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Distintas organizaciones, entre ellas la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Instituto Anticorrupción, le solicitaron al Senado que rechace los comentarios que hizo el presidente Iván Duque a un proyecto de ley que toca a los derechos de petición que puede presentar cualquier ciudadano.
El objetivo de la iniciativa de dichos grupos es que los congresistas garanticen el derecho al acceso a la información pública desistiendo de atender las objeciones que el jefe de Estado le hizo al proyecto que pretende restablecer el plazo de respuesta a un derecho de petición.
El motivo de la controversia es que con la pandemia por la covid-19 cambiaron los tiempos para que instituciones públicas atiendan ese recurso. Antes del nuevo coronavirus, un derecho debía resolverse máximo en 15 días, pero con la llegada del covid a Colombia se expidió el Decreto 491 de 2020, el cual modificó la regla.
A partir de ese momento vino la emergencia sanitaria y se ampliaron los plazos y las solicitudes de información pasaron a responderse en máximo 30 días, plazo al que la Corte Constitucional le dio el visto bueno en 2020.
Pasaron los meses y aunque la emergencia sigue vigente, en el Congreso nació un proyecto para restablecer los plazos bajo el argumento de que esto era una barrera en el ejercicio periodístico.
La idea fue objetada por el Gobierno en diciembre del año pasado, basados en que las medidas sanitarias aún siguen rigiendo.
Tales consideraciones fueron negadas por la mayoría de la Cámara de Representantes, y es por eso que el Senado debe discutir si avala o no los reparos de Duque.
La senadora Angélica Lozano afirmó que asumir ese debate estaba programado en el orden del día del miércoles pasado, sin embargo, el tema desapareció de la planilla.
Por dicho motivo es que la FLIP, el Instituto Anticorrupción, la Fundación Corona, Datasketch y otras organizaciones le piden al Congreso que tome una postura frente a la discusión garantizando el acceso a la información.