Un contundente rechazo hizo la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) al anuncio del presidente Gustavo Petro de promover una “misión internacional” para revisar un procedimiento institucional en Medellín, calificándola como improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano.
Durante la marcha del martes pasado hubo una serie de hechos de orden público de los que salieron heridos, además de desmanes, pero en particular se denunció que un concejal del Centro Democrático salió con un bate a atacar a los manifestantes que caminaban en rechazo del genocidio en Palestina.
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Los alcaldes capitales dicen que “no es procedente que el presidente de la República someta a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local que actúa dentro del marco de sus funciones legales. Esta intención desconoce la autonomía territorial consagrada en los artículos 1, 287 y 315 de la Constitución Política, así como los principios de descentralización y separación de poderes que estructuran el Estado colombiano”.
Asocapitales recuerda que una veeduría o misión internacional de este tipo constituiría una intromisión indebida en los asuntos internos del Estado, prohibida expresamente por el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá de 1948.
Asimismo, Asocapitales cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido de manera reiterada que los Estados no solo tienen el derecho, sino también el deber de mantener el orden público, proteger la vida y los bienes de las personas y garantizar el ejercicio pacífico de los derechos, mediante el uso racional, proporcional y legal de la fuerza cuando sea necesario. Pretender internacionalizar un procedimiento institucional desnaturaliza estos principios y distorsiona el alcance del sistema interamericano de derechos humanos.
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Finalmente, hacen un llamado al respeto por la autonomía territorial y la descentralización son pilares esenciales del sistema político colombiano. Las ciudades capitales deben poder ejercer sus funciones de gobierno y de policía dentro del marco de la ley.