La Fiscalía seccional del departamento del Cesar capturó a tres uniformados de la Policía Nacional señalados de cobrar dinero para permitir la realización de fiestas en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Valledupar.
Los policías privados de la libertad fueron identificados como Edwin Calderón Vargas, Sergio Antonio Mendoza Chiquillo y Luis Alarcón Riviera, quienes están vinculados en una investigación adelantada por la Fiscalía por las fiestas privadas que se estarían realizando en la URI ubicada en el barrio Dangond de la capital del Cesar.
La seccional 12 de la Fiscalía inició en el mes de enero la investigación que terminó con la materialización de la captura de los uniformados, que son señalados por presuntamente exigir dinero a los detenidos en la URI para permitirles la realización de fiestas en las que se habría permitido el ingreso de drogas y encuentros sexuales.
En las pesquisas el ente investigador encontró que los policías estarían permitiendo que se ingresaran drogas, celulares y licor al lugar de detención a cambio de altas sumas de dinero que eran pagadas por los reclusos, que eran quienes hacían las solicitudes para poder realizar las fiestas privadas en las que participaban personas externas.
Según las autoridades, en la investigación se determinó que los cobros básicos por permitir el ingreso de personas externas eran de 100.000 pesos a cambio de dos horas. En ese tiempo al parecer se permitía que una mujer ingresara y tuviera sexo con los detenidos en la URI de la capital del Cesar.
Entre los lugares que eran habilitados para estos actos irregulares están los pasillos de la URI, las oficinas de custodios y hasta las salas de audiencias virtuales, evidencias que están dentro del material probatorio con el que la Fiscalía logró la orden de captura contra los tres uniformados.
Tras conocer sobre la detención de sus uniformados, la Policía de la ciudad de Valledupar inició una investigación disciplinaria interna para esclarecer los hechos en los que se relaciona a los tres policías para fijar las sanciones que pesarán sobre ellos en relación con su comportamiento ético, por lo que podrían ser expulsados de la institución.
Debido a esta situación, varios policías fueron transferidos de esa URI y reubicados en otros lugares, renovando el personal que se encarga de cuidar a los detenidos, mientras que los tres policías capturados quedaron a disposición del Juzgado Cuarto Penal con funciones de control de garantías, esperando para continuar con su proceso de legalización de captura, imputación de cargos y eventual medida de aseguramiento.
