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The New York Times denuncia regreso de política que incentivó falsos positivos

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18 de mayo de 2019
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El diario estadounidense The New York Times publicó este sábado un reportaje sobre el supuesto regreso de la política del body count (conteo de cadáveres) como forma de evaluar los resultados del Ejército colombiano, semejante a la practicada durante la época de los llamados falsos positivos o la ocurrida en la guerra de Vietnam.

“El comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso”, asegura el periódico norteamericano en el artículo que dice que tiene como pruebas órdenes escritas y entrevistas con altos funcionarios.

El informe revela que a principios de 2019, los generales y coroneles se reunieron para firmar un compromiso por escrito para intensificar los ataques. “Las presentaciones internas diarias ahora muestran el número de días que las brigadas han pasado sin estar en combate, y los comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia suficiente”, revela el diario.

La investigación periodística va más allá y afirma que dentro del Ejército existiría una orden a los soldados para que no “exijan perfección” a la hora de llevar a cabo ataques donde mueran guerrilleros. “Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias”, agrega el informe.

Las revelaciones del diario norteamericano causan conmoción este sábado entre la opinión pública internacional por la supuesta vuelta de esta polémica política de seguridad. Hay que señalar que a mediados de la década pasada, alrededor de 5.000 civiles fueron asesinados por militares que los presentaron como insurgentes.

“Ahora, otra encarnación de esa política está siendo impulsada por el nuevo gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares del país”, indica el diario.

Dos de los oficiales entrevistados por el diario y de los que no se revela sus nombres por temor a represalias, dijeron que los soldados están nuevamente bajo una intensa presión, y que un “patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos ha comenzado a surgir este año”.

“En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar”, asegura el periódico.

Igual a lo ocurrido a mediados del 2000 a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos, como vacaciones extra, dice el reporte. “Hemos vuelto a lo que estábamos haciendo antes”, dice uno de los generales a este diario norteamericano.

El reporte agrega que estos hechos fueron confirmados por el general de Nicacio Martínez Espinel, máximo comandante del Ejército, el cual reconoció haber emitido las nuevas órdenes y que los oficiales establezcan metas concretas para matar, capturar o forzar a los grupos criminales a rendirse.

El alto oficial confirmó a ese periódico que había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a “duplicar los resultados”. “La amenaza criminal aumentó. Si seguimos al ritmo que veníamos anteriormente no vamos a cumplir los objetivos”, afirmó al diario norteamericano.

“Unos me dijeron superar el 10 por ciento. Listo, usted quiere superar el 10. Otros dijeron: ‘Yo quiero hacer el 50 por ciento más de las afectaciones, pero nunca de muertos’. Otros: ‘Yo quiero hacer el 100 por ciento’. Hay unos que la han cumplido, otros que no la han cumplido”, agregó sobre las metas.

Agregó además que la orden a sus comandantes era ser operativamente efectivos y realizar operaciones cuando todavía no estaban seguros de sus objetivos, aunque en misiones de planificación y no de ejecución. “El respeto absoluto a los derechos humanos es lo más importante”, dijo el general. “Todo lo que hagamos tiene que estar en el marco de la ley”.

Aunque los generales entrevistados por The New York Times contradicen esto y aseguran que “hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, lo que deja suficiente margen para el error pues anteriormente las operaciones se hacían con el 85 por ciento de la certeza del objetivo, argumentan.

Por último, el diario asegura que Colombia está bajo la presión del gobierno estadounidense para mostrar progreso en la lucha contra el narcotráfico y a medida que esta aumenta el presidente Iván Duque debe tomar decisiones como la de nombrar a nueve oficiales vinculados a falsos positivos y cita documentos de Human Rights Watch.

Uno de los oficiales vinculados a los asesinatos es el general Martínez, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada. Martínez dice que no participó en ninguno de los homicidios y que no está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.”, asegura el diario.

El autor del artículo Nicholas Casey, es el director de la oficina del Times para los Andes, y fue el mismo que publicó dos días antes de la primera vuelta presidencial un artículo con documentos desclasificados que hablaban de la supuesta relación del expresidente Álvaro Uribe con la mafia.

La reunión de los oficiales

Según The New York Times, el general Martínez convocó a una reunión de sus principales oficiales en enero, un mes después de asumir el mando del ejército.

La reunión incluyó a los cincuenta principales generales y coroneles del país, quienes se reunieron en un hangar en las montañas afuera de Bogotá”. En esa reunión dice el diario que los comandantes encontraron un formulario con el título “Planteamiento de Objetivos 2019” y con un espacio para su firma.

“El formulario les pedía a los comandantes que enumeraran en una columna la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares” de varios grupos armados durante el año anterior, y luego debían establecer una meta para el año siguiente”.

El diario va más allá y revela que tres días después de esa reunión, un grupo de oficiales de inteligencia militar y comandantes regionales se reunieron en la ciudad de Cúcuta para concretar hasta la ayuda de grupos paramilitares para que les proporcionaran información acerca de los guerrilleros.

“La sugerencia de trabajar con un grupo armado para derrotar a otro creó un silencio entre los asistentes de la reunión”, le dijo uno de los oficiales al diario estadounidense. Además el 19 de febrero, surgió otro documento titulado “50 órdenes de comando”. Una instrucción que exigía “operaciones oportunas y masivas” donde se reducía el umbral requerido para ordenar ataques letales del 85% al 60-70%.

Uno de los casos denunciados

Uno de los oficiales entrevistado por el diario habla de la muerte el 23 de febrero de un miembro del Clan del Golfo. “El informe dijo que tres miembros del grupo habían luchado contra un pelotón del ejército, y que la lucha terminó en una muerte y dos arrestos. Una pistola y un revólver fueron incautados”, algo que para ese periódico es poco probable que tres delincuentes con armas ligeras combatieran a un pelotón completo de 41 hombres.

Por último, hace referencia al asesinato del excombatiente Dimar Torres el pasado 22 de abril, en la vereda Carrizal del municipio de Convención, Norte de Santander. Aunque en un primer momento, el cabo segundo del Ejercicio Nacional, Daniel Eduardo Gómez Robledo, involucrado en la investigación, afirmó que Torres le intentó arrebatar su fusil y éste se disparó provocándole la muerte, la comunidad denunció que el cuerpo del desmovilizado tenía señales de tortura.

La polémica, a nivel nacional, la provocaron las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, que en cierta forma le dio credibilidad al cabo, pese a que posteriormente su versión fue desmentida por las pruebas. El caso dio lugar incluso a que fuera impulsada una moción de censura en contra del ministro, en el Congreso.

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