El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no desaprovecha oportunidad para hablar de los Equipos Básicos de Salud (EBS). Por eso, con la venía y el apoyo del presidente Gustavo Petro, los saca a relucir en espacios gubernamentales.
El problema con este plan, que el Gobierno ha tomado como principal apuesta, es que anda a ciegas en cuanto a su ejecución y los resultados que esté dando. Las cifras disponibles para analizarla podrían estar mal contabilizadas y aún no hay material para revisar su implementación, mientras que la página web del ministerio desactivó los tableros que permitía ver las zonas en que se estaban ubicando esos equipos.
La más reciente intervención de Jaramillo en un Consejo de Ministros televisado fue la del pasado 27 de noviembre. Allí, mostró que actualmente en Colombia están operando 11.411 EBS, lo que supone que superaron la meta que tenían trazada para 2025, que estaba en 9.332, y que estarían cerca de cumplir la de 2026, que la tienen en 11.751.
“Entonces aquí estamos hablando de más de 90.000 personas que están en todo el territorio”, afirmó el funcionario al tiempo que señaló que la inversión para esto ha sido de $4,2 billones desde 2022. “Absolutamente todos los municipios del país tienen esos equipos básicos trabajando, además los hemos complementado con 480 en donde hay equipos de cuatro especialistas”, agregó.
Jaramillo también mostró cifras —cuya fuente salía reseñada como “auto reporte Macrometa”— que exponían que los EBS han atendido a 7,5 millones de hogares y que esperan aumentar esa cifra a 10 millones para 2026.
¿Qué son los EBS?
Estas brigadas de salud están compuestas por ocho profesionales de salud: cuatro auxiliares de enfermería, un líder comunitario, un médico, una enfermera y una persona psicóloga, odontóloga o trabajadora social, según la necesidad del territorio.
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Los EBS concebidos así están reglamentados por el Gobierno Petro desde finales de 2022 con dos resoluciones que dieron lineamientos para su operación y financiación. Se pagan con plata de la Administradora de Recursos de la Salud (Adres), del Presupuesto General de la Nación o de “cualquier otra fuente que se determine”.
Cada uno cuesta $51’738.430 al mes, según el ministerio. Los lineamientos para su organización y operación —consignadas por esa entidad en la Resolución 2788 de 2022— detalla que el costo de las ocho personas que los integran suma $34,4 millones, a lo que se le suma $10,5 millones de transporte y $6,7 millones en gastos de operación (papelería, carnetización, impresos, llamadas y servicios públicos, entre otros). Sin embargo, con el valor del peso actual (actualizado con la inflación de los últimos tres años) costarían $65’832.729.
Con cuentas de servilleta y siguiendo los datos que usó el Ministerio de Salud, cada EBS costaría mantenerlo al año (en caso de que durara ese tiempo) $789 millones y los 11.411 que expuso recientemente Jaramillo, más de $9 billones.
Esos recursos se los gira ese ministerio a las empresas sociales del Estado (ESE) —que son los hospitales públicos— para mantenerlos. Entre tanto, el seguimiento de la información que recopilan se consignan en un aplicativo llamado PISIS para que esa entidad los revise y recopile.
Un programa a ciegas
Para hacer seguimiento a la ejecución de cualquier política pública son necesarias dos cosas: los datos y acceso público a estos. Así, tanto las instituciones del Estado como la ciudadanía tienen herramientas que van marcando el camino recorrido y el que se debe tomar después. El lío es cuando esto es ausente o cambió.
La plataforma PISIS estuvo disponible para consulta pública hasta julio pasado. En esta se podían consultar los componentes poblacionales del programa discriminados por número de personas y hogares visitados, así como por región y municipio. No obstante, actualmente solo permite revisión el componente financiero que muestra el control de las transferencias.
Los demás aparecen con el letrero “en mantenimiento” o solicitan tener una cuenta creada con correo institucional y una contraseña.
Las cifras consignadas allí hasta mitad de año le permitieron, por ejemplo, al investigador en salud de la Universidad de Harvard, Johnattan García, llegar a la conclusión de que los EBS mentados por el Gobierno Petro no efectúan sus funciones (visitas médicas domiciliarias en las que se le toma la presión arterial, el peso y la talla a las personas) en simultáneo ni al tiempo en todos los departamentos.
Para junio de 2025, el presidente Petro sacó Pecho en un Consejo de Ministros porque “ya van 90.000 personas de la fuerza de la salud, pagas por el gobierno nacional que recorren las regiones del país con más de 10.800 equipos básicos” y porque “no esperamos que el enfermo llegue al hospital, vamos a la casa para que no enferme”.
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Ante esto, García mostró que esa afirmación es falsa en razón a la diferencia que entre tener equipos operando en los territorios y asignar recursos para ello. Para que un EBS esté en funcionamiento debe pasar por la etapa de apropiación (asignación de recursos), luego la de giro (entrega de recursos al hospital) y, finalmente, la de ejecución (contratación del equipo). Por lo cual, el que se asigne dinero no significa que los equipos estén operando en una zona.
Según sostuvo el investigador, las resoluciones que expide el ministerio definen cuántos recursos va a recibir cada hospital para los equipos y por cuánto tiempo se contratarán. El lío es cuando el Gobierno cuenta como “activo” los que contemplan las resoluciones, aunque aún no se hayan girado los recursos ni se hayan contratado efectivamente.
También puede pasar que esos documentos cuenten varias veces a los mismos equipos si se les asigna financiamiento por distintos periodos. Por ejemplo, un hospital que recibe partidas para tres equipos durante cuatro meses y luego para dos por tres meses, se reporta como cinco, cuando en realidad son menos.
El otro “pero” de las cifras del Gobierno es que no son permanentes en los municipios y departamentos a los que van. García expuso el caso de La Guajira, en donde se asignaron recursos para 155 equipos, pero solo había siete con contrato vigente, mientras que los otros 122 estaban inactivos.
Esta situación también ocurre en Antioquia, donde se reportaron para entonces 1.267 EBS, pero solo 124 estaban activos. En Chocó se dicen tener 332, pero funcionaban 37. En Magdalena, de 260 reportados, no había ninguno activo, según datos del Ministerio de Salud.
Esta situación hace que haya equipos que se contraten en determinado territorio por unos meses, pero lo contabilicen como si fueran permanentes y así sostener la consigna de que “cubrimos ya todos los municipios de país y nos acercamos a 8 millones de familias atendidas”, como lo aseguró Petro el 27 de noviembre pasado tras la exposición del ministro de Salud sobre el avance de esa política.
En diálogo con Johnattan García para esta nota, explicó que los equipos deben enviar informes periódicos a los hospitales que los contratan y enviar esos datos al Minsalud, pero que “solo el 20 % de los EBS pagados entrega esa información, por eso nunca han sacado un documento fuerte y se pegan de los reportes del Instituto Nacional de Salud sobre desnutrición infantil para mostrarlo como logro”.
Una herramienta con bemoles
Desde hace un mes el único tablero de PISIS que muestra el componente financiero de las transferencias de esa cartera hacia los hospitales públicos, y que aún permite consulta ciudadana, viene presentando inconvenientes. Para entonces, no había información disponible sobre los contratos y actos administrativos, los rendimientos financieros reintegrados, los soportes documentales de esos giros ni la retroalimentación y cierre.
Tampoco había datos de seguimiento y reintegros de la plata que se les ha destinado. En esos espacios lo que aparecía eran los avisos “sin datos” y “no se puede acceder a los datos”. No obstante, al momento en que se hace la reportería para esta nota esos valores sí aparecen.
El inconveniente es que algunas cifras no coinciden, incluso, con las que el ministro Guillermo Jaramillo reseñó en el último Consejo de Ministros que se tocó el tema. Empezando por el valor asignado para la estrategia.
Según la Dirección de Promoción y Prevención, los más de 11.000 equipos asignados y operando han tenido una inversión total de $4,2 billones desde 2022. Pero en el cuadro de valor asignado de la herramienta digital la cifra que está consignada es el doble: es decir, $8,4 billones.
Incluso, el valor incorporado que aparece consignado es de $10,9 billones. Ante lo cual surge una pregunta obvia: ¿cómo puede incorporarse más plata de las que asignan?
De los recursos asignados, según la información consignada en esa página, se ha ejecutado $1,4 billones, lo que corresponde al 16,9 %; mientras que el valor pagado ha sido de $1,3 billones (15,9 %). Entre tanto, las ESE ha reintegrado $72.882 millones por no ejecutarla y $345.891 millones de rendimientos financieros han sido reintegrados. Así mismo, que han invertido $2,1 billones en contratos y actos administrativos.
Por otro lado, los datos disponibles de la distribución de las asignaciones —$8,4 billones, según la herramienta, y $4,2 billones, según el ministro— muestran que se han asignado $5,3 billones y se han incorporado $5 billones. Esos recursos se han girado a un total de 3.021 hospitales públicos en toda Colombia.
Entre los 10 que más han recibido asignaciones están la ESE Santiago de Tunja, con $9.838 millones; el Hospital San Bartolomé, con $966 millones; el Hospital César Uribe Piedrahíta, con $956 millones; el Hospital el Carmen, con $949 millones; el Hospital Departamental San Antonio, con $9.243 millones; la Red de Salud Ladera, con $899 millones; el centro de salud Rafael Salgado Maripi de Boyacá, con $881 millones; el Municipio de Caldas, con $859 millones; el hospital San Vicente de Paul, con $853 millones, y el centro de salud Cartagena de Indias de Corozal, con $847 millones.
Aún así, debido a la duda sobre si el valor de la asignación es el que muestra esa plataforma o es la que afirma el Minsalud, esas cifras quedan en el mismo limbo de la incertidumbre.
Y es que al hacer un ejercicio de seleccionar un hospital público para revisar el giro de recursos que les han hecho, salta a la vista la misma particularidad de que haya más valor incorporado que el asignado. Por ejemplo, el Hospital San Vicente de Chucurí (Santander) sale con $1,9 billones asignados y con $2 billones incorporados; mientras que los valores de contratos y actos administrativos han sido de $1 billón y los ejecutados y pagados de $911 millones.
Persisten los interrogantes principales: cómo puede haber más plata incorporada que asignada y por qué aparece más plata que la que públicamente reconoce el ministro Guillermo Jaramillo.
¿Qué dice el Minsalud?
EL COLOMBIANO consultó con la oficina de prensa del ministerio sobre por qué no está habilitada la consulta por región de los EBS y la diferencia de cifras. Sin embargo, como ha sido la constante en el último tiempo con las requerimientos a esa entidad, la respuesta fue el silencio.
Así pues, el investigador Johnattan García apunta a que todo se puede deber a “un mal manejo de datos, pues suman todos los equipos del año y cuando los suma les da más de 11.000 y dicen que están recorriendo el país, pero no son claros en que los contratos no son permanentes y que en diferentes momentos habrá unos que estarán empezando, otros activos y algunos que terminaron que no volverán a estar activos”.
Si bien este plan para implementar la atención primaria en salud es una estrategia con un fin loable con las personas que viven en zonas alejadas a los cascos urbanos, el Gobierno Petro comete otros errores que dificultan que den resultados tangibles. Así lo expone el profesor y experto en economía de la salud, Paúl Rodríguez cuando remarca que “en el mundo hay experiencias exitosas documentadas de su funcionamiento”.
“Una de las más claras es Costa Rica, en donde hicieron una expansión primaria en salud. También en Perú se ve que esto funciona cuando se llevan adonde no hay servicios cercanos y logran ser una gran ventaja”, afirmó.
Al respecto, advirtió que “el problema de la versión del Gobierno es usarlo en las ciudades, en donde va a funcionar menos porque hay un sistema robusto de atención con las EPS” y que si “quisieran comunicar resultados, dirían el número de personas que atendieron que no hubieran recibido atención de otra manera y no el número de empleados”.
Finalmente, García añadió que planes en salud como estos saldrían mejor si se hicieran focalizados, “pero Petro no cree en eso y cree que es neoliberal. Es garantizarle algo mediocre a todos y no algo bueno a los que más lo necesitan”.
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