Sucedió durante el debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva. La mesa directiva de la corporación responsabilizó a un congresista uribista de la incursión, protagonizada por al menos 35 personas.
En medio del debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva, este miércoles se presentó una delicada situación de orden público durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Un grupo de personas intentó entrar a la fuerza al recinto, lo que –según el presidente de la corporación David Racero–, fue un “intento de toma violenta” que tendrá repercusiones penales.
La incursión fue protagonizada por alrededor de 35 personas, en su mayoría familiares de integrantes de la Fuerza Pública que –al hervor de clamores como “libertad y orden” y “no más guerrilleros en el Congreso–, intentaron entrar al Salón Elíptico. Detrás de todo, alertó el presidente Racero, estuvo el representante uribista Jose Jaime Uscátegui (Centro Democrático) y su hermano, el edil de Bogotá, Julián Uscátegui.
Según el congresista Uscátegui, no se trató de una incursión violenta, sino una manifestación pacífica protagonizada por familiares de integrantes de la Policía y el Ejército que participaron –previo a la moción de censura–, en una condecoración a 5 militares víctimas del conflicto.
El congresista explicó que únicamente los familiares buscaban entrar a las gradas y, ante la negativa de Racero, en lo que calificó como un “abuso de autoridad y poder”, decidieron protestar con megáfono en mano a la entrada del Salón Elíptico.
Ante ello, Racero anunció que se recopilarán los videos y testimonios de lo ocurrido, alertando que se puso en riesgo la integridad de congresistas, trabajadores de la Cámara de Representantes y dos ministros. “Dentro del recinto no se podía ingresar ni salir por el intento de lo que puede considerarse como un intento de asonada. Una mujer tuvo que ser atendida por personal médico”, alertó.
El hecho fue criticado por otros congresistas. La representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) alegó que los legisladores no pueden alentar vías de hecho “para ‘retener’ a toda una plenaria en el recinto de la democracia. Esto no se puede volver a repetir y debe haber investigaciones y sanciones”.
