, Salomón Strusberg Rueda, contó que desde 2005 hasta hoy, esa entidad ha exhumado 10.253 cadáveres, de los cuales 2.520 fueron en el marco del Plan de Intervención en Cementerios.
Asimismo, han entregado a los familiares 5.398 restos humanos identificados; y se han realizado 280 jornadas de atención a víctimas, con participación de 46.606 ciudadanos.
El fiscal comentó que, en lo corrido de 2021, se recuperaron 149 restos óseos en 35 municipios, se entregaron 80 cuerpos a los deudos y 218 bienes valorados en $171.274’091.432. Esto es importante para restablecer los derechos a la verdad y reparación de los afectados por las Auc.
En cuanto a la más reciente sentencia contra Ramón Isaza, el tribunal lo condenó a él y a los demás a pagar daños y perjuicios materiales y hacer una reparación integral a las víctimas.
También hay que decir que, en el eventual caso de que el excomandante sea descubierto de nuevo en la delincuencia, perdería el beneficio de la pena alternativa y quedaría en firme una de 40 años de prisión.
¿La ley quedó corta?
El jurista Jaime Arrubla era magistrado de la Corte Suprema de Justicia justo en la época en la que se discutía en el Congreso el contenido de la Ley de Justicia y Paz (2004-2005). Desde su perspectiva, la implementación de la norma se quedó corta.
“Fue el primer esfuerzo de justicia transicional que hizo el país, pero se quedó en el aire cuando vino la extradición de muchos de los comandantes paramilitares (2008). Ellos lo tomaron como una afrenta por sus declaraciones contra la clase política (parapolítica) y se acabó el combustible para los procesos judiciales que se adelantaban, así que no hubo grandes resultados en verdad y justicia”, dijo.
Varios de esos excomandantes, que ya regresaron de cumplir su extradición en EE. UU., le están tocando la puerta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para volver a sus versiones libres, como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar (“Jorge 40”). Para Arrubla, esta es otra prueba de que Justicia y Paz se quedó a mitad de camino.
Mejía cree que esta intención de entrar a la JEP no tiene otro propósito que blindarse para que no les abran nuevos expedientes en la justicia ordinaria, por delitos posteriores a la desmovilización.
Según ella, lo valorable de Justicia y Paz fue que “permitió que muchas familias pudieran saber qué pasó con sus desaparecidos y tener interlocución con victimarios a los que les teníamos terror”.
Sin embargo, “ha sido tan lenta la implementación, que todavía nos falta conocer mucha verdad y tener una reparación integral, que vaya más allá de recibir un cheque, porque en Colombia no se ha reparado el tejido social y familiar que destruyó el conflicto”.
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